El oficialismo busca regular las apps de delivery pero los repartidores se oponen

El proyecto fue presentado por los legisladores Cristina García de Aurteneche (Vamos Juntos) y Marcelo Guouman (UCR-Evolución), que trabajaron en su redacción con la Secretaría de Tránsito local. 

Específicamente, la ley define a tres actores en la cadena laboral de estos servicios de mensajería y de reparto de alimentos: las plataformas como PedidosYa, Rappi, Glovo y Uber Eats en las que terceros "ofertan y demandan" el delivery, los propios repartidores y los prestadores del servicio, que son los locales de mensajería. 

El proyecto pretende que los tres cuenten con una habilitación que tendrá vigencia por un año, acreditación de la inscripción ante la AFIP y la AGIP, tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dar constancia de la contratación de los seguros que corresponden para esta actividad. 

Los repartidores y mensajeros estarán obligados a no tener infracciones de tránsito, como también deberán aprobar cursos de capacitación en seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que prestan. Para circular deberán tener un casco homologado para la categoría que corresponda al vehículo que utilicen y su indumentaria debe poseer bandas reflectivas.

También estará a cargo de las empresas de las apps la provisión de los seguros para los trabajadores que están en las calles, entre ellos, el de Accidentes de Trabajo, de Vida Obligatorio, de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.

El proyecto de ley establece además que en las plataformas digitales se incorporará un mecanismo de “reporte de quejas” para que los clientes puedan canalizar algún reclamo respecto del servicio “de manera simple y accesible y con un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta”. 

Por último, se fijan sanciones administrativas para cada uno de los actores que intervienen que se agrupan en leves, graves y muy graves, que incluyen la suspensión y la baja de la habilitación; así como el pago de multas económicas que, de acuerdo a la falta, puede alcanzar los 480.000 pesos. 

Este jueves 11/06, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionó el proyecto presentado y asegura que "impone multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores". 

“Proponen legalizar las aplicaciones e imponerles todas las cargas a los repartidores”, indicó la organización en un comunicado. "Intenta flexibilizar los requisitos de funcionamiento de las plataformas, habilitando expresamente el trabajo autónomo e imponiendo multas y requisitos discriminatorios contra los trabajadores", expresó.

“El proyecto pretende que renovemos anualmente una habilitación, y para eso vamos a tener que patentarnos nosotros, comprar los elementos de seguridad y cumplir varios requisitos como si fuéramos microempresarios. Exime de responsabilidad a las empresas de plataforma y traslada todas las obligaciones y requisitos al repartidor”, destacó.

Desde la APP solicitaron a la Legislatura la creación de una "mesa de diálogo" de la cual participen las empresas y los repartidores para evaluar otro proyecto que "garantice protecciones a los repartidores".