Radiotaxis protestaron contra Taxi BA en la legislatura porteña

La iniciativa del PRO se suma a la polémica, que generó internas en el oficialismo, por el proyecto de los legisladores Daniel Presti y Claudio Palmeyro (hombre de Omar Viviani, del sindicato de Taxis) que propusieron conceder al Estado la posibilidad de bloquear Internet, también en el marco de la embestida contra Uber.

Según la Cámara Argentina de Radiotaxis (CAR), la aplicación Taxi BA que impulsa el Gobierno porteño llevaría a la quiebra inmediata a más de 42 Pymes, que también implementan una oferta digital para el usuario. Además, dicen que aplicación estatal Taxi BA que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta impulsa en la Legislatura desde esta semana, con el afán de combatir a Uber, "generaría un monopolio y competencia desleal por parte del gobierno".

El proyecto fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del GCBA y tendrá tratamiento en la comisión de Tránsito y Transporte, que preside Clauido Palmeyro (Sindical Peronista), dirigente del Sindicato de Peones de Taxis que dirige Omar Viviani.

Según Palmeyro, "para los Radiotaxis, la discusión de la aplicación oficial es por un negocio, porque para acceder a sus aplicaciones, el usuario tiene que pagar abonos de hasta $1.000".

Además, defendió las características del Taxi BA que impulsa el Gobierno porteño y agregó que "el proyecto establece que también habrá una opción para solicitar Radiotaxis" y que, según él "la aplicación oficial no los perjudica ni los beneficia, en cambio Uber si afecta a más de 37 mil taxistas".

También señaló "hemos tenido reuniones con representantes de Radiotaxis para consensuar pero no hubo acuerdo" y resaltó que "la prioridad es la actividad, el taxista. Los Radiotaxis son satélites".

Las empresas de Radio Taxi que brindan servicios a más de 300.000 pasajeros en forma diaria en la Ciudad de Buenos Aires son PyMES, las cuales requieren de una infraestructura física para brindar el adecuado servicio que imponen las normas.

En tanto, Miguel Bello, presidente de la CAR, afirmó que "el Gobierno porteño considera que está combatiendo una actividad ilegal, pero lo que hace es empujarnos a una competencia desleal con empresas multinacionales. Además, no tienen experiencia en desarrollar estas aplicaciones, que no son baratas. Detrás de esto, puede haber un negocio con tarjetas de crédito y empresas privadas que la desarrollen".

Además, desmintió a Palmeyro en cuanto al valor del abono por las aplicaciones. "Sólo se cobra un adicional de 6 fichas  al pasajero, que es lo que marca la ley 3622, para aplicaciones de última generación".

La Ley 3622 (Código de Tránsito y Transporte) obliga a contratar una gran cantidad de empleados para poder funcionar, inscripciones ante diversos organismos públicos y el correspondiente costo accesorio vinculado a tasas, impuestos y demás gravámenes.

“La modificación a la Ley que se pretende realizar, es inconsulta –ya que los miembros de la CAR nunca fuimos invitados a estos efectos, ni hemos participado en las deliberaciones. Permitirá la continuidad y el ingreso de más empresas que funcionen en el marco de la ilegalidad” continuo Bello. Esto perjudicará directamente a las empresas de radiotaxis que son empleadores, que contratan personal en relación de dependencia.

La Cámara ha solicitado infructuosamente una reunión personal con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para plantear el tema en cuestión, sin haber obtenido respuesta alguna. Por tal motivo se presentó una carta expresando su preocupación y requiriendo nuevamente la atención personal del Secretario de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Juan José Méndez.