Armando Traferri fue imputado como jefe de la organización de juego clandestino

A Traferri los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina lo imputaron por los delitos de liderar una asociación ilícita, organización y explotación de juegos de azar ilegales, tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo (recibir coimas), y peculado (desviar fondos del Estado). El senador estuvo acompañado por sus abogados Oscar Romera y Juan Murray

Desde que la causa comenzó, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acusaron al senador sanlorencino de ser quien organizaba la protección para una organización del juego ilegal liderada por Leonardo Peiti, condenado por esa actividad. Pero Traferri siempre denunció que la acusación en su contra era una persecución político-judicial, comandada por Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe.

Durante tres años el senador peronista se protegió en los fueros que le otorga la Constitución de Santa fe, hasta que él mismo decidió quitárselos en octubre de 2023, luego de que Edery y Schiappa Pietra fueran apartados de la causa por irregularidades en otros casos. Traferri siempre descreyó de la imparcialidad de los fiscales y dijo que solo sería juzgado si ellos eran apartados.

Así, la causa que investiga a Traferri le quedó a las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, pero las funcionarias no cambiaron la acusación de sus antecesores. En la audiencia, las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvieron que el legislador, en su rol de líder de una organización del juego clandestino, era el encargado de darle protección tanto política como judicial.

Las fiscales indicaron en la audiencia que dentro de la organización ilegal, Peiti se encargaba de la gestión de los juegos de azar, Traferri de la recaudación a nivel político, mientras que los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, sumados al empleado judicial Nelson Ugolini se encargaban de la cobertura judicial. El senador habría sido quien ofició de nexo entre Peiti y los funcionarios del MPA.

Las funcionarias del MPA sostuvieron que la asociación ilícita buscaba quedarse con parte del dinero que recaudaba el juego ilegal en Santa Fe y, por otro lado, obtener que la empresa de Peiti, Wildar Game, obtenga la licencia para explotar el juego online en la provincia. Esta licencia ya es propiedad de Peiti en otras provincias y en el extranjero.

Con este último objetivo, desde la fiscalía acusaron que el senador desde 2017 realizó gestiones para adjudicarle el juego online a Peiti, algo que finalmente ocurrió en 2019, a través de un decreto. Según las fiscales, Traferri consiguió esto a través del control que ejercía en la comisión bicameral que se encargaba de este trabajo.

Además, Fabbro y de los Ángeles Granato presentaron evidencia de que el senador le solicitó a Peiti que por sus problemas legales le otorgue la titularidad de su empresa al expiloto de Fórmula 1 y empresario frigorífico Oscar Larrauri. Así, Peiti le transfirió a Larrauri y al abogado José Fernández Chemes todas su parte de la empresa, en una operación publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe (27/11/2020).

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