FESTEJOS EN CHILECITO

Famatina festeja: Fallo judicial posterga el proyecto minero

La Justicia de Chilecito ordenó suspender el convenio entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja y la corporación mega-minera Osisko, hasta que se cumpla con la Ley de Glaciares.

A las 18:00, reunión frente a la Iglesia de San Pedro, en Famatina, para luego marchar en caravana a Chilecito. Los pueblos se abrazan para celebrar el fallo judicial y pedir la implementación de la Ley de Glaciares en La Rioja.

Según informó el Diario de Chilecito, el juez de ese departamento riojano, Daniel Flores, falló que "se suspenda la vigencia del convenio entre EMSE y Osisko hasta que se realicen los estudios para ver si efectivamente los glaciares están dentro de la zona exclusiva y si pueden ser dañados, cosa que la ley prohíbe”.

Esto significa que, hasta que se haga el inventario de zonas de glaciares y ambiente periglacial en La Rioja, certificada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, no habrá posibilidad de avanzar el proyecto extractivo.

Para el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, iniciador del amparo, se trata de “el primer golpe que la Justicia le da al gobierno provincial”.

El jefe comunal se encuentra enfrentado al gobernador de la Provincia, Luis Beder Herrera, quien creó la empresa estatal EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado) para conseguir la licencia social, a través de un mayor porcentaje de regalías para el Estado, en una estrategia consensuada con la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros).

Sin embargo, los pueblos de Famatina y Chilecito rechazan que se explote su cerro, cuyos glaciares son fuente de identidad regional, y de agua.

El secretario de Ambiente provincial, Antonio Brizuela, había expresado: "Acá en La Rioja no hay glaciares".

Sin embargo, tras las críticas de las organizaciones sociales, él aseguró que el gobierno provincial firmará un convenio con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología), dependiente del CONICET, que tiene ya un convenio con la Secretaría de Ambiente para la realización de los inventarios que demanda la Ley de Glaciares.

La cuestión había surgido también luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque en realidad las medidas cautelares solamente se aplicaban en San Juan.

Sin embargo, como golpe de efecto, las asambleas de Famatina y Chilecito, entre otras, plantearon: "Esto obliga al gobernador Beder Herrera, a respetar los 400 glaciares de la provincia, y fundamentalmente a anular el convenio con Osisko, toda vez que en el Famatina existen glaciares y zonas periglaciares protegida por la Ley".

Ahora, el Poder Judicial dio un paso importante en el derecho a un ambiente sano.

Corte Suprema

Debe recordarse que, a comienzos de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.

Se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.

En concreto, las cautelares se referían a la definición de glaciar (art. 2), a la creación del Inventario Nacional de Glaciares (art. 3), a la realización de un inventario (art. 5), a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares (art. 6), a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental (art. 7), y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental (art. 15).
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Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti,  Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.

“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’.  Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.

En efecto, indica la Corte, “el artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglaciar, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por la ley”.

Por otro lado, el tribunal dijo que no se advierte cuáles son los “efectos irreparables” en los intereses de las empresas que advirtió el juez para suspender la aplicación de un régimen jurídico que busca preservar a los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

En ese marco, la Corte advirtió que “los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada, que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico”.

“A la luz de los principios señalados, la medida precautoria dispuesta por el a quo no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia. Ello es así, no sólo por la falta de adecuación entre la violación constitucional alegada y las consecuencias de la medida dispuesta, sino también porque, en la tarea de ponderación, el juez debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la ley 26.639 tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia, debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido considerados en el sub lite”, concluyó.

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