Prestaciones en discapacidad: El Gobierno lanzó aumento por inflación

La medida tuvo impacto en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Además, se sostuvo el adicional del 20% para las provincias en zona patagónica.

Los aranceles afectan directamente los costos de servicios de rehabilitación, apoyos terapéuticos, centros de día, ayudas técnicas, transporte y otras prestaciones básicas. Cabe destacar que el aumento es lineal y afecta por igual a todo el nomenclador, partiendo de la base de precios establecida al 30 de junio de 2026.

El aumento previo autorizado por el Gobierno también se había basado en el IPC. En ese sentido, las futuras actualizaciones de los aranceles de prestaciones podrían ser menores teniendo en cuenta las proyecciones inflacionarias que surgen del seno de la administración libertaria.

De cualquier manera, el sector de discapacidad sigue sosteniendo reclamos por fallas constante en el sistema de prestaciones y el atraso marcado de los aranceles en detrimento de los prestadores.

Manifestación frente al ministerio de Salud por la Emergencia en Discapacidad.

Foto: Claudio Fanchi / NA.

Discapacidad, un reclamo permanente

Respecto a esto último, el reclamo no corre por lo sucedido en los últimos meses sino en años anteriores, donde la demora en las actualizaciones provocó una acumulación de deterioro en los valores de las prestaciones. Esto se acentuó especialmente entre 2023 y 2024, periodo en el que la inflación corrió mucho más rápido que cualquier reacción oficial.

Ese desfase redujo notablemente las opciones de prestaciones para personas con discapacidad, que perdieron oferta frente a la salida del mercado de muchos profesionales. Así, muchas personas vieron una degradación en sus condiciones de vida, perdiendo tratamientos crónicos que son cruciales tanto para la recuperación como para la subsistencia en sí.

Desde el Gobierno, la recuperación del terreno económico en discapacidad no fue la principal reacción. En cambio, el Ministerio de Salud resolvió la disolución del polémico ANDIS y avanzó con la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, con una notoria disposición a ajustar controles de gasto y auditorías para reducir los casos de discapacidad “falsa”.

Discapacidad y un nuevo mes con actualización automática.

Ley contra el fraude

En tono con las auditorías, el Gobierno intentó avanzar con un proyecto de ley para limitar el Fraude por invalidez”. Tras un 2025 polémico donde se constató un bloque importante de pensiones relacionadas a casos de fraude, lo que desató una serie de suspensiones masivas, la postura oficial fue la de recrudecer las consecuencias para aquellos que acceden a beneficios de forma ilegal.

Entre las principales medidas, el Gobierno propone un reempadronamiento total para más de 1.2 millones de personas en un plazo de 90 días. Además, se propone la incompatibilidad total con el trabajo registrado con las pensiones, endureciendo los criterios de cobertura considerablemente.

Según datos oficiales, el número de beneficiarios se multiplicó exponencialmente entre 2003 y 2023, saltando desde poco más de 70.000 a las cifras actuales.

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