La Oficina Anticorrupción bajó su querella de 3 causas que complican a CFK y sus hijos

La decisión fue comunicada al Tribunal Oral Federal 5, que prepara ese debate oral, por los abogados del organismo Natalia Pereyra y Lucas Trigo, basados en una resolución tomada por su titular, Félix Crous, informa la agencia Télam.

"Conforme surge de la resolución cuya copia se adjunta, registrada como Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa", informaron los letrados en sendos escritos referidos a las causas mencionadas. Ante ello, solicitaron al Tribunal que aparte a la Oficina Anticorrupción del rol de querella.

Ante esta decisión, en ambas causas quedan como partes acusadoras la querellante Unidad de Información Financiera y la fiscalía ante el Tribunal Oral.

"Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la OA nunca debió haber sido querellante en estos casos" , afirmó Crous en diálogo con Radio con Vos.

"Son casos que giran alrededor de delitos de lavado de activos y para eso está la Unidad de Investigación Financiera. De manera, no comparto las razones por las cuales en su momento la OA se constituyó como querellante. Los tribunales se equivocaron en aceptarla", indicó.

Además, anticipó que la OA también se retirará de otras querellas. "Tenemos recursos limitados y los estamos afectando a otros asuntos que no tienen que ver con el litigio judicial. Nuestra centralidad no va por ahí", señaló.

"Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Es una deformación que tiene muchos años", añadió.

Crous evitó dar mayores precisiones porque argumentó que está "estudiando" qué hacer en cada causa. "Por ahora estamos en el caso de obra pública", sostuvo.

En su resolución, la OA sostuvo que "la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación".

"Tales conceptos fueron delineados en la RESOL-2018-186-APN-MJ de fecha 7 de marzo de 2018 que, al tiempo de señalar que este organismo debe concentrar sus esfuerzos en aquellos asuntos más complejos", sostuvo el organismo.

Según la resolución que se acompañó al Tribunal, las pautas para definir esos "asuntos" son "importancia del caso para el interés público en virtud de los derechos y garantías fundamentales afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación".

También la "relevancia, real o potencial, del daño económico y/o la pérdida financiera", "nivel y jerarquía de los funcionarios públicos involucrados", "casos que permitan identificar nuevos modus operandi, prácticas o patrones criminales, así como que contengan notas salientes de sistematicidad, frecuencia y continuidad del delito o patrón”.

También se aludió a otra normativa del 10/05 de 2016 que establece parámetros "a fin de evaluar la continuidad en la participación de la Oficina Anticorrupción como querellante según criterios objetivos de priorización y selección".

Entre ellos está que "los hechos objeto del proceso daten de hace más de cinco años y/o hayan perdido importancia económica (sea por un nuevo justiprecio durante el juicio o por la depreciación monetaria) y/o institucional (por la supresión o modificación de las unidades, dependencia o programas de la Administración Pública Nacional en los que se verificaron los actos lesivos)”.

Además, "debe razonarse que el debido impulso de la acción penal en relación a las mismas, en cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal". 

En la resolución, agrega Télam, se incluyó además el apartamiento de la OA como querellante en otra investigación, la 11.904 abierta en el 2014 y en instrucción en el juzgado federal de Julián Ercolini vinculada a supuestas contrataciones irregulares en el hotel "Alto Calafate", de la familia Kirchner, por parte de Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo al dictamen de los fiscales, la acusación es por las sumas que la línea de bandera pagó en concepto de alquiler de plazas hoteleras, "interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público". Fueron unas 26.000 habitaciones pagadas por la empresa estatal al hotel propiedad de los Kirchner para alojar a personal.

En las causas "Los Sauces" y "Hotesur", se investigan presuntos delitos en el alquiler de propiedades y plazas hoteleras de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con obra y contrataciones públicas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que ambos expedientes tramiten ante un mismo Tribunal Oral, el Federal 5.