Discapacidad en emergencia: Nunca vimos una crisis como la actual

ROSARIO. La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) mantuvo un encuentro político e institucional en el Concejo Municipal de la ciudad junto a legisladores nacionales, provinciales y municipales para analizar la situación de emergencia del sector en Argentina.

Crisis en discapacidad: Debate por la prórroga de la ley

El eje central de la convocatoria giró en torno a la urgente necesidad de prorrogar la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad (27.793), cuyo plazo de validez expira a fines de diciembre de este año.

Ante este panorama, distintos bloques de la oposición en la Cámara baja del Congreso nacional impulsaron una iniciativa orientada a extender dicha vigencia hasta el cierre de 2027.

Al respecto, Mariel Chapero, psicóloga, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Discapacidad de la Facultad de Psicología de la UNR y presidenta de Apridis, resumió la gravedad del escenario con una frase que golpea:

"Nunca vivimos una crisis como la actual". "Nunca vivimos una crisis como la actual".

De manera continuada, explicó que el deterioro del sector no comenzó con la actual coyuntura económica, pero sostuvo que el nivel alcanzado no tiene antecedentes recientes. "No hay precedentes de dificultades que hayan tenido la magnitud de la situación actual", remarcó.

Uno de los principales problemas señalados durante la reunión fue el desfasaje entre el costo real de las prestaciones y los valores que reciben las instituciones.

Consensos legislativos y obstáculos normativos

Desde la conducción de Apridis destacaron el respaldo transversal obtenido por parte de los diferentes espacios políticos durante la reunión celebrada en el Palacio Vasallo, subrayando la importancia de lograr consensos para visibilizar una problemática que lejos de solucionarse, continúa profundizándose.

No obstante, las autoridades de la entidad aclararon que la extensión de los plazos legales no agota las demandas del sector, ya que la normativa vigente ha enfrentado múltiples obstáculos desde su sanción, incluyendo instancias judiciales y vetos del Poder Ejecutivo que demoran su efectiva aplicación.

Reclamos de asistencia fiscal a nivel local

Paralelamente a las gestiones en el plano federal, el sector demanda respuestas concretas de las administraciones provincial y local. Entre los puntos prioritarios figura la implementación de esquemas de alivio fiscal destinados a sostener la operatividad de los establecimientos prestadores de servicios, los cuales atraviesan un escenario financiero sumamente delicado.

Demanda histórica por transporte y condiciones laborales

Asimismo, se reitera una demanda histórica vinculada a las condiciones laborales de los operarios y profesionales de la actividad.

Desde hace dos años, Apridis reclama la gratuidad en el transporte para los trabajadores del área, argumentando que muchos de ellos se desempeñan en condiciones de informalidad y precarización, por lo que el impacto económico de los traslados cotidianos dificulta la sostenibilidad de sus labores.

Sobre ese marco, Pablo Bolego, titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), aseguró que la falta de actualización de los valores llevó al sector a una situación límite. "La falta de aumento para las prestaciones en discapacidad puso al sector al borde de la quiebra", indicó.

El problema no es solamente económico. La reducción de transportistas significa que muchas personas pueden quedar sin la posibilidad de trasladarse hasta centros de día, instituciones educativas, espacios terapéuticos o tratamientos.

Triple agenda parlamentaria y riesgo de cierres

De este modo, la organización insta a los representantes parlamentarios a traducir las deliberaciones en proyectos concretos que aborden una triple agenda: la prórroga de la emergencia nacional, la asistencia impositiva a las entidades y soluciones concretas para la movilidad de los planteles de trabajo.

El temor principal radica en la profundización de la crisis y la reiteración de cierres de centros asistenciales —un fenómeno registrado a lo largo de 2025 y en lo que va de éste año—, lo que pone en riesgo inminente la continuidad de la red de contención para las personas con discapacidad.