Del capital industrial al dominio del algoritmo: Doctrina Social y políticas públicas

La industrialización multiplicaba la capacidad productiva del capitalismo mientras las ciudades crecían aceleradamente. Millones de trabajadores, sometidos ahora a nuevas formas de organización de la producción, interactuaban con las máquinas y pasaban a depender del salario.

Una de las mejores síntesis de la etapa la habían estampado -más de 40 años antes- Karl Marx y Friedrich Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista (1848), con la sentencia de que “todo lo sólido se desvanece en el aire”, admitiendo implícitamente el carácter rupturista de la burguesía y su indiscutible capacidad transformadora.

Rerum Novarum, uno de los fundamentos de la moderna doctrina social, contribuyó a proporcionar una legitimación ética e intelectual a muchas de las instituciones y políticas laborales, sociales y de desarrollo humano que se consolidaron durante el siglo XX.

Al cuestionar las condiciones abusivas de explotación de los asalariados, la encíclica alentó a que el Estado se responsabilizara por la protección de los sectores más vulnerables y los gobiernos formularan políticas públicas para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo.

Hoy, transitando la 3ra. década del siglo 21, “Magnifica Humanitas”, del Papa León XIV, asoma la mirada en una marea de rupturas y desacoples que formatean un mundo tan global como paradójicamente aldeano.

En esta etapa de la historia, la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y la robótica no modifican solamente las formas de producir, sino que trastocan la cultura misma.

Si León XIII decodificó la concentración del poder económico alrededor del capital industrial, León XIV intenta desentrañar una nueva concentración que se entreteje en torno a los datos, los algoritmos y el dominio de infraestructuras digitales.

Mientras la máquina transformó la organización y los métodos del trabajo físico, hoy la IA modela el conocimiento, su uso y destino con límites inciertos y provisorios, frente a una humanidad tan curiosa como frágil.

Papa León XIII.

Lo adelantaba el Papa Francisco, con su discurso en la sesión del G7 sobre Inteligencia Artificial (“Un instrumento fascinante y tremendo”), en junio de 2024, al advertir con sereno dramatismo que la IA “podría tomar decisiones independientemente del ser humano para alcanzar el objetivo fijado”.

El pontífice nacido en Argentina llamaba a “tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida”.

Agregaba Francisco: “condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas”.

Visionario, Bergoglio se adelantó a la verdadera alerta global que lanzó el investigador británico Jacob Coxon en septiembre de 2026, luego de desvincularse de una de las grandes compañías desarrolladoras de IA, Anthropic, cuando aseguró que “las personas que están construyendo Inteligencia Artificial creen sinceramente que podría [la IA] matarnos a todos [los seres humanos] para finales de la década”.

Ese es el tono con que suena el mundo de “Magnifica Humanitas”. La IA ya está encaminada a redefinir las relaciones de poder, por encima de las personas y de las organizaciones de gran escala, incluyendo los Estados y los dispositivos públicos de toma de decisiones.

El control de poderosas plataformas digitales ya está en manos de un reducido número de grandes actores tecnológicos, que manejan enormes bases de datos y algoritmos con una capacidad de procesamiento que difícilmente puedan empardar la enorme mayoría de las empresas y gobiernos del mundo.

Esa acumulación de poder tiene consecuencias concretas. Las plataformas pueden influir sobre la información que reciben millones de personas o los contenidos que adquirirán visibilidad.

También inciden en el acceso a mercados, en la definición de qué datos personales son recopilados y de qué manera serán utilizados.

Pero existe un cambio cualitativo todavía más profundo, porque los sistemas automatizados están ingresando progresivamente en decisiones relacionadas con el trabajo, el acceso al crédito, la salud, la educación, la seguridad o la justicia.

Si la tecnología ya no se limita a ejecutar decisiones humanas, sino que también puede adoptarlas de manera automatizada, el ser humano podría estar entregando parte de su sentido y presencia.

Allí aparece una diferencia fundamental respecto del contexto de la revolución industrial. Si León XIII se enfrentó principalmente con la asimetría entre capital y trabajo, León XIV incorpora el nuevo desacople entre quienes poseen la capacidad tecnológica para conocer, predecir y eventualmente condicionar comportamientos y quienes dependen de esas tecnologías.

Una nueva cuestión social: poder, trabajo y tecnología

En este siglo XXI, la desigualdad ya no se mide solamente en términos de ingresos y patrimonio, sino que se extiende al acceso y el control de la información, el conocimiento y la participación en la toma de decisiones.

Frente a esta realidad, con “Magnifica Humanitas”, Robert Prevost establece un principio ordenador: la tecnología debe estar al servicio de la persona. No se trata de rechazar la inteligencia artificial ni de adoptar una posición contraria a la innovación. La cuestión esencial para la humanidad es quién establece sus objetivos, quién controla su funcionamiento y cómo se distribuyen sus beneficios.

Y eso conduce a la convicción de que la eficiencia no puede convertirse en el criterio determinante para organizar una sociedad. No todo lo técnicamente posible resulta necesariamente conveniente en términos humanos y sociales.

En tal sentido, la dignidad de la persona humana constituye un límite necesario a la eficiencia.

Ese principio resulta especialmente relevante cuando la inteligencia artificial interviene en decisiones que afectan derechos. Si un algoritmo determina quién obtiene un crédito, quién accede a un empleo o qué ciudadano recibe determinado beneficio público, debe existir una responsabilidad humana identificable, así como mecanismos e instrumentos que permitan revisar esas decisiones.

¿Existe el derecho a no quedar exclusivamente sometido a una decisión automatizada cuando están comprometidas necesidades fundamentales? No existe ese derecho aún.

Otro campo problemático emergente es el del trabajo. La inteligencia artificial puede producir -simultáneamente- sustitución y complementariedad.

Con la IA desaparecerán procesos, tareas, oficios y puestos de trabajo, mientras otras profesiones incrementarán considerablemente su productividad gracias a las nuevas herramientas.

Ese contexto acelera un nuevo dilema distributivo, destinado a ser una de las grandes cuestiones en la agenda pública para los próximos 10 años: ¿quién se apropiará de las utilidades resultantes de los enormes aumentos de productividad generados por la inteligencia artificial?

Puede que sean principalmente los accionistas, aunque es razonable que también pretendan terciar los trabajadores ¿Y qué le tocará a la sociedad en su conjunto?

Aquí el Papa León XIV introduce un criterio ordenador: los beneficios derivados de la innovación deben distribuirse de manera socialmente justa. Así como durante el siglo XX se discutió la distribución del ingreso generado por la industrialización, el siglo XXI probablemente deberá discutir la distribución de la productividad generada por la inteligencia artificial.

Si en la revolución industrial la discusión se concentraba fundamentalmente en la tierra, el capital, las fábricas y las máquinas, en la economía digital están en disputa el manejo de los datos y algoritmos, las plataformas, las patentes y la infraestructura tecnológica. Activos que no sólo acumulan riqueza, sino también poder.

Papa Francisco, un visionario en un tema tan complejo.

Formular políticas y gobernar la inteligencia artificial

Quien dispone de cantidades extraordinarias de información y capacidad de procesamiento puede conocer y predecir comportamientos de consumidores, trabajadores y ciudadanos. Tiene sentido, entonces, formular una respuesta práctica al interrogante: ¿Los datos son exclusivamente una mercancía privada o poseen también una dimensión social?

No se niega la propiedad privada; se reconoce que determinados activos digitales pueden tener -como otras formas de propiedad- obligaciones frente a la sociedad, una discusión sorprendentemente análoga a la que planteó León XIII frente al capital industrial, trasladada ahora al corazón de la economía digital.

Tal vez con ese espíritu, “Magnifica Humanitas” rechaza considerar el desarrollo tecnológico como un proceso inevitable, ante el cual los gobiernos sólo pueden adaptarse con resignación.

La tecnología no debe gobernar a la política y la tecnocracia no debe sustituir a la democracia popular, basada en la imposición de un supuesto conocimiento experto. Al contrario, es la política democrática la que debe establecer el marco dentro del cual se desarrolla la tecnología.

Así las cosas, no sirve una prohibición indiscriminada de la innovación ni una desregulación que deje exclusivamente al mercado la definición de las reglas. Entre ambos extremos aparece un enorme campo para la formulación de políticas públicas.

• Será indispensable alentar un debate social y democrático sobre transparencia algorítmica, supervisión humana y mecanismos de apelación o reversión frente a decisiones automatizadas.
• También deberán surgir sanciones frente a la discriminación producida por los sistemas de inteligencia artificial, así como límites a las decisiones empresariales completamente automatizadas.
• Será un gran desafío diseñar y sostener instituciones capaces de gobernar poderes tecnológicos que, en general, poseen dimensiones globales y capacidades superiores a las de los estados nacionales.
• Y resultará necesario formular políticas que tengan por objetivo adaptar el trabajo y el empleo a la automatización y la inteligencia artificial, regular las nuevas formas de empleo vinculadas a plataformas digitales, garantizar el funcionamiento permanente de programas de formación y recalificación laboral, así como promover la innovación y la inversión mediante nuevas empresas.

Si la utilización de inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de la administración, detectar fraudes, optimizar recursos o contribuir a la planificación, también puede afectar derechos jurídicamente protegidos. Por eso deberían garantizarse transparencia, auditorías, responsabilidad humana, derecho a una explicación y posibilidad efectiva de apelación.

Por otra parte, dado que el país y la sociedad generan enormes cantidades de información educativa, financiera, sanitaria, científica, energética, productiva y agropecuaria, por sólo mencionar algunas dimensiones significativas, esos datos poseen un valor extraordinario. Por eso, Argentina debería discutir cuáles pueden ser tratados simplemente como mercancías y cuáles tendrían que considerarse activos estratégicos sujetos a criterios de soberanía y protección del interés nacional.

La educación plantea un desafío igualmente importante. Ya no alcanzará con enseñar a utilizar inteligencia artificial. Será imprescindible enseñar a pensar críticamente frente a ella: distinguir información auténtica de contenido sintético, reconocer manipulaciones, verificar fuentes y comprender que un algoritmo puede equivocarse.

La defensa de la democracia requerirá nuevas reglas de transparencia que permitan identificar contenidos generados artificialmente y conocer quién financia y dirige campañas digitales automatizadas.

Si León XIII observó con agudeza una revolución técnica e industrial que multiplicaba la productividad pero también producía nuevas desigualdades y concentraciones de poder, el Papa Prevost capta la esencia de una nueva revolución: la fábrica y la empresa ya conviven con las plataformas, mientras las máquinas van siendo superadas por el algoritmo y la propiedad material por la tenencia de los datos.

Por eso “Magnifica Humanitas” está llamada a ser una matriz esencial en los procesos que apunten a legitimar instituciones y formular políticas para gobernar la inteligencia artificial y el poder tecnológico durante el siglo XXI, buscando preservar a las personas y a la democracia popular de los excesos inherentes a sistemas inclinados a concentrar -a un mismo tiempo- capital, información, conocimiento y capacidad para incidir en la toma de decisiones.

--------------------

Alejandro 'Topo' Rodríguez es fundador y presidente del Instituto Consenso Federal.