LA GRAN ESTAFA

CER, el otro default: Informe Especial

Lo que ha sucedido en los días K fue tremendo aunque ahora pretenda minimizarse porque, obviamente, el gobierno en curso no quiere hacerse cargo del costo financiero y fiscal emergente de su predecesor. Un ejemplo de esto ocurre con la manipulación del índice CER. Pero la continuidad jurídica del Estado exige ni olvidar ni ocultar tanto la responsabilidad como las consecuencias de toda acción previa. Este fragmento del siguiente informe especial es terrible, refiriéndose a uno de los tenedores de títulos públicos (des)ajustados con el índice CER: "Para tener una dimensión del daño perpetrado y el tamaño de la confiscación, podemos informar que solo en la cartera de bonos Cuasi Par, la ANSeS ha omitido reclamar una diferencia de $263.000 millones, igual a más de 2 veces el monto del último blanqueo, el más alto de la historia de la humanidad. Esta es la magnitud de la confiscación de nuestros fondos previsionales por parte del Estado."

En diciembre de 2006 el gobierno kirchnerista inició un largo proceso de adulteración del cálculo del IPC (índice de precios al consumidor). Si bien esta es una historia conocida, pocos conocen sus implicancias y muchos menos la magnitud de semejante estafa.

Para tener una idea de la gravedad de este asunto, recordemos que el IPC es la base del cálculo del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), mediante el cual en 2002 se pesificaron todos los depósitos, créditos y obligación de dar y recibir dinero en moneda extranjera (art. 4º del decreto 214/2002). A instancia de esta norma, quienes tenían dólares depositados pasaron a percibir por cada dólar 1,4 pesos más CER, y quienes debían dólares pasaron a deber 1 peso más CER.

Todos los títulos públicos en dólares fueron defolteados y posteriormente canjeados por títulos en pesos a relación de $ 1,4 + CER. De esta manera, el mayor canje fue el de los fondos previsionales en manos de las AFJPs (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que tenían el 75% de su cartera dolarizada y aceptaron el canje por títulos públicos Par y Cuasi Par, de acuerdo con la fórmula mencionada. Estos títulos los tiene en la actualidad la ANSeS en el llamado Fondo de Sustentabilidad.

Visto que el IPC y el CER son dos índices equivalentes, resulta obvio que la adulteración del IPC se proyectó, en su totalidad, en el CER.

El propósito que guió al gobierno anterior al adulterar el IPC no fue solo engañar a la población sobre la inflación sino, además, erosionar el valor de los activos y, sobre todo, no actualizarlos por el incremento real de los precios al consumidor como ordenaba la norma. Se trató de la más gravosa y millonaria estafa del Estado Nacional en la historia de nuestro país, afectando, entre otros, a los jubilados presentes y futuros.

Para reconstruir el IPC real hay que recurrir a las series históricas de más de 800 productos relevados en más de 8.000 comercios, amparados estos últimos en el secreto estadístico.

Como el gobierno anterior ni el actual quisieron aportar las series reales de estos productos, se le iniciaron al Estado Nacional numerosas causas judiciales con el propósito de obtenerlas, ofreciendo como prueba de la distorsión las enormes diferencias que mostraban los índices de precios al consumidor del Congreso, de San Luis y de Ciudad de Buenos Aires, las propias declaraciones del Poder Ejecutivo y la información periodística. Hasta el presente ninguna de estas causas ha obtenido sentencia favorable en sede judicial.

El actual gobierno declaró en diciembre de 2015 la Emergencia Estadística, y se puso un año de plazo para volver a ofrecer un IPC confiable que midiera la realidad de los precios. Mientras tanto, el Estado Nacional utilizó los índices alternativos de Ciudad de Buenos Aires y de San Luis.

Ahora bien, recompuesta las estadísticas, el INdEC comenzó a informar nuevamente el IPC pero omitió realizar el empalme de las distintas series. Es decir, comenzó a registrar los precios de los productos reales para todas las categorías y a realizar y comunicar un índice confiable utilizando como base 100 el mes de abril del año 2016, sin reconocer en la serie anterior las brutales diferencias fraguaron entre diciembre de 2006 y enero de 2016.

¿De cuánto fue la adulteración no reconocida?

El siguiente cuadro representa la estructura de ponderaciones del IPC-GBA a diciembre de 2015 (en la página 34 del informe Índice de Precios al Consumidor Gran Buenos Aires, metodología Nº19, se encuentran desagregados por división, grupo, sub-grupos y ponderación)


A su vez, en el Cuadro 7 del mencionado informe (Precios al consumidor de un conjunto de alimentos y bebidas, del Informe Técnicos vol. 1 nº 39, Índices de precios vol. 1 nº 8) se encuentran los precios y los productos del rubro Alimentos y Bebidas que representa el 36.52% de la composición del IPC. Con solo ver los precios se puede observar la razonabilidad de los mismos.

Al comparar los precios de diciembre de 2015 con los del mismo mes de 2006, podemos observar que en el rubro Alimentos y Bebidas el incremento alcanzó el 1.074,7%.

Esta enorme diferencia NO se observa en la variación del CER en igual período, sino que es mucho menor. Según surge del BCRA, el CER tuvo un incremento de 333.4% (el índice pasó de 1,8904 en 31/12/2006 a 6.303 en 31/01/2017).

En decir, entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de enero de 2017, la inflación real que azotó al país (incremento del IPC) fue del 1074%, mientras que la actualización del CER fue tan sólo del 333%. Por lo que default de bonos, jubilaciones y contratos fue del 741%.

La información brindada aquí proviene de datos oficiales. Si bien es incompleta (porque toma en consideración sólo el conjunto Alimentos y Bebidas que, como dijimos, representa el 36,52% de la estructura de ponderación del IPC), es suficiente como para modelar los resultados mencionados más arriba.

Para poder realizar el cálculo con todos los ítems que componen el IPC, sólo se requiere que el INDEC informe los precios de los productos que integran los rubros faltantes (Indumentaria; Vivienda y servicios básicos; Equipamiento y mantenimiento del hogar; Atención médica y gastos para la salud; Transporte y comunicaciones; Esparcimiento; Educación y Otros bienes y servicios), que representan el 63.48%.

A pesar de que estos datos no están amparados en el secreto estadístico, el actual gobierno se ha negado a informarlos tanto a los individuos como a los jueces que los han solicitado, adoptando la misma actitud que caracterizó a la gestión kirchnerista.

Por último, resulta más que llamativo que la ANSeS, que atesora la mayor cartera de títulos ajustados por CER, que pertenecen a los actuales y futuros jubilados, no haya reclamado la diferencia resultante de la adulteración, incumpliendo de esta manera con su responsabilidad de administrador fiduciario y exponiéndose a demandas penales por delitos de la Ley 24.241 y el propio Código Penal.

Para tener una dimensión del daño perpetrado y el tamaño de la confiscación, podemos informar que solo en la cartera de bonos Cuasi Par, la ANSeS ha omitido reclamar una diferencia de $263.000 millones, igual a más de 2 veces el monto del último blanqueo, el más alto de la historia de la humanidad. Esta es la magnitud de la confiscación de nuestros fondos previsionales por parte del Estado.

Sabia es la Constitución Nacional cuando establece en su Artículo 14º bis, ”El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable (…), administradas por los interesados con participación del Estado (...)”. Queda claro que cuando quien administra es el Estado, los intereses que se protegen no son los de los beneficiarios.

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