El Senado busca controlar al Poder Judicial

Luego del "Traferrigate", el vínculo entre estos dos poderes se rompió definitivamente. Cabe recordar que el senador sanlorencino fue acusado por los exfiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal de ser "la pata política" en la causa del juego clandestino.

Por este motivo, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron a la Cámara de Senadores que desafueren a Traferri para poder juzgarlo en la justicia, pero finalmente los legisladores rechazaron la petición al considerar que no había suficientes pruebas, y el sanlorencino sigue hoy en su banca en la Legislatura.

Esto generó gran malestar en el Poder Judicial y comentarios cruzados entre éste poder y el Legislativo. En el medio, está metido también el ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien mantiene un enfrentamiento con Traferri y desde un primer momento respaldó a los fiscales Edery y Schiappa Pietra.

En este contexto, la Cámara de Senadores aprobó ayer -con 12 votos afirmativos- en una sesión extraordinaria una comisión "de estudio, investigación, seguimiento y evaluación" de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública. La misma estará compuesta por seis miembros de esa Cámara, tendrá un Presidente, un vicepresidente y un secretario. Una vez constituida la comisión, se deberá confeccionar su reglamento interno en 30 días.

Según el artículo 6 de este proyecto, "para el cumplimiento de su misión la Comisión tendrá las siguientes facultades:

•  Conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados y requerir al Ministerio     Público de la Acusación (MPA) o al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal copia certificada de las mismas.
•  Recibir denuncias y pruebas sobre los hechos que son objeto de la investigación;
•  Requerir y recibir declaraciones testimoniales.
•  Solicitar informes, antecedentes y todo otro tipo de elemento que estime útil sobre los hechos que sean objeto de investigación a cualquier organismo público o privado.
•  Realizar reuniones reservadas, a pedido de la mayoría de los miembros de la Comisión.
•  Solicitar los informes sobre los controles internos y externos practicados.
•  Realizar cualquier otra acción que coadyuve al avance de la investigación, siempre que se lleve adelante en el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución y no correspondan de manera exclusiva al Poder Judicial".

Además, si como consecuencia de una investigación se advierte que se han cometido actos que pudieran considerarse infracciones o delitos, "la comisión deberá formular las denuncias pertinentes ante la justicia ordinaria o a la comisión de Acuerdos de así corresponder, aportando los elementos de prueba recopilados".

Los senadores que aprobaron la creación de esta comisión se ampararon en los hechos de corrupción que salpicaron a la Fiscalía en el marco de la causa por el juego clandestino, y que terminó con los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad detenidos.

Como era de esperarse, este proyecto no fue bien recibido entre los funcionarios del MPA. La presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, Gisela Paolicelli, expresó su enojo: “Con todo el respeto que me merece el Senado como institución, no me cabe otra palabra para describir lo que pasó que obscenidad”.

“Se está instalando un proceso judicial paralelo llevado adelante por otro órgano del Estado que ni siquiera es judicial, esto es desde todo punto de vista anticonstitucional y antirepublicano”, dijo Paolicelli y agregó: “Atenta directamente contra la independencia del fiscal”.

También se mostró sorprendida, ya que la comisión se creó motivada por la investigación del juego clandestino, y considera que los mismo senadores fueron quienes “desmerecieron y en razón de la cual no se permitió el desafuero (de Armando Traferri)”.

“Es la misma investigación que ahora motiva el control a fiscales porque hay fiscales presos cuando en realidad fueron los mismos fiscales los que investigaron a los fiscales, no el Senado. Cuando intenten ponerlo en práctica veremos las mejores herramientas jurídicas para neutralizar la situación”, concluyó la presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.