Epidemia de intimidaciones contra fiscales: 6 amenazas en sólo 20 días

Los fiscales se han convertido en un nuevo blanco de ataques y amenazas realizadas tanto personalmente como mediante llamadas telefónicas y presuntamente relacionadas con las tareas de investigación que llevan a cabo en diversas causas.

Hoy se conoció un nuevo caso de intimidación contra trabajadores judiciales que tuvo como víctima a la fiscal de La Matanza Belén Casal, quien recibió un mensaje mafioso enviado a través de su hermana, secuestrada por una banda de delincuentes el viernes último en Capital Federal.

La hermana de la fiscal, María de los Angeles, de 40 años, fue privada de la libertad, luego de dormirla -al parecer con cloroformo-, cuando transitaba por Bonpland y Costa Rica, en pleno Palermo Hollywood.

Cuando la mujer fue liberada, en la puerta de su casa uno de los secuestradores le advirtió: "Decile a tu hermana que esta vez se salvó. La próxima no se salva", según confiaron fuentes policiales.

Casal, tiene a su cargo, entre otras causas, parte de la investigación iniciada por los desarmaderos de autos y algunos asuntos contra policías bonaerenses acusados de enriquecimiento ilícito.

Otra presión fue la que recibió el hijo del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica, Mariano Romero Victorica, quien se desempeña como secretario de la Procuración General de la Nación.

El funcionario recibió llamados anónimos en los que le advirtieron que tiene "los días contados" y que va a "ser boleta", según informó su padre, quien dijo que su hijo interviene en causas "muy pesadas".

El pasado lunes, en tanto, la fiscal del fuero en lo Penal Económico María del Carmen Rogliano -que entre otras causas investiga a un sospechoso del atentado a la AMIA-, denunció que su casa de Tigre fue atacada a balazos por delincuentes que escaparon cuando intervino su custodia.

En tanto, el 24 de octubre pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Ricardo Wechsler -compañero de Romero Victorica padre- fue atacado a tiros cuando llegaba a su casa de Vicente López y se salvó gracias a que su custodio se tiroteó con uno de los delincuentes que logró escapar.

El fiscal de Casación Penal de Capital Ricardo Weschsler dejó su despacho en los tribunales del barrio de Retiro y se encaminó hacia su casa, en el partido de Vicente López. Iba en su Ford Escort color rojo, y con un policía de custodia a su lado, de chofer.

Llegó al chalet de la calle Segurola al 1300 en Vicente López y alrededor de las 15:00 seis hombres que iban en tres autos lo cercaron y uno de ellos terminó disparándole a quemarropa.

El fiscal fue defendido por su custodio que se tiroteó con el atacante durante cinco minutos. "Toda la calle quedó regada de cápsulas", describió Weschsler después.

Los seis hombres lograron escapar.

Poco después de ser atacado, Weschsler declaró: "Descarto que me hayan querido robar o intentar secuestrar porque me apuntaron a matar".

Un día antes, el 23 de octubre, el camarista de San Isidro Fernando Maroto y la defensora General de ese Departamento Judicial, María Gómez, fueron amenazados de muerte mediante un llamado telefónico realizado al conmutador de los tribunales en el que les advirtieron que iban a "volar por el aire".

Esta seguidilla de intimidaciones se inició el 13 de octubre, cuando el fiscal platense Víctor Violini recibió en su despacho una carta mediante la cual lo amenazaban tanto a él como a sus colaboradores más cercanos.

Violini es el fiscal que investiga el patrimonio de 15 comisarios de la bonaerense sospechados de enriquecimiento ilícito, que fueron pasados a disponibilidad en la primera fase de una gran purga en la fuerza.

Las intimidaciones a estos trabajadores judiciales no hablan de hechos azarosos o aislados realizados por improvisados delincuentes. Todo indica que nuevamente se está frente a una organización dedicada a realizar este tipo de amenazas mafiosas que tienen a los fiscales como blanco intimándolos a través de amenazas a su persona o a familiares para que desvíen sus investigaciones.

Cabe recordar que no se trata de casos menores sino que la mayoría de las causas tienen un importante impacto mediático y político por lo que es peor aún dilucidar que las amenazas podrían provenir de organizaciones con un importante respaldo de poder.

Mientras tanto, la impunidad está a la orden del día para trabar las investigaciones, coartar la libertad de los ciudadanos, engrandecer el miedo y lamentablemente cuenta con un gran apoyo que le permite poner en funcionamiento su sistema de acción.