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AFECTA 1,5 MILLONES DE FAMILIAS

La cámara de diputados aprobó por amplia mayoría la emergencia nacional por discapacidad hasta fin de 2027

La iniciativa propone regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores, reformar pensiones no contributivas y cumplir cupo laboral para discapacidad.

La Libertad Avanza rechazó el proyecto de emergencia en materia de discapacidad por considerarlo “regresivo y asistencialista”; prometen un veto presidencial para la ley en caso de que la cámara alta le de la media sanción que falta.

La iniciativa fue impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales vinculadas con el sector.

En la Argentina, existen más de 1.5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad y el 87 % de ellas no cuenta con un empleo, de acuerdo con el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. En la Argentina, existen más de 1.5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad y el 87 % de ellas no cuenta con un empleo, de acuerdo con el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad.

Los 5 distritos con mayor cantidad de afectados son Buenos Aires, con 40,4%; CABA, con 9,6%; Santa Fe, con 7,5%; Córdoba con 6,7% y Mendoza, con: 4,9%.

El objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

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Ley de emergencia en discapacidad en diputados: 148 positivos, 71 negativos y 3 abstenciones

Ley de emergencia en discapacidad en diputados: 148 positivos, 71 negativos y 3 abstenciones

Las 6 modificaciones sancionadas por diputados

1-Regularización de pagos y actualización de aranceles para prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los valores.

2-Reformar el sistema de pensiones no contributivas para garantizar el financiamiento adecuado revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.

3-Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.

4-El Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.

5-Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día para garantizar su funcionamiento continuado.

6-Cumplimiento del cupo laboral porque existe obligación del Estado de cumplir con el 4% para personas con discapacidad en el sector público.