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"INTENCIONALIDAD POLÍTICA"

Procesada y embargada, Laura Alonso habló (como CFK) de "lawfare"

Dom, 08/12/2019 - 12:55pm
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Por Urgente24

Luego de que se conociera que el juez Luis Rodríguez procesó a Juan José Aranguren y a Laura Alonso en la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la petrolera Shell, la titular de la Oficina Anticorrupción salió con los tapones de punta en Twitter. Habló de "procesamiento político e injusto", "con intencionalidad política", y usó un concepto que suele emplear Cristina Fernández de Kirchner, "lawfare".

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"Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el 'lawfare'", escribió este viernes (06/12) en su cuenta de Twitter Laura Alonso, luego de que el juez federal Luis Rodríguez la procesara, junto al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la multinacional petrolera Shell.

De esta manera, Alonso utilizó un concepto que suele emplear Cristina Fernández de Kirchner cuando se refiere a la "persecución" en su contra, "lawfare", es decir, "la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política a opositores", o, como lo definió recientemente en su indagatoria la vicepresidente electa, "la demonización de un proyecto político a través de causas judiciales"

Cabe destacar que el magistrado procesó a Alonso por encubrimiento y abuso de poder, y le trabó un embargo de un millón de pesos. Aranguren fue procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública" y el embargo fue de $1.200.000.

En su resolución, Rodríguez fue especialmente duro con Laura Alonso: “Con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal”.

“Parece ser que para la titular de la Oficina Anticorrupción, el hecho de que fuera el propio ministro quien delegara su función en CAMMESA en un empleado suyo y, además, mantuviera la potestad de aprobación y pago de las operaciones, no es relevante”, afirmó. Y agregó: “Se advierte que la encartada efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función”.

La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes acusaron al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell".

El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.

También se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que, según la denuncia puso "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".