Vicentin, más complicada: millonario embargo a la empresa y sus ex directivos

El embargo se da en el marco de una causa por el uso de facturas truchas que utilizaban para recibir reintegros de IVA a las exportaciones entre 2016 y 2018, y los directivos comprendidos en esta decisión judicial son Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.

Esta causa se inició en agosto del 2020, con una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), donde detectaron “operaciones con 54 proveedores apócrifos” mediante facturas presuntamente truchas "en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los períodos comprendidos entre el 01/2016 y el 10/2018".

El organismo recaudador calculó un perjuicio -por la devolución de IVA a Vicentin- para el Estado de aproximadamente  $111.637.479. Por ese motivo, la Justicia estableció ese monto para el embargo de los bienes.

Es su investigación, Afip determinó que "las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, dijeron fuentes del caso. De esa forma, el ente recaudador pudo constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real, agregaron los informantes", según consigna el periodista Mariano Galíndez de Rosario3.

Cabe destacar que el millonario embargo lo había decretado primeramente el juez de primera instancia, pero el fallo fue apelado por los abogados de lo ex directivos de la agroexportadora. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por los jueces María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Enrique Bosch, ratificó ayer la sentencia.

Según expresan en el fallo, los magistrados consideran  “proporcionada y razonable” la medida cautelar de embargo dictada en primera instancia, a diferencia de lo que creen los abogados de la contraparte, que en la apelación expresaron que la medida era "arbitraria".

Los camaristas además ordenaron a la AFIP que denuncie los datos registrales de los bienes libres a embargar, que alcanzan tanto a los de la empresa Vicentin SAIC -concursada desde marzo de 2020- como a los de de sus directivos, anteriormente mencionados.