DEUDA CON EL ESTADO

Correogate: Nueva oferta de la familia Macri debe pasar por el ministerio de un exSOCMA

La empresa de la familia Macri hizo una nueva propuesta por la deuda que mantiene con el Estado y que desató un escándalo. La Cámara Comercial le dio 45 días hábiles al Gobierno para aceptar o rechazar. El ENACOM es el organismo que interviene, y está bajo la órbita de Andrés Ibarra, un exgerente del emporio Macri.

Dentro de los próximo 45 días desde su notificación, el Gobierno Nacional deberá informar a la Justicia si acepta o rechaza la última propuesta que hizo la firma Correo Argentina S.A. para el pago de una deuda con el Estado.

Dicha empresa es parte del conglomerado SOCMA, el grupo económico que lidera Franco Macri y del cuál su hijo Mauricio, hoy Presidente de la Nación, es heredero.

Ese simple detalle ya generaba polémica de por sí, pero el escándalo estalló cuando el Estado dio por válida una oferta del Correo que para la fiscal interviniente resultaba la condonación de casi el 100% del pasivo.

La controversia desatada, que incluyó estimaciones de que la deuda condonada podría superar los $70 mil millones una vez concluidos los plazos, obligó a Macri a "volver a foja 0". El Presidente anuló el acuerdo y decretó que ante un caso como ese, en el que hay vínculos entre las partes, distintas instancias del Estado deberán prestar su conformidad.

Así, se llegó a una nueva audiencia este martes 10/07 en la que Correo Argentino S.A. hizo una nueva oferta. Se trata, a grandes rasgos de las misma que había originado el escándalo: el pago en cuotas hasta 2033 de un pasivo de $293 millones, a una tasa del 7% anual.

Pero en la audiencia del martes, la propuesta incluyó 2 novedades: un adelantamiento del inicio del pago (que se iniciaría este año, y no en 2019), y un “reconocimiento adicional” en concepto de intereses siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado por la expropiación de sus activos, en 2003.

En la audiencia estuvieron presentes representantes del Correo, del Estado Nacional y la fiscal Gabriela Boquín, que impugnó el acuerdo original por considerarlo perjudicial para los intereses estatales.

Aquel convenio había sido autorizado por Oscar Aguad, entonces titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Pero luego, ese organismo fue absorbido por el ministerio de Modernización, que comanda Andrés Ibarra, nada menos que un exSOCMA y de vínculo histórico con Mauricio Macri, quien lo llevó al Gobierno de la Ciudad.

Más allá de que la titular del ENACOM es Silvana Giudice, el vínculo de Ibarra con SOCMA seguramente agrandará suspicacias, aunque el antecedente inmediato en la materia resultó un rechazo semanas atrás a la propuesta del Correo de ofrecer la planta de Monte Grande como parte de pago.

No obstante, Macri ya había resuelto hacer pasar el acuerdo por otras instancias para reducir sospechas. De acuerdo a 2 decretos de transparencia, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel. Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.

Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la oferta del Correo.

Un tema muy sensible para Mauricio Macri cuando el contexto en el que se mueve está lejos de ser el ideal para el Presidente.

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