Casi siempre ocurre lo mismo: cuando desaparece o matan a un menor (o una mujer), el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y los medios de la provincia "afectada" quedan alineados y se mueven de manera homogénea tratando de “satanizar” a los entornos de las propias víctimas.
FEUDALISMO DE MANUAL
El poder político de Córdoba ya quedó "blindado" en el caso Agostina Vega
Como ocurre en cada crimen atroz en el interior, se protege a los propios y se cargan culpas sobre los más débiles (con la complicidad de los medios locales).
En pocas palabras
- Caso Agostina Vega: El fiscal Raúl Garzón, ratificado en su puesto, enfrenta críticas por errores procesales y falta de empatía en la investigación.
- Crítica al sistema: Se cuestiona la preservación de la escena del crimen y la aparente protección del poder político y judicial en Córdoba.
- Manual del feudalismo: Se señala un patrón de culpabilizar a los familiares de las víctimas para desviar la atención de la responsabilidad de las autoridades.
-Sucedió con Sofía Herrera una niña de 3 años que se “evaporó” el 28 de septiembre de 2008 en en Tierra del Fuego.
Por entonces, se apuntó contra una supuesta ludopatía del padre y un “ajuste de cuentas ”.
-Guadalupe Lucero, la nena que “se perdió” en San Luis hace 5 años.
La vieron por última vez el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas de la capital provincia.
Estaba de visita en la casa de un familiar y se apuntó contra el propio padre y el abuelo paterno, Roque Lucero (con antecedentes de abuso).
Nunca se apuntó de manera enérgica contra una posible red de trata de personas detrás del hecho. Por el contrario, se investigó minuciosamente a la madre de la pequeña y hasta se habló de una "venta" de la niña.
-Loan Peña, desaparecido hace más de 2 años en el interior de Corrientes.
El pequeño de 5 años fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.
El poder político intervino en la causa de manera brutal llevando a familiares involucrados a fiscalías y juzgados donde había “mejor sintonía” con el ejecutivo local. Laudelina, tía del menor, acusó a legisladores provinciales de obligarla a mentir sobre lo ocurrido.
-Lian Flores, el nene de 3 años que desapareció en Córdoba el 22 de febrero de 2025 en las afueras de la localidad de Ballesteros Sud.
El hecho ocurrió durante una tarde de altas temperaturas en un predio donde funcionan cuatro cortaderos de ladrillos.
Agostina Vega: Córdoba no avanza hacia el crimen organizado
El femicidio de la menor de 14 años (asesinada y su cuerpo desmembrado) desató una crisis política en la provincia mediterránea porque el fiscal de la causa, Raúl Garzón, cometió una serie extensa de errores pero fue ratificado en su puesto.
1-No pidió un “alerta Sofía”.
Contra la opinión de todos los peritos, quienes aseguran que si un cuerpo estuvo al aire libre o enterrado varios días es imposible dar una data exacta de muerte, el particular funcionario judicial cordobés abrió una ventana de pocas horas para justificar que hubiera sido en vano el alarma federal.
2-Permitió que Claudio Barrelier tuviera muchas horas de ventaja
El principal sospechoso tenía antecedentes por haber mantenido bajo cautiverio a una mujer a la que habria torturado.
Se ha denunciado por parte de los letrados que representan a la familia de Agostina una grave falta de preservación en la escena del crimen.
La vivienda de Barrelier no fue allanada ni preservada de inmediato tras su detención el martes posterior a la muerte (varios días después).
3-El fiscal quiso darle medallas a un perro
De manera insólita, tras conocerse el horrendo hallazgo de despojos humanos, Raúl Garzón pidió premiar a los canes que colaboraron en la búsqueda demostrando cero empatía con lo que estaba sucediendo. Una periodista local tuvo que pedirle que terminara con su “payasada”.
Según los sondeos digitales, la intervención del funcionario logró en redes casi un 70 % de comentarios negativos debido a su tono técnico y su frialdad narrativa.
4-El “cordobesismo” le entregó al fiscal cuestionado causas anexas
En el Panal (edificio sede del poder gubernamental), blindaron a un “guapo de barrio” que no dio la talla cuando fue escrutado de manera severa por el periodismo nacional.
En lugar de prudencia, Garzón dijo que no haría “absolutamente ninguna autocrítica”.
5-El exconcejal Ricardo Moreno, vinculado al principal sospechoso
El abogado penalista y edil con origen en el menemismo (y extenso recorrido por el kirchnerismo) debió vaciar su oficina del Concejo Deliberante local tras quitarle importancia a sus vínculos con Claudio Barrelier.
El hombre que hoy está preso trabajó para la hija del exconcejal, Paula "Puli" Moreno y estaba a cargo de una sección para entregar licencia de conducir a motociclistas de la “docta”.
Todos contra Melisa Heredia (la madre de Agostina)
El manual del feudalismo provincial en Argentina indica que para desviar cualquier tipo de responsabilidad propia de "los hijos del poder". En toda investigación con estas características hay que cargar contra los vínculos familiares.
Por ello, a diario se la trata a la mamá de la niña ultimada de prostituta, drogadicta o entregadora de su propia hija.
Le ocurrió a los Morales en Catamarca en los años 90 tras el crimen de María Soledad; le pasó a la familia Bashiar en Santiago del Estero en 2002 tras el asesinato de Leila en La Dársena y le pasó a la madre de Cecilia Strzyzowski en Resistencia en 2023.
No hay problemas estructurales, sino casos puntuales
En lugar de despedir al ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, por haber tolerado redes de trata de personas como las que accionaban el bar/prostíbulo Wachitas (tardíamente clausurado), el gobernador Martín Llaryora lo ratificó en su puesto y lo transformó en vocero de un escándalo en el que el primer mandatario se mantuvo casi mudo.
En Córdoba las mafias de dealers y adictos manejan los estupefacientes y la trata de personas mientras cobran a fin de mes sueldos pagados directa o indirectamente por el Estado.
Permaneció 20 días preso y luego recuperó la libertad tras pagar una fianza y cumplir medidas restrictivas. Le devolvieron su puesto de trabajo.
Las redes de complicidades se mezclan entre los poderes ejecutivos, los legisladores y el poder judicial de Córdoba y la única esperanza de los afectados es que los medios de Capital Federal no abandonen la ciudad.
Además de conducir la pesquisa por el presunto femicidio, también asumió la causa que analiza los antecedentes penales de Claudio Barrelier, principal imputado.
El aguantadero y la limpieza de la escena del crimen
La vivienda donde ocurrió el hecho es descrita por la querella como un "aguantadero" con movimientos constantes de personas vinculadas al delito sin que la policía y la justicia local intervinieran.
Al momento del crimen, convivían en el lugar al menos cinco adultos y una menor de edad. Llamativamente, los domos y cámaras de seguridad de la municipalidad cordobesa no funcionaban en la cuadra de la “casa del horror”.
¿Demasiadas casualidades?
El fiscal Raúl Garzón permitió la limpieza de la escena del crimen, dado que la víctima fue desmembrada, no pudo ser obra de una sola persona.
Los abogados de la familia de la niña ultimada definieron al grupo de personas que frecuentaba el lugar del crimen como gente que tenía "historiales bastante complejos" y conexiones con el delito. Hablan de “ zonas liberadas” por las fuerzas del orden.
La comunidad de Córdoba se manifestó en las calles con quemas de gomas e incidentes frente a la falta de respuestas de la policía y la Justicia.



























