'El Caballo' está preso pero sus negocios intactos (gracias a los K y también a Macri...)

Del otro lado del cordón de seguridad el resto del gremialismo naval y los empresarios del sector preparaban sus palmas para aplaudir la promulgación del decreto de necesidad y urgencia 1010/04 mediante el cual el gobierno pretendía recuperar la actividad de la Marina Mercante nacional, que había sido arrasada en la década del 90 privatizaciones y desregulaciones mediante.

La norma establecía, entre otras cosas, un régimen de excepción para la importación transitoria de buques para ser tripulados por marinos argentinos y duraría dos años. Este era el plazo autoimpuesto por Néstor para que el país tuviera una ley de Marina Mercante. De más está decir que a la fecha el decreto sigue vigente y la ley aún deambula por despachos legislativos.

Uno de los aspectos fundamentales de la norma provisoria, era que se autorizaba a empresas argentinas a importar en forma transitoria buques alquilados en el exterior para ser afectados al cabotaje nacional o regional con la excluyente condición que lo mismos sean tripulados en forma exclusiva y excluyente con tripulantes nacionales, siendo que el objetivo de fondo de la norma era el regreso a la bandera nacional de decenas de naves que habían “emigrado” en busca de costos laborales e impositivos más benignos.

Varios años después del rimbombante anuncio presidencial, la flota argentina no sólo no creció sino que al amparo de regímenes mucho más tentadores que el local, la hidrovia Paraná Paraguay fue ocupada en un 95% por flotas extranjeras, y Paraguay llegó a tener la tercer flota fluvial del mundo.

La única empresa naviera de capitales argentinos,  Maruba S”A, parecía en aquellos días de Cristina Fernández en el poder, condenada a la extinción, llena de deudas y con buques en el extremo de su vida útil. Fue entonces donde el “talento creador” del arquitecto Julio de Vido y su equipo tuvo la idea de hacer incursionar a los gremios marítimos en el mundo del negocio naviero: echó mano a sus incondicionales Suárez y Castro y, látigo en mano, obligó también a gremios más reacios a comprar hasta el 35% del paquete accionario de la empresa con fondos provenientes de un fideicomiso del Banco Nación. De todos modos, la empresa ha negado, una y otra vez toda politización de su capital social.

En cualquier caso, Suárez y Castro se convirtieron en empresarios navieros a tal punto que el mandamás de los capitanes de buque hizo mutar a un miembro de su comisión directiva sindical (el capitán de ultramar Gustavo Rocca) hacia el rol empresarial de Gerente de Personal de la naviera. Es decir, Rocca pasó de ser quien reclamaba por mejoras y aumentos salariales a quien les ponía freno y despedía sin piedad a los “indeseables” trabajadores quejosos. De todos modos, Maruba ha defendido la designación de Rocca y negado cualquier causalidad.

Luego vinieron los demás emprendimientos de estos empresarios gremiales. Castro formó su propia naviera “Marinos Mercantes SA”; Suárez hizo lo propio con “Mercantes SA”, y todo siguió su marcha hasta la abrupta intervención en el SOMU en febrero de 2016 y la posterior detención de Suárez, quien por estas horas espera que sus otrora socios le hagan compañía en la celda.

Las “exhaustivas” investigaciones de la interventora Gladys González a órdenes del juez federal Canicoba Corral, fueron tan espectaculares como aparentemente ineficaces hasta el momento. Los negocios controversiales no han cesado. Tampoco preocupan mucho el tema a las autoridades del Ministerio de Transportes, que solo atinan a “pedir disculpas” cuando se difunde algún hecho irregular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# El engaño del 'Perito Moreno'

El ya nombrado Decreto Nº1010, aplaudido hasta el cansancio por los gremialistas K no deja lugar a dudas. El cabotaje nacional marítimo y fluvial es fuente de trabajo exclusiva para argentino:

Art. 9º — Los buques y artefactos navales de bandera extranjera amparados por este decreto, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino bajo pena de pérdida del beneficio establecido en el presente decreto. Si se demostrare la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos, se podrá habilitar personal extranjero que acredite la idoneidad requerida, hasta tanto exista personal argentino disponible.

El 27 de noviembre de 2016 Maruba SA presentó un pedido de “dispensa” a este requisito indicando que razones de excepción hacían necesario recurrir al servicio de un buque extranjero tripulado por marinería filipina por un plazo de 30 días. La reglamentación vigente permite ese tipo de excepciones pero con el espíritu de autorizar alguna operación marítima puntual, por ejemplo una draga para profundizar un canal o una nave de apoyo a una plataforma petrolera pero siempre con un máximo de tiempo de 30 días corridos.

Para la operación de un buque carguero esa excepción solo se puede dar si previamente los navieros locales hubieran sido consultados y no hubiera bodega disponible. No obstante en la fecha indicada la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte, autorizó el ingreso del buque carguero “Perito Moreno” de bandera liberiana y tripulación filipina. El 27/12/2016, el buque comenzó a cargar mercadería procedente de las ensambladoras de electrónica de Ushuaia con destino a Buenos Aires. Para la empresa, todo en regla. Para sus competidores y para los sindicatos, todo irregular.

En cualquier caso, dicen que Maruba negoció con el gremialista empresario Marcos Castro y con el gremio de los maquinistas navales el ingreso de oficialidad argentina manteniendo la tripulación subalterna con los filipinos, que son "mucho más baratos y sumisos" (sic... sucede que es una denuncia reiterada en los corrillos sindicales) que el personal argentino, además de no estar contratado de acuerdo a la normativa laboral nacional sino que fueron “conchabados” de acuerdo a las normas laborales de Liberia.

Las cámaras empresarias del sector han alzado su voz contra lo que entienden representa no sólo una competencia desleal sino además una clara acción delictual por parte de la naviera, a la que le endilgan que fue protegida por Cristina y De Vido, especie que niega enfáticamente Maruba.

Rápidas de reflejos, las autoridades de Transporte se apresuran a decir que se trata de un lamentable error y culpan a la intervención en el SOMU de no haber ejercido la debida diligencia para cuidar la fuente laboral de sus afiliados, ya que en este momento casi 3000 marineros se encuentran sin trabajo.

No pueden no obstante explicar las autoridades como puede ser que un buque “ilegal” tenga a bordo a dos cadetes de la Escuela Nacional de Náutica dependiente de la Armada Argentina haciendo “prácticas profesionales”.

Así las cosas, mientras Omar Suárez juega a las cartas en el penal de Marcos Paz, Gladys González sigue mostrándose como la heroína del año y el Ccapitán Marcos Castro se muestra cada vez más desmemoriado cuando se lo consulta sobre su relación con el 'Caballo'.