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CAUSA VIALIDAD

La Corte Suprema reactivó una demanda civil contra CFK

La demanda fue presentada por Javier Iguacel en 2018 cuando era funcionario de Vialidad. La Corte Suprema decidió que intervenga un juez civil y comercial.

Después de conocerse la condena por seis años de prisión que pesan sobre Cristina Kirchner, la Corte Suprema reactivó una demanda civil por $22.300 millones, para que pague de su bolsillo los daños de la corrupción. El marco legal fue la demanda presentada en 2018 por Javier Iguacel cuando fuera administrador de Vialidad Nacional durante la gestión Cambiemos.

La Corte decidió por unanimidad que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, intervenga en la acción civil que inició la Dirección Nacional de Vialidad contra la Vicepresidenta por los daños y perjuicios ocasionados en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El magistrado a cargo, funcionario de carrera en tribunales, fue designado por el presidente Alberto Fernández con un decreto del primer día de septiembre del año pasado

La demanda alcanza a quienes sean responsables por daños ocasionados al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y que en algunos casos nunca se terminaron. Entiéndase Lázaro Báez y José López, entre otros exfuncionarios.

Recordemos que Javier Iguacel presentó la demande en 2018 en el mismo Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner, para resolver en el mismo caso la causa penal y la civil.

Javier Iguacel, este lunes en conferencia de prensa.
Javier Iguacel inició la causa que reactivó la Corte Suprema

Javier Iguacel inició la causa que reactivó la Corte Suprema

Historia del expediente

Con la marcha de la causa el tribunal declinó su competencia en lo civil hacia la Justicia Civil y Comercial Federal. El juez civil y comercial federal N° 11 no aceptó la competencia, y la declinó, a su vez, en favor de la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Cristina Kirchner apeló esa decisión y la Cámara revocó la declinatoria.

Luego el tribunal entendió que el juez civil y comercial no tendría potestades y lo giró, como cabe en estos casos, a la Corte Suprema.

Paso siguiente por decisiones de los juzgados la caratula vuelve al TOF 2 Pero los jueces penales mantuvieron que el expediente llegara a la Corte para que resolviera la acción civil

De allí en más la CSJN con las firma de sus cuatro integrante entendió que corresponde resolver a la justicia en lo Civil y Comercial Federal, a la que ordenó remitir el expediente.

No obstante el Estado, hoy podría desistir de la demanda civil y el asunto quedaría en la nada.

El administrador actual de la Dirección Nacional de Vialidad es el kirchnerista Gustavo Héctor Arrieta, exintendente de Cañuelas

La demanda de Iguacel era por $22.500 millones, a modo de resarcimiento “por el daño ocasionado por los hechos de corrupción”.

El número es en concepto de las obras otorgadas al empresario entre 2005 y 2015, objeto de la investigación judicial. El expediente reúne 300 páginas.

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