La 'CGT Balcarce' se saca un lastre de encima

Es que uno de sus principales referentes, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, estaba siendo investigado por una denuncia del sindicato SITRAIC por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad por haber cumplído funciones como personal civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejercito Argentino en el período 1982/1984.

Pero el juez de la causa, Ariel Lijo, resolvió este viernes archivar la causa ante el pedido que había realizado un día antes el fiscal Jorge Di Lello. No obstante, el gremialista aún no ha sido sobreseído.

Para hacer lugar al archivo que propuso Di Lello, Lijo tuvo en cuenta que no pudieron incorporarse elementos que permitieran generar un cuadro de "imputación mínimo" que sea acorde a los presupuestos de la responsabilidad penal para iniciar una investigación penal, informa el Centro de Información Judicial.

Es decir, luego de las medidas preliminares llevadas a cabo, no se incorporaron pruebas que permitan describir una imputación a Gerardo Martínez en su participación en un hecho concreto dentro de esa estructura.

No se trata de un sobreseimiento, sino de desactivar la denuncia por si en el futuro aparece información que apoye sus términos y permita reactivarla. "Me pronunciaré en favor de mantener un criterio expectante", dijo el fiscal.

Martínez era visto como un posible candidato del Gobierno para la CGT, pero sus aspiraciones quedaron congeladas cuando su nombre apareció en la lista de agentes del Batallón de Inteligencia 601.

La presidenta Cristina Fernández lo saludó desde el atril este jueves, en un acto y se refirió a él como "compañero de la Uocra". También lo tuvo a Martínez sentado al lado suyo cuando los referentes de la CGT Balcarce se reunieron con la mandataria en la Casa Rosada.

Las tareas de Martínes surgieron de información desclasificada publicada por el Archivo Nacional de la Memoria. Martínez aparece como personal civil de inteligencia que revistió en el período 1976

Según el dictamen de Di Lello, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando era liderada por el fallecido Eduardo Luis Duhalde, informó que de las constancias que tenían ellos sobre los desaparecidos de la Uocra "no había mención alguna de su participación [de Martínez] y que las desapariciones fueron anteriores" a que trabajara como agente.

"La totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o ex trabajadores de actividades ligadas a la construcción fueron anteriores al 1° de marzo de 1982, fecha en que, según los registros, Gerardo Alberto Martínez fue incorporado al Ejército como agente civil de inteligencia", decía el informe citado por Di Lello.

Además, el fiscal tuvo en cuenta que en su legajo personal secreto no hay anotaciones acerca de la participación de Martínez en "comisiones especiales", como se denominaba a la participación de agentes en la represión ilegal de la subversión.

Si bien el juez Lijo, en otra causa, consideró al Batallón de Inteligencia 601 "una organización delictual", el fiscal Di Lello señaló que "no puede entenderse que la sola pertenencia al grupo resulte orientativa de que el imputado participaba de los fines de la sociedad criminal"..