JUSTICIA

DECLARA IGUACEL

Obra pública: Sin CFK, y con quejas de los abogados, se reanudó el juicio

Este lunes (03/08) se reinició de manera virtual el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió no participar del trámite judicial. El juicio arrancó con planteos de los abogados en contra de la manera en que se desarrolla el mismo, y pidieron su nulidad, lo que fue rechazado por el tribunal. Esta nueva etapa seguirá con la declaración testimonial de uno de los denunciantes, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel.

El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner se reinició este lunes (03/08) de manera virtual con la ausencia de la vicepresidenta. Los abogadores defensores realizaron críticas al procedimiento y pidieron la nulidad, lo cual fue rechazado por el tribunal.

El juicio se reinició con la presencia virtual de los ex funcionarios kirchneristas José López, Nelson Periotti y Abel Fatala, y de los abogados del resto de los acusados, desde sus estudios o domicilios; entre ellos, Alberto Beraldi, el abogado de CFK.

Los jueces del tribunal, Jorge Gorini, que preside, y sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, están presentes en la sala de audiencias desde donde participan en el Zoom, mientras que el fiscal Diego Luciani lo hace desde su despacho.

El juicio comenzó esta mañana con planteos de los abogados en contra de la manera en que se desarrolla el procedimiento. El abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Héctor Garro, se quejó de que no lo hubieran dejado estar en la sala de audiencias. Argumentó que la Corte, en la acordada 31/20, dijo que para hacer audiencias semipresenciales hay que obtener el acuerdo de las partes, y reclamó estar en los tribunales.

En tanto, el abogado de Carlos Kirchner, Enrique Arce, pidió la nulidad del juicio, ya que aseguró que el método elegido para retomar las audiencias no cumple con el requisito de inmediatez que deben tener los juicios orales ni permite entrevistar a los testigos de la manera habitual, y señaló que es violatorio de las acordadas de la Corte 27 y 31 (sobre la conformidad de las partes). Se opuso además a la declaración de testigos prevista para hoy.

"Lo que se está llevando a cabo se da de bruces con la ley procesal, me fastidia que nos muteen y conviertan el procedimiento oral en un procedimiento escrito y encima por chat. No sé si la próxima voy a tener que poner like", ironizó

Además, cuestionó la presencia física de los testigos en la sala de audiencias del Tribunal en Comodoro Py 2002. "Qué pasa si un testigo en el ámbito de la citación es contagiado de Covid en el ámbito del tribunal y luego fallece? No es improbable que suceda", advirtió.

Se sumaron a sus planteos el abogado Federico Paruollo, de Periotti; y la abogada de Lázaro Báez, Elizabeth Gasaro, que se opuso a la reanudación del debate y argumentó que se trata de una violación del derecho de defensa y del requisito de inmediatez.

El tribunal rechazó los planteos. En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal Diego Luciani, se opuso al pedido de nulidad y señaló que la mecánica de la audiencia garantiza la inmediatez y la declaración de los testigos. Se sumaron a los argumentos del fiscal -y los dieron por propios- tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera, dos organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en el juicio.

El proceso comienza en esta nueva etapa con la declaración testimonial uno de los denunciantes, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, que cumplió funciones durante la gestión de Mauricio Macri.

La vicepresidenta está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que habría direccionado 52 obras públicas en Santa Cruz al Grupo Austral, de Báez, por $46 mil millones.

Entre los acusados en el juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, además de CFK y Báez, están el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Todos están procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.

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