DATOS INÉDITOS DE LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO

De CFK a MM: La Gran Fiesta Previsional

Presentamos a continuación el mapa de los privilegios previsionales vigente en la Argentina a nivel nacional (SIPA - Sistema Integrado Previsional Argentino), es decir, los regímenes nacionales que regalan recursos jubilatorios a determinados sectores de la población. Son auténticos regalos porque sus beneficiarios los reciben sin haber realizado los aportes correspondientes, o haber trabajado y aportado durante menos años que el resto. Para financiarlos, el Estado recurre a los ingresos fiscales provenientes de la población general, que no recibe un plus jubilatorio. Es decir, la fiesta previsional de pocos es solventada por los impuestos de la mayoría, que no participa de ella.

Bajo la órbita de la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social) existen cerca de 49 regímenes especiales, que en su mayoría fueron establecidos entre las décadas de 1960 y 1970 y que permiten acceder a una prestación jubilatoria en condiciones especiales, con beneficios mayores en algunos casos y requisitos menores en otros. Tal como veremos más adelante, estos regímenes de privilegio se han mantenido e, incluso, se están ampliando con el actual gobierno.

Es importante entender la dinámica de estos regímenes especiales, ya que la mayoría se aprobaron hace 50 años, cuando las condiciones laborales eran distintas a las actuales y la expectativa de vida mucho menor.

La prerrogativa de los regímenes especiales se puede dar por distintos factores:

a) jubilación anticipada, es decir, una edad menor para acceder al beneficio (desde 50 a 60 años para los varones, en vez de los 65 años que establece la ley general),

b) menor cantidad de años de aporte para acceder al beneficio (desde 15 a 27 años de aportes),

c) una jubilación garantizada superior de la que establece el régimen común, con niveles de sustitutividad (jubilación) que van del 60% al 100% del haber de actividad (salario), o

d) una combinación de algunos o de todos estos factores, o la eximición de algún requisito en particular.

El cuadro que acompañamos abajo presenta esta información para cada régimen especial en las columnas de “Requisitos” y de “Haber jubilatorio”.

Por ejemplo, los magistrados se jubilan con 15 o 20 años de aportes (según los casos), y los trabajadores de las industrias del vidrio, minería subterránea, laminación, pesca, dragado, transporte de carga, petróleo y gas, por citar algunos sectores, se jubilan con 25 años de aportes y con 50 o 52 años de edad, según los casos.

De los 49 regímenes listados en el cuadro, los beneficiarios de 10 regímenes tienen derecho a una jubilación que va del 60% al 100% del ingreso mensual de la etapa activa. Algunos beneficios son particularmente groseros, como el de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los jueces, que se jubilan con el 100% y el 82% de su salario, respectivamente (recordemos, además, que ellos no pagan impuesto a las ganancias).

Los docentes se jubilan con el 82% de sus salarios, los arzobispos con el 70% de sus ingresos. El Presidente de la Nación se jubila con el 100%, el Vicepresidente de la Nación con el 75% y los diplomáticos de carrera (Servicio Exterior de la Nación) con el 85% de sus respectivos salarios.

En el año 1994, con la entrada de vigencia de la Ley 24.241 no se reglamentó el aporte y la contribución adicional de estos regímenes especiales (ver columnas de “Contribución” y de “Aportes diferenciales” del cuadro). Por ello, la ANSeS dejó de percibir estos aportes y contribuciones durante más de una década (aunque siguió, como hasta el presente, pagando las jubilaciones especiales). Sólo 8 regímenes acordaron hacer el aporte diferencial a partir de 2009 algunos, y de 2014 otros.

Esto es muy grave. Significa que en 41 de los 49 regímenes especiales sus beneficiarios reciben un plus jubilatorio a pesar de que no se realizaron los aportes o contribuciones adicionales para ello, situación que abarca también a sus futuros jubilados.

El origen de esta estafa está en la irresponsabilidad de los legisladores y en la capacidad de demandar prerrogativas por parte de corporaciones y sindicatos poderosos y de grupos de presión, como el Poder Judicial, los docentes, los petroleros, etc. Esta situación ha creado un intrincado sistema de beneficios que atenta contra toda posibilidad de financiamiento.

La jubilación es un beneficio que cubre la vejez. Sin embargo, la legislación distorsionó este principio hasta tal punto de establecer que algunas personas cumplen con esa condición a partir de los 50 años mientras que otras lo hacen a los 65 años, generando un sistema injusto, no sustentable y desfinanciado.

Ahora bien, la vejez en un concepto biológico y no social o laboral. Leo Messi seguramente no podrá jugar al futbol hasta los 65 años pero no por ello se le deberá conceder una Jubilación a los 40 años, cuando cuelgue los botines. Del mismo modo, resulta inviable pretender con 25 años de aportes de un docente rural financiar más de 40 años su jubilación.

El debate que sigue pendiente en nuestra sociedad es cómo se reinserta laboralmente una persona que por los requerimientos de su actividad no puede continuar realizándola a partir de una determinada edad, y no cómo indemnizarla en forma temprana. Esta omisión consagró fuertes diferencias entre los argentinos respecto de la edad de jubilación y del monto del beneficio previsional. Más grave aún, esta anomalía –que hoy es la regla- terminó por desfinanciar al ANSeS.

Las pensiones y las convivencias son otros beneficios que deben ser revisados. Hoy en día no tienen ningún tipo de límite temporal y una viuda o un viudo de 20 años percibirán una prestación por más 60 años.

La fiesta de las jubilaciones de privilegio sigue con el actual gobierno. A través del “fallo Gualtieri”, la Corte Suprema de Justicia avaló la confiscación de la ANSeS de miles de millones de pesos en aportes voluntarios realizados por el segmento de la población que percibe mayores salarios y que más contribuye y ha contribuido a financiar el sistema previsional e impositivo, que recibirá una jubilación igual al 26% de su último ingreso de la etapa activa. Estos aportes confiscados se destinan a pagar las jubilaciones de privilegio.

Eso no es todo. Recientemente, Gabriela Michetti (presidenta del Senado) y Emilio Monzó (presidente de la Cámara de Diputados) presentaron el proyecto que crea el "Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones" para los trabajadores de planta permanente del Congreso de la Nación, que prevé otorgar un beneficio previsional del 15% adicional a la jubilación establecida por ley, que será financiado en parte por el 3% del presupuesto mensual del Congreso, es decir, por los impuestos que pagamos todos los argentinos.

Tal como puede verse, lejos de concluir, la fiesta previsional argentina se mantiene y amplía, beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría.

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