La Corte Suprema dejó firme la condena de Cristina, que podría pedir domiciliaria. ¿Qué dice la ley y qué expresidente de Argentina fue el único en cumplirla?
La Corte Suprema dejó firme la condena de Cristina, que podría pedir domiciliaria. ¿Qué dice la ley y qué expresidente de Argentina fue el único en cumplirla?
La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por la causa Vialidad, que investiga irregularidades en obras públicas de Santa Cruz vinculadas a Lázaro Báez. En esta nota te explicamos todo lo que tenés que saber sobre la causa, la prisión domiciliaria y qué puede pasar ahora.
La causa comenzó en 2016 tras una denuncia del entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien alertó sobre irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El eje principal fue si estas obras, financiadas con plata del Estado, favorecieron de manera ilegal a Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner.
Los fiscales Gerardo Pollicita, Ignacio Mahíques y Diego Luciani presentaron pruebas contundentes: sobreprecios, adjudicaciones amañadas, trabajos inconclusos y pagos sin controles. Por ejemplo, analizaron el Decreto 54/2009 que modificó un fideicomiso, otorgando a Vialidad Nacional un mecanismo opaco para financiar obras, lo cual facilitó la maniobra.
Además, los chats del ex secretario de Obras Públicas José López, hallados durante la investigación, mostraron coordinaciones directas entre Cristina y Báez, y abandono de las obras tras las elecciones de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. La Fiscalía pidió 12 años para CFK, pero el Tribunal Oral la condenó a 6 años por administración fraudulenta, descartando la acusación de asociación ilícita.
Los jueces remarcaron que la pena máxima no alcanzaba a reflejar la gravedad de la culpabilidad, y a pesar de que Cristina no tiene antecedentes penales, el daño al Estado fue contundente. La condena fue ratificada primero por la Cámara de Casación y, finalmente, por la Corte Suprema con la votación unánime de sus tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La condena a Cristina está firme, pero la ejecución de la pena depende de los jueces de Ejecución Penal, que deciden si corresponde prisión común o domiciliaria. Según la Ley 24.660, vigente desde 2008, hay seis supuestos para otorgar arresto domiciliario: enfermedades que impidan un tratamiento adecuado en la cárcel, discapacidad grave, mujeres embarazadas, madres de menores de 5 años o personas con discapacidad, y detenidos mayores de 70 años.
CFK, que cumplió 72 años en febrero, podría acceder a este beneficio por su edad, aunque la ley aclara que no es automático: el juez debe analizar cada caso, incluyendo condiciones de salud, riesgo penitenciario y circunstancias personales. El experto Gustavo Platt, ex Procurador Penitenciario, explica que durante la prisión domiciliaria la persona puede trabajar, recibir visitas y usar dispositivos electrónicos, siempre que respete la permanencia en su domicilio.
El único expresidente con prisión domiciliaria fue Carlos Menem, condenado en 2001 por la causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Menem, en ese momento también mayor de 70 años, cumplió 167 días en arresto domiciliario en una quinta en Don Torcuato, propiedad de un amigo. Su esposa, Cecilia Bolocco, fue garante judicial. Finalmente, la Corte Suprema ordenó su liberación al dictaminar que los delitos cometidos por funcionarios no encajaban en la figura de asociación ilícita.
Hoy, ese predio ya casi no existe y fue usado como depósito de autos. La historia de Menem abre un posible camino para Cristina, aunque será la justicia la que defina si puede quedarse en su casa o ir a la cárcel.
Mientras tanto, la ex presidenta está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá presentarse en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Y aunque agotó todas las instancias judiciales en Argentina, podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir la condena.
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