Si bien 'Pepe' Albistur había invitado a comprar pochoclo en abril por Javier Milei, resulta que otros compran 'pororó' por la mujer de Albistur, Victoria Tolosa Paz, y por el ex funcionario Emilio Pérsico, a quien defender parece que es toda una hazaña.
CORRUPCIÓN
El pochoclo era por Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico...
Indefendible la política social de los últimos años. Ahí Javier Milei tiene mucho para investigar: desde Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico a toda la saga ANSeS.
31 de marzo de 2024 - 11:56
Victoria Tolosa Paz, Emilio Pérsico y pochoclo.
La Administración Javier Milei prepara megacausa contra 'cooperativas fantasmas' que involucraría a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional esposa de 'Pochoclo' Enrique Albistur.
La agencia Noticias Argentinas reprodujo una denuncia del periodista Anti K, Luis Gasulla.
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Dice que el gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
El gobierno nacional ya dio de baja, de forma provisoria, a 12.425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández: sospecha que existió una usina de facturas truchas que funcionó en una ofician de Avenida Belgrano al 400 (CABA) gestionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
La denuncia
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165.000 guardapolvos. El martes 28/02/2023, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
La cooperativa 15 de Julio, subcontrató otras 2 cooperativas que facturaron más de $670 millones pero aseguran haber entregado sólo 4.500 guardapolvos.
Los firmantes del sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio; y Paula Goroso, presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois.
La Cooperativa 15 de Julio tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. El 20/03/2023, le pagó más de $171 millones a otra cooperativa de trabajo, llamada General Mitre Manos Unidas Limitada, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez quien, ante las cámaras del programa La Cornisa, negó haber recibido $171 millones: "Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos".
Para Martínez cooperativas como la suya "se usaban para facturar". Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que "a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa". Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia gubernamental dice que existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py.
Otra denuncia
En tanto, otro periodista Anti K, Nicolás Wiñazki, explicó en el diario Clarín que el 13/05/2022, el Estado Nacional alquiló 5 pisos y 30 cocheras de un edificio que se levanta a pasos del Obelisco, en Avenida Roque Sáez Peña 1149, a un costo de $245.471.000, avalada por los organismos de control. Esos inmuebles fueron destinados para instalar oficinas de la Secretaria de Economía Social, de Emilio Pérsico, y también para despachos que necesitaba la Secretaría de Abordaje Integral.
Ya que estamos con Pérsico: Durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social pagó $239.621.093 en comisiones para contratar seguros, apenas por debajo de la ANSeS y de la Gendarmería. Gran parte de ese monto se utilizó para asegurar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que al momento de ser disuelto alcanzaba a casi 1.400.000 personas. El funcionario que daba la orden para autorizar los pagos de esos seguros era Emilio Pérsico.
Volvamos al contrato de alquiler: fue por 36 meses más 1 posible año más de prórroga. La adjudicación de la renta fue para la empresa dueña de esos departamentos y los garages, Diagonal Plaza S.A. Los funcionarios empezaron a trabajar allí. La evaluación del Gobierno fue que el edifico estaba en óptimas condiciones.
Sin embargo, en agosto del 2023, a pocos meses del final del mandato de la Presidencia K, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, contrató a una constructora para que realizara un “servicio de reacondicionamiento de espacio” de las oficinas alquiladas en Roque Sáenz Peña 1149. El costo de la “puesta en valor” era de US$ 2.700.000.
La compañía que ganó esa contratación millonaria para modificar las oficinas que estaban en absoluto buen estado –de acuerdo a la propia administración K- se llama Secavit S.A.
Los seguros
El Gobierno ya le entregó al juez federal Julián Ercolini la última póliza del Ministerio de Desarrollo Social con Nación Seguros para asegurar a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, póliza 2348, que se renovó durante las gestiones de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Pero siempre la órdenes de pago las firmó Pérsico.
El líder del Movimiento Evita también está implicado en el aumento desproporcionado de las cooperativas que denunció el Gobierno esta semana. “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, dijo el vocero Manuel Adorni.
El apuntado fue Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Ese funcionario eligió a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y a TG Broker (del broker Pablo Torres García, imputado en la causa). Esas empresas cobraron $231.918.674, solo por el contrato con ANSeS.
Los otros tres imputados son el ex presidente Alberto Fernández, su amigo Héctor Martínez Sosa, y el ex titular de Nación Alberto Pagliano. Todos esperan los próximos pasos de la Justicia.
En tanto, el Gobierno mantiene vigente decreto que había firmado Fernández y obligaba a todos los organismos públicos a contratar con Nación Seguros. En el caso de Desarrollo Social, decidió denunciar por goteo ante la Justicia pero no modificó el sistema que heredó de la gestión anterior.
De hecho, una auditoría de Nación Seguros reveló que en los dos primeros meses de este año, Castello Mercuri cobró comisiones por $21.050.427. De ese monto, $10.182.160 provinieron de Desarrollo Social, y $10.707.585 del INVAP.
La situación se repite en otros organismos: entre enero y febrero, el gobierno de Javier Milei pagó $239.961.680 a los brokers. Los mismos a los que denuncia por corrupción.
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