Coparticipación: ´No hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague´

El Gobierno nacional formalizó el mecanismo que utilizará para cancelar la deuda que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por los fondos de coparticipación. El monto supera los $813.000 millones y será abonado mediante una combinación de letras y bonos del Tesoro.

La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de una resolución conjunta del ministerio de Economía, la secretaría de Finanzas y la secretaría de Hacienda,

La deuda reconocida asciende exactamente a $813.442.779.604,73 y corresponde a los fondos adeudados en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos.

Conflicto millonario

El acuerdo fue anticipado por el jefe de Gobierno porteño, quien destacó las negociaciones mantenidas con el ministro de Economía, Luis Caputo.En pocas palabras, destacó

Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta

Sin embargo, el alcalde aclaró que el convenio no contempla la deuda acumulada durante la gestión de Alberto Fernández, una cuestión que continúa abierta y que podría derivar en nuevas negociaciones o reclamos judiciales.

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Jorge Macri, jefe de Gobierno de CABA (izq) y Luis Caputo, ministro de Economía, firmaron el acuerdo de coparticipación.

¿Cómo pagarán?

La Resolución Conjunta 29/2026 establece una distribución escalonada mediante distintos instrumentos financieros emitidos por el Tesoro Nacional:

20% mediante Boncap con tasa del 2,15% y vencimiento el 30 de junio de 2026.
20% mediante Lecap con tasa del 2,5% y vencimiento el 31 de agosto de 2026.
20% mediante Lecap con tasa del 2,55% y vencimiento el 30 de octubre de 2026.
40% mediante Boncap con tasa del 2,55% y vencimiento el 30 de abril de 2027.

La estrategia evita una fuerte erogación inmediata de caja para el Tesoro y, al mismo tiempo, permite a la Ciudad contar con activos financieros negociables para administrar el cobro de la acreencia.

Origen de la batalla que llegó a la CSJN

El conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decidió reducir los fondos que recibía la Ciudad de Buenos Aires mediante el Decreto 735/2020. Por esos días se habla de una "ciudad rica" en la que vivían los ciudadanos y ciudadanas del poder que la cuestionaban.

La participación porteña cayó del 3,5% al 2,32% y posteriormente volvió a reducirse con la sanción de la Ley 27.606, que dejó el coeficiente básico en apenas 1,4%, complementado por una suma fija destinada al financiamiento de la seguridad.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta judicializó la medida y, a fines de 2022, la Corte Suprema dictó una cautelar favorable para la Ciudad.

El máximo tribunal reconoció un coeficiente del 1,55%, que sumado al 1,4% ya percibido elevó la participación porteña al 2,95%.

Pese al fallo, el gobierno del Frente de Todos nunca ejecutó plenamente la transferencia ordenada por la Corte.

Acuerdo que cambió el escenario

En septiembre de 2024, bajo la administración de Javier Milei, Nación y Ciudad alcanzaron un primer entendimiento para comenzar a regularizar los pagos derivados de la cautelar.

Aunque la Corte había establecido que los fondos debían transferirse diariamente a través del Banco Nación, el Gobierno solicitó modificar el mecanismo y la Ciudad aceptó recibir los recursos mediante transferencias semanales efectuadas directamente desde el Tesoro Nacional.

Con la resolución publicada el viernes (29/05) la Casa Rosada da un paso más para cerrar uno de los litigios fiscales más notorios entre Nación y Ciudad, disputa que atravesó tres gobiernos y que se convirtió en uno de los capítulos más tensos del federalismo fiscal argentino.