Revelación PRO: Tarifazo porque Macri atendió al reclamo de gobernadores patagónicos

Sinceramiento PRO

Fue patética la imagen del jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el de Justicia y DDHH, Germán Garavano, en la conferencia de prensa en la que anunciaban un tope del 400% para tarifazos del gas que en las facturas figuraban de 3 dígitos y los jueces terminaron frenando en gran parte del país.

Aunque Peña apeló al latiguillo de la herencia recibida para justificar semejante despropósito, un diputado nacional del PRO dejó al descubierto que se trataría de una presunta concesión presidencial, al revelar que “los gobernadores de las provincias de la Patagonia productoras de gas fueron las que solicitaron la suba del valor del fluido en boca de pozo porque estaba muy barato” y que el mandatario neuquino Omar Gutiérrez “fue el primero que pidió el aumento de gas cuando Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre”. Aclaró el legislador que, como reciben regalías, “les convenía que haya una tarifa más razonable”.

Relativizó la posición de todo el arco político que rechaza la forma en que se aplicó el tarifazo: “Como son oposición, no tienen la responsabilidad de gobernar y tratan de hacer populismo”; le comunican un mensaje a la sociedad diciendo “que las cosas tienen que ser baratas y regaladas para todos”.

Y ya en vena arremetió contra los cacerolazos convocados para esta noche en todo el país, pronosticando que “esas marchas no van a tener una afluencia masiva, más allá de sectores políticos que movilicen a sus militantes”.

Pero López “se fue al pasto”, tal como había dicho Luis D´Elía refiriéndose al líder de Quebracho que instaba a derrocar al gobierno de Macri, cuando aseguró que “los vecinos, la gente común que carga nafta, que tiene Directv, que va al supermercado, entiende que es razonable que por la tarifa de un servicio tan esencial como es el gas, no paguemos valores ridículos”.

Redobló la apuesta al afirmar que le parecía “muy barato” el precio de la tarifa actualizada y agregó que “no es razonable que por 2 meses de gas pagues lo mismo que 3 docenas de empanadas. Si tenés Directv en tu casa y pagás $1.000 por mes, podés pagar $400 de gas; y si no podés pagar las dos cosas me parece más razonable dar de baja el cable y mantener el gas porque podemos vivir sin ver tele, pero no podemos vivir sin calefaccionarnos”.

Al respecto, el jefe del bloque del FpV-PJ, Miguel Pichetto, había argumentado ayer en la sesión del Senado que juntó al peronismo en contra del aumento tarifario, que impacta de lleno “en el sector de salarios de clase media, sectores que no pueden pedir la tarifa social”.

El senador por Río Negro aseguró que aún con el límite del 400% implementado en los últimos días, el aumento “es muy fuerte, difícilmente sostenible” para los usuarios. Además, le advirtió al macrismo sobre el peligro de la judicialización de los conflictos políticos. Sobre el final de la sesión le recordó que “no se puede tener suelto a (el ministro de Energía Juan José) Aranguren metiendo aumentos de 1.800%” y pedir un rol de “oposición responsable”.

En el tamiz de sus declaraciones queda que la decisión del gobierno nacional respecto de las tarifas fue fruto de una concesión a los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas antes que de política económica.

Aglutinación peronista

En la misma dirección, la home de VcF relaciona cómo el desatino en torno de las tarifas del gobierno nacional volvió a aglutinar en el Senado, al igual que sucediera con el proyecto de ley antidespidos, a lo que queda del FpV-PJ, el Peronismo Federal y el resto de los senadores de la oposición, que lograron ayer alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de ayer cuatro proyectos contra el tarifazo de gas que se aprobaron por 42 votos a favor y 13 en contra de Cambiemos.

Los senadores le reclamaron al Gobierno que cumpla el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que suspenda el aumento hasta tanto se realicen las audiencias públicas y se expida la Corte Suprema de Justicia.

Ayer (miércoles 13/07), además se aprobaron los dos proyectos que ya venían consensuados desde diputados: la ley de fomento para pymes y la ley de autopartes. Pero, antes de iniciar el tratamiento de estos temas, el FpV-PJ pidió que se debatiera el aumento de las tarifas que logró un amplio respaldo. Si bien no son proyectos de ley, implican un fuerte mensaje político al gobierno nacional.

El diputado nacional del PRO por Neuquén, Leandro López, cargó contra el Movimiento Popular Neuquino: “Tiene que estar a favor de este aumento porque son ellos los que lo pidieron”, les reclamó.

Y a los del FpV que se mostraron muy activos en esta comunicación les recordó que “subsidiaban a los ricos, y los pobres, que no tenían gas natural en su casa, pagaban 10 veces más que alguien con pileta climatizada o calefacción central”, disparó.

Explicó que el gobierno anterior, por subsidiar el gas, dejó de “hacer escuelas, hospitales, autopistas, y no hizo inversiones energéticas llevándonos al colapso que tenemos ahora, donde el 30% del gas se tiene que importar. Algo mal se hizo en Argentina, porque en 2003 se exportaba gas y se terminó importando de Chile en 2015”.

Encuadre técnico

El economista roquense Claudio Scaletta, de reconocida militancia kirchnerista, sobre la necesidad de importar energía explicó que cíclicamente se pierde el autoabastecimiento al final de largos períodos de crecimiento con bajo desarrollo, escasez relativa de divisas, o sea restricción externa, “una situación que altera todas las variables macroeconómicas, como por ejemplo el déficit de cuenta corriente y las presiones sobre el tipo de cambio”.

Él reconoció que “es evidente que algo no funcionó del todo bien en la política energética, pero no necesariamente ese algo fue la política tarifaria. Sí es verdad que muchas tarifas habían quedado rezagadas aumentando progresivamente el déficit en relación al producto. Pero ello no justifica el pésimo ajuste realizado por la nueva administración. Si lo que se buscaba con el ajuste tarifario era eliminar subsidios, algo que podría ser comprensible y necesario en muchos casos, no se entiende por qué se duplicaron alegremente los costos del gas pagados a las petroleras, lo que motivó la continuidad de los subsidios que se suponía se querían eliminar”.

Y desgranó a continuación la trama íntima que condujo al tarifazo: si  ya hablaban de nuevos aumentos a fin de año era porque el precio del gas en boca de pozo, o el “precio de ingreso al sistema de transporte” (PIST), como se lo conoce en la jerga, había pasado de poco más de US$ 2 el millón de BTU a casi US$ 5, pero subieron los costos totales del sistema y las nuevas tarifas siguen sin cubrirlos en su totalidad.

En consecuencia, mirando a trasluz las inextricables boletas de gas, en las que hay como diez categorías de usuarios y varios componentes, surge que lo que paga por el precio del gas, que está determinado por el PIST y que representa más o menos entre el 65% y el  80% de la factura, dependiendo si es consumo domiciliario o industrial, y el resto, que es lo que se paga por el transporte y la distribución.

Pero yendo más al fondo se advierte que, cuando se produce el tarifazo a fines de marzo, en el mismo acto administrativo el gobierno aumenta ese PIST, con el argumento de incentivar las inversiones para lograr el autoabastecimiento.

“Eso no es cierto porque ya existía un valor de alrededor de 7,5 dólares el millón de BTU para el “gas nuevo”, es decir, para el que se demostraba provenía de las nuevas inversiones”, advierte Scaletta, con lo cual “la duplicación del precio recibido por el ´gas viejo´ suma mayores ingresos a las gasíferas por alrededor de US$ 3.000 millones anuales, y los US$ 5  por millón de BTU que ahora se pagan son más de 2,5 veces el costo de producción promedio de YPF, que es de US$ 1,9 según determinó una investigación de la Fundación Bariloche”.

Pero lo peor “es que por esa transferencia multimillonaria, a las petroleras no se les exigió nada a cambio”, y termina preguntándose “por qué no se aprovecharon los coyunturales bajos precios internacionales para producir una transición más gradual en vez de contribuir al shock económico”.

Desmiente, finalmente, a los que dicen que el gobierno de Macri comunica mal: “No miran que logró ocultar esta potente transferencia de recursos hacia las petroleras, transferencia que debería ocupar el centro del debate en las futuras audiencias públicas”, remata.

Por si éramos pocos, llegó el INdEC

Otro entrevistado por VcF en torno del fenómeno político, económico y social disparado por el tarifazo fue el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Andrés Asiain, quien con el “sorpresivo” índice de inflación para junio difundido por el INdEC a la vista, remarcó que el incremento inicial de las tarifas ya “repercutió en los precios”. Y que, por más que ahora se moderen con el parcial retroceso, “todos sabemos que los precios suben, pero nunca bajan”.

Su explicación rescata de algún modo de la hoguera al ministro Aranguren, rodeado siempre de la suspicacia de tener intereses sectoriales concretos, y echa luz sobre un funcionario que permaneció en las sombras en todo este proceso, el ministro de Economía Alfonso Prat Gay, cuando señala que estas acciones del gobierno “muestran, no sólo una orientación política equivocada, sino que hay mucho desastre en el manejo de la política económica por errores de gestión”.

Asiain explicó que se trabajó “en la creación de un consenso durante la etapa anterior en contra de los subsidios, y mucha gente se sumó a esa idea, lo cual implica una política de aumentar las tarifas, pero el combo está muy mal gestionado”.

Para el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, lo que debería plantear el gobierno, en lugar de dejar que el mercado decida todo, es “un objetivo de precio de la energía que tenga en cuenta, por un lado, metas de inversión y producción de las empresas tanto de extracción como de distribución, y por el otro, la estructura de costos de los distintos sectores de la economía y de la familia”.

Aclaró que estamos ante “un mercado que no existe, porque es un sector ultra concentrado donde los precios son regulados”.

Finalmente, Asiain resumió la situación como “una política bastante caótica y que muestra un grado muy elevado de improvisación en materia energética”, a pesar de que “el que está a cargo es un empresario del sector, que supuestamente, porque era un CEO de Shell, sabía de energía”.

También calificó a las políticas del gobierno como “mal tomadas, incluso desde su posición ideológica”, ya que los funcionarios “creyeron que con la política de shock de aumento de tarifas y del dólar se podía modificar la distribución del ingreso como ellos querían, a favor de ciertos sectores económicos, exportadores y empresas de servicios públicos”.

Y aclaró que “no se dan cuenta que si aumentás el dólar y las tarifas; al otro día aumentan los precios y después los salarios, y no generás nada; sólo incertidumbre e inflación, que es lo que está pasando ahora”.