El jefe de la bancada PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se defendió luego de la ampliación de la denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, encubrimiento y abuso de autoridad. "No van a encontrar ni una sola irregularidad", aseguró, en el marco de la investigación por sociedades implicadas en la compra de propiedades en el exterior.
DENUNCIA AMPLIADA
Cristian Ritondo se defiende: "Ni una irregularidad"
Tras la ampliación de la denuncia en su contra, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, salió a defenderse. "Está todo declarado".
27 de diciembre de 2024 - 14:26
Cristian Ritondo se defendió, tras la ampliación de la denuncia en su contra.
Este viernes, abogado Jeremías Rodríguez se presentó en el Juzgado Correccional y Criminal Federal N.º 2 de Comodoro Py, a cargo del juez Sebastián Ramos, y denunció al legislador por 14 desarrollos inmobiliarios con 373 unidades funcionales en total, que ascienden a un valor de 55 millones de dólares. La mayoría de ellos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y en Pinamar.
Cristian Ritondo desestimó las acusaciones, dijo que “investiguen todo lo que tengan que investigar” y aseguró que “está todo declarado”.
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“Cuando falleció mi padre, en 2008, me hice cargo de la empresa que él tenía. Una desarrolladora inmobiliaria que se dedica a construir y comercializar edificios”, explicó Ritondo al diario La Nación. “Como es lógico, la empresa cuenta con unidades funcionales de los edificios que construye, destinadas a su comercialización. Esto no es irregular, sino una práctica estándar en el rubro. Está todo correctamente declarado, que investiguen todo lo que tengan que investigar porque no van a encontrar ni una sola irregularidad ”, sentenció.
Los emprendimientos inmobiliarios en el país fueron incorporados como datos al expediente en curso por el abogado Jeremías Rodríguez, la misma persona que denunció a Ritondo e inició la causa que tramita en el Juzgado Correccional y Criminal Federal N° 2 de Comodoro Py, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.
“Es realmente obsceno que un diputado nacional, que fue funcionario público toda su vida adulta, tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos”, consideró Rodríguez en diálogo con La Nación. “No pueden tapar el sol con un dedo, de solo caminar por Pinamar y hablar con los vecinos te das cuenta que el nivel de vida de Ritondo no se condice con el de un servidor público”, sumó. El abogado Rodríguez basó la ampliación de su denuncia en una investigación periodística de El Disenso.
Además, la denuncia consigna que la sociedad Emprendimientos Rivadavia SA “podría no ser el único desarrollo inmobiliario” de Ritondo. Para dar cuenta de ello, cita la investigación periodística y señala que “de acuerdo a sus DDJJ, posee desde 2018 crédito y deudas con Ardax SA, una empresa radicada en Uruguay, responsable de emprendimientos inmobiliarios súper VIP como el caso de Reserva Montoya, un barrio privado con lotes de 1000 metros cuadrados a cuatro cuadras del mar, entre La Barra y Manantiales, Punta del Este, con 400 metros de costa sobre Laguna Blanca, club house, wellness center, parador para residentes y seguridad 24 horas”.
Y sentencia: “En 2019, Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay, con fecha abril de 2018, por $3.383.325,69. La compra fue realizada a Ardax SA”.
Esta ampliación de la denuncia se da luego de la primera presentación judicial tras el caso publicado por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en contra del jefe del bloque del PRO en Diputados y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago. Acorde a la denuncia, estarían vinculados con sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami, Estados Unidos, valuadas en 2,6 millones de dólares.
El escrito también menciona que Diago aparece como gestora y beneficiaria de empresas registradas en Florida, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. En ese marco, se pidió que se investigue al legislador por delitos financieros y por enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias.
Según el denunciante, los bienes adquiridos durante el matrimonio constituyen un patrimonio que ambos cónyuges compartieron, aunque los registros formales suelen apuntar sólo a la letrada. Entre ellos figura un departamento en la avenida Collins de Miami Beach que se lo habría comprado supuestamente a una sociedad presidida por Juan Alberto Pazo, actual titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.
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