Agujero negro en la Audiencia por el gas: Denuncian un escándalo contable de 17 años

El autor de la impactante nota, Raúl Dellatorre, destaca que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que “marcha a la Audiencia Pública del próximo viernes enarbolando un tarifazo del 23 % para el gas, y sólo como un primer paso de una recomposición que pretende continuar hasta octubre de 2019”, (...) “no entregará información sobre los costos de la producción, transporte y distribución de gas antes de la audiencia pública del viernes 16, ni considera que tenga obligación de hacerlo”.

Lo acusa en ese aspecto de contradecir el reclamo de transparencia de las organizaciones de usuarios y consumidores, además de que “también parecen ir en contra de lo establecido por la Corte Suprema en el fallo en el que ordenó hacer la audiencia pública antes de fijar un nuevo cuadro tarifario, y permitir que los usuarios pudieran acceder a la información sobre el aumento en cada uno de los segmentos: producción (gas en boca de pozo), transporte y distribución”.

Para que el planteo a la luz pública de los beneficios ocultos percibidos por las empresas en los años de concesión y las letras chicas de los contratos mantenidas en secreto no ocupe el centro del debate en el que el gobierno buscará justificar la nueva escala tarifaria, trascendió, desde el mundo contestatario, que la Corte Suprema asesora al Poder Ejecutivo para la normativa de la asamblea, a fin de cortar todos los caminos previsibles a posteriores impugnaciones judiciales en que puedan derivar los procedimientos que se lleven a cabo.

Tal como anticipó Margarita Stolbizer, el caso de las tarifas difícilmente se cierre con la audiencia.

Honorarios que no fueron tales

El artículo de “Rulo” Dellatorre se basa en un estudio de los balances de TGN y TGS desde 1998 a 2015 que realizaron auditores con marcado prestigio en la industria, en los que se comprueban pagos por supuestos honorarios de asistencia técnica a sus propios accionistas por US$ 63,2 millones en el primer caso, y US$ 225,1 millones en el segundo.

La secuencia que brinda del crecimiento de dicho subterfugio contable en el caso de TGS va de $ 22,5 millones en 1998, a $28,8 millones en 1999, $ 21,8 millones en el 2000 y $ 19,3 millones en 2001 (hasta ahí, con la paridad uno a uno, en dólares igual monto que en pesos). Prosigue con los años siguientes (que comprenden el período kirchnerista) aclarando que la cifra creció en pesos pero se redujo en dólares (valuada al tipo de cambio de diciembre de cada año), alcanzando sumas en torno de los $ 52 millones en 2012, 2013 y 2015, y de $ 70 millones en 2014. El monto acumulado equivalente en dólares alcanza, en los 18 años (desde 1998 hasta 2015) a us$ 225,1 millones.

La falta de transparencia a la que alude la nota, en realidad, alcanzaría a todos los gobiernos que se sucedieron durante 17 años mientras discurría en sus propias narices la concesión: desde Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y sus antecesores en el proceso de recambio institucional de 2001-2002, y a Néstor y Cristina Kirchner, que estuvieron el 70% de ese lapso.

Hay un agujero negro hacia el origen mismo de los contratos en que se dividieron las partes en que se privatizó Gas del Estado en 1992, ya que en los primeros años de la concesión, hasta 1997, “no se pudo verificar la información, porque las concesionarias no estaban aún obligadas a presentar balance a la Bolsa de Comercio, pero se supone que es el período en el que las empresas obtuvieron su mejor resultado”, escribe Dellatorre.

Los especialistas estiman que las transferencias por el mismo mecanismo podrían haber ascendido, en esos años, a unos US$ 40 millones para TGN y US$ 135 millones en el caso de TGS, sumando en los 24 años de concesión más de US$ 460 millones entre ambas empresas.

En los balances, dichas salidas figuraron como “gastos operativos” deducibles de impuestos, y no como remisión de utilidades a las casas matrices de los accionistas. Una forma de eludir el pago de impuestos pero, además, justificar la no realización de inversiones.

Infiere el autor de la nota que “esta práctica, se sospecha con fundamentos, no sólo se aplicó al segmento del transporte sino que se reiteró en los otros eslabones de la cadena”.

En todo este tiempo, las distribuidoras de gas pasaron por varias manos. En el caso de Transportadora de Gas del Sur (TGS), el principal accionista al momento de la adjudicación era el consorcio CIESA, controlado en un 50% por Pérez Companc y el 50% restante por el grupo Enron, dueños en conjunto del 70% del capital social de la concesionaria. 

Años después, Pampa Energía S.A. quedó con el 50%.; y el 50% restante lo compartían Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrante del grupo GIP, liderado por la familia Sielecki), WST S.A. (integrante del Grupo Werthein) y PCT L.L.C.

Hasta que del grupo GIP, de Sielicki (familia política del ex canciller Héctor Timerman), y el grupo Werthein le compraron a Pampa Energía el 50% del paquete accionario de CIESA, compañía dueña de Transportadora de Gas del Sur (TGS) operación que sumó US$ 241 millones a la empresa presidida por Marcelo Mindlin, que ya había recibido US$ 8 millones para adquirir Petrobrás Argentina, según informó en un documento enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La empresa accionista principal de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que entre 1998 y 2015 recibió honorarios por asistencia técnica por US$ 63,2 millones, al momento de la concesión era Gasinvest SA, integrada por TecGas (grupo Techint), Compañía General de Combustibles, Total Gas, Electricidad Argentina y Petronas.

La Corporación América, de Eduardo Eurnekian, se convirtió al ingresar en 2014 en el principal socio ya que, junto a Tecpetrol, propiedad del Grupo Techint, poseen 56% de Gasinvest, el principal accionista de la transportadora, de la que su controlada Compañía General de Combustibles es dueña del 40%. En tanto, el resto de las acciones de TGN se distribuyen entre Southern Cone Energy, con el 24%; y el 20% restante cotiza en la bolsa. Es decir que, de manera indirecta, la compañía de Eurnekian es propietaria del 22% del capital de TGN, que ahora se encuentra en venta.

Después de tantos pasamanos accionarios y en la gestión empresarial resultaría muy difícil pedir explicaciones acerca de las observaciones acerca de que las concesionarias computaron como pagos a beneficiarios del exterior, por cifras significativas, “honorarios por asesoramiento técnico” en favor de las propias empresas accionistas que surgieron del análisis de los balances de las empresas gasíferas realizado por los especialistas en auditoría contable consultados por Página/12.

Irregularidades

Adujeron que “los concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya comprobación fue jurídicamente exigida”. Y que, a pesar de ello, “resulta extraño que de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de la concesión contraten servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación”.

En cuanto a los balances de TGS, subrayan que destacaban el “sólido respaldo” que suponía que Enron Pipeline Co, controlada por el grupo Enron, formase parte del consorcio, brindando “una importante experiencia en la operación de gasoductos”.

Pero los mismos estados contables de TGS indicaban que “la principal operación recurrente con las sociedades relacionadas se vincula con el Contrato de Asistencia Técnica que la Sociedad suscribió con el operador técnico Enron Pipeline Co. Argentina”, que con el tiempo pasa a ser Petrobras Energía.

En tal sentido, pone de relieve que se encomendó el asesoramiento técnico para la operación del sistema de transporte de gas, de las instalaciones de procesamiento de gas y de otras instalaciones y equipos conexos, es decir, justamente la tarea para la que TGS fue concesionada, y la que se le adjudicó precisamente por la capacidad y experiencia demostrada en la materia.

Puntualiza que, por la tarea, Enron fue contratada por 8 años desde el mismo día de la concesión (28 de diciembre de 1992), con prórrogas automáticas y sucesivas por similar período.

La última prórroga corresponde a diciembre de 2014, ya en favor de Petrobras Energía, siempre a cambio de un pago de un honorario mensual independientemente que la empresa obtuviera utilidades o no.

A criterio de los auditores que participaron del análisis de los balances, “lo que jurídicamente las concesionarias de gas denominan honorarios por asesoramiento técnico, el criterio de interpretación de la realidad económica sugeriría que se trata de dividendos encubiertos”.

No se trata sólo de los honorarios técnicos, sino que también se observaron en otros casos (otras concesionarias) la existencia de préstamos del exterior que, en realidad, encubren transferencias de dinero entre empresas controladas o vinculadas, con el fin de hace figurar como pago de intereses de esa deuda, lo que en realidad era giro de dividendos o utilidades sobre balances que no mostraban las ganancias.

Ese tratamiento contable de las operaciones con los socios o accionistas tendría varias consecuencias.

Por ejemplo, el tratamiento impositivo: sobre el giro de utilidades al exterior (sobre rentas de fuente argentina) corresponde la retención de impuestos del 35% por Ganancias.

Si, en cambio, sale como honorario vinculado a una supuesta transferencia tecnológica, inscripta en convenios bilaterales como el existente con España, sólo paga el 10%.