El CELS se quejó del protocolo antipiquetes

A través de su cuenta de Facebook y Twitter, el CELS enumeró siete puntos para sentar su posición contraria a la medida, que ya había sido anticipada en su momento por la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich.

La entidad observó que "según el protocolo, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".

Tras denunciar que "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social", el CELS remarcó que el nuevo reglamento "no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar".

"La prohibición del uso de armas de fuego se había logrado en 2004 y fue volcada en la resolución 210/2011", recordó el organismo, en tanto agregó que, además, "limita el ejercicio del trabajo periodístico y su efecto de control sobre los operativos policiales".

Finalmente, la entidad dirigida por el periodista Horacio Vertbisky sostuvo que "todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".

Bullrich presentó en San Carlos de Bariloche (Río Negro), a los gobiernos provinciales, el protocolo para regular la protesta social. Este jueves (18/2) en declaraciones a radio La Red, explicó los alcances de la norma y cómo actuarán las fuerzas de seguridad ante los cortes de rutas y piquetes.

"Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar", sintetizó la funcionaria y amplió que "si no se retiran se procederá a liberar la calle. Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata".

Luego, aclaró que "no es que se van a prohibir todas las manifestaciones, no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa de cuál es el recorrido. Lo que no se va a poder hacer más es decir mi manifestación es cortar Avenida de Mayo y 9 de Julio".

“Si sabemos que van a cortar la Panamericana, la primera linea de agentes tendrán armas no letales", garantizó la funcionaria y puntualizó que “habrá un uso mínimo de las violencia legítima, pero sin armas de fuego".

"A partir de ahora todos van a saber a qué atenerse", añadió.

"Les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos", sentenció la ministra.

"A quienes protesten con capuchas y palos se les van a secuestrar los elementos contundentes. Y si se niegan se los va a detener", agregó.

Aquí el comunicado completo del CELS:

"El gobierno nacional dio a conocer un protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas que otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.

Esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión. Además, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo con declaraciones amenazantes que completan el espíritu antidemocrático de la medida.

Uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos. La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e imprecisos.

Es decir que el gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. El texto de la resolución también limita el trabajo periodístico ya que la policía indicará a los trabajadores de prensa dónde pueden ubicarse. Esto afecta de manera negativa la libertad de prensa e impide el control que el registro fotográfico y audiovisual ejerce en el trabajo policial, como se ha demostrado en el esclarecimiento de homicidios cometidos por la policía en protestas sociales.

La resolución delega en las fuerzas de seguridad federales y provinciales la elaboración de los protocolos operativos que regulan la intervención en las protestas sociales  y que incluyen aspectos críticos como el uso de la fuerza. Sin embargo, las autoridades no pueden renunciar a sus funciones de gobierno y control político de las fuerzas en aspectos esenciales para la vigencia del ejercicio de los derechos fundamentales.

En 2011, las provincias adhirieron a los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas”, orientados a proteger y garantizar los derechos involucrados en las protestas sociales. Por un lado, las autoridades provinciales y nacionales deben ratificar la vigencia de estos principios. Al mismo tiempo, los Criterios deberían ser convertidos en una ley destinada a proteger a largo plazo y en todo el país los derechos humanos en las protestas sociales."