HAY QUE INVENTAR OTRO TEMA YA
Después de la tiroides vuelve a hablarse del torniquete fiscal
Hasta ahora, y en parte gracias a la cirugía a que se sometió Cristina Fernández, el Ejecutivo Nacional consiguió que el ajuste fiscal en marcha no estuviera en el foco de la opinión pública. Pero hay que convenir que el ajuste recién comienza y no habrá cirugías todos los días... La imaginación de la Casa Rosada será puesta a prueba pero también su pericia político-económica.
08 de enero de 2012 - 15:19
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Hay que reconocerle un mérito a la estrategia de marketing & comunicación de la Casa Rosada: recién el domingo 08/01 se comenzó a informar sobre el fenomenal ajuste tarifario en marcha.
Es obvio que esto ocurre porque se desinfló lo de la enfermedad de Cristina Fernández, y por eso se impone que el Frente para la Victoria intente promover otros temas en las próximas horas, además de rogar de que durante la semana en curso llueva y no solo para aplacar los rumores negativos sobre producción agropecuaria sino también... para que se hable de la lluvia.
En el interín, Mauricio Macri recibió una andanada por el ajuste en la tarifa de Subterráneos que autorizó a la empresa concesionaria del servicio, Metrovías.
Es posible que, también en nombre de una estrategia de marketing & comunicación, él pusiera tanto empeño en participar del fútbol-política en Mar del Plata junto a Daniel Scioli, y así distanciarse de la cuestión tarifaria porteña, que no es menor.
También es probable que Macri aceptara casi sin chistar la transferencia de Subterráneos de la Nación a la Ciudadpara que ese tema disminuyera el impacto del otro ajuste que se vive en la Ciudad, con el Alumbrado, Barrido y Limpieza, y otros tributos.
Desde el punto de vista de Macri, el costo político del ajuste de la tarifa de Subterráneos puede, en todo caso, compartirlo con la Casa Rosada mientras que el del ABL no.
A su vez, es probable que la Casa Rosada se empeñara en acelerar el traspaso del servicio de Subterráneos a la Ciudad para transferirle a Macri en todo lo posible el costo político de ajustar tarifas, y así quitar de escena los otros ajustes tarifarios que ha iniciado ya el Ejecutivo Nacional.
En definitiva, hay 5 coincidencias posibles:
> Hay un ajuste tarifario en marcha y que es amplio,
> Cada actor del ajuste intenta transferir el costo político a otro,
> Todos se preparan para una economía 2012 más difícil que la de 2011 pero, al menos desde la oposición intentan no asumir el rol de 'pájaro de mal agüero',
> Hay inquietud por cuál será la conclusión de la opinión pública en breve, y
> Se encuentra en problemas la expectativa de tope salarial antiinflacionario que Cristina Fernández había compartido para 2012 con la Unión Industrial Argentina.
Luego, algunos fragmentos dominicales:
"(...) La letra chica en las facturas impositivas contrasta con el ostensible sello en tinta roja con la leyenda "consumos subsidiados por el gobierno nacional" en los servicios públicos de electricidad, gas y agua, que pronto pasará a ser historia para muchos usuarios residenciales del área metropolitana.
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A diferencia de lo que ocurrió con los subtes, donde logró endosarle buena parte del costo político a la administración de Mauricio Macri, el gobierno kirchnerista optó por transferir a cada uno de los millones de consumidores de Capital Federal y Gran Buenos Aires la decisión de suprimir los subsidios estatales. La alternativa previa, consistente en la "renuncia voluntaria" como gesto solidario, no tuvo mucho eco a pesar de la campaña publicitaria con figuras del ambiente artístico y deportivo: en la página web del Ministerio de Planificación sólo se inscribieron hasta ahora 20.721 adherentes, entre ellos, todos los integrantes del gabinete nacional.
Ahora, quienes no renuncien a subsidios que tampoco habían pedido en 8 años, recibirán con las próximas facturas una carta que, en caso de no ser respondida para justificar caso por caso una nunca aplicada "tarifa social", dará lugar al fin del beneficio, sin ningún tipo de gradualismo ni opción intermedia.
(...) Las altas temperaturas del verano también pueden provocar sofocones con las próximas facturas de electricidad, cuyo subsidio para un consumo medio de casi 500 MW/h alcanza a 66,3% ($ 74 sobre un total de $ 112) y que, de eliminarse, dará lugar a un aumento de 213,4%. Tampoco hay evidencias de que vayan a suprimirse las penalizaciones por mayor consumo establecidas en el programa de racionalización energética (Puree), que se calculan sobre la bajísima base de 2003.
En el caso de AySA, la tarifa de agua (sin medidor) incluye un subsidio de 74% ($ 69 en una factura de $ 94), cuya quita implicará un incremento de 217%. Y en el de un alto consumo invernal de gas natural (equivalente a 137 garrafas), subsidiada hasta ahora con el 50% de un monto mucho más alto ($ 528 sobre $ 1060), equivaldrá a un alza de casi 100%.
En suma, quien hoy paga bimestralmente $ 600 en las épocas de mayor consumo (invierno en gas y verano en electricidad) tendrá un gasto superior al doble (112%), o sea, $1.265 por los tres servicios. Todos estos aumentos por quita de subsidios no implican alzas en los ingresos de las empresas; por lo tanto, cualquier cambio para mejorar servicios implicaría ajustes adicionales.
En este marco, el problema no es sólo el alza de 127% aplicada sin anestesia en la tarifa de los subtes, sino su carácter de puntapié inicial para una futura sucesión de aumentos en impuestos y servicios públicos, donde la inflación parecía no existir y que, sumados, deteriorarán el poder adquisitivo de quienes dejen de estar subsidiados. Los alcances de esta inflación "ensobrada" en las facturas exceden los 56 pesos adicionales por mes que, en promedio, deberán afrontar quienes realizan un viaje de ida y vuelta por día hábil (dado que el costo de 20 pasajes de subte saltó de un día para otro de 44 a 100 pesos).
En principio, el kirchnerismo consiguió que el primer "tarifazo" masivo anunciado en letras de molde fuera adjudicado mayormente al jefe de gobierno porteño, que nada tuvo que ver con el congelamiento previo. De paso, se ahorra unos US$ 84 millones anuales, una cifra insignificante frente a los casi 20.000 millones en "subsidios para todos" que se habían tornado insostenibles y que ahora se empeña en bajar cuanto sea posible. Casi nadie ha puesto en duda la razonabilidad de la transferencia, ya que está fuera de toda equidad que el interior del país subsidie con sus impuestos (explícitos, o a través de la inflación) a los usuarios de los subtes porteños, cuyas tarifas cubrían hasta la última semana apenas el 30% de sus costos operativos.
De hecho, la nueva tarifa es similar a la de los colectivos en muchas ciudades provinciales, aunque todavía duplique a los del área metropolitana. Más difícil resulta saber por qué Macri aceptó asumir con tanta urgencia aquel costo político, cuando podía haber negociado que el traspaso se concretara después de que las tarifas fueran aumentadas por el gobierno nacional. Después de todo, la baja a la mitad de los subsidios a los subtes fue una decisión previa a una transferencia que ni siquiera tiene los contratos reformulados."
"(...) Con el traspaso, la Nación se ahorró al menos $ 360 millones en 2012 y el doble a partir del 2013. Mauricio Macri decidió pasar el mal trago de aumentar el boleto un 127% lo más rápido posible y dijo asumir el "costo político" que ello implica. Fue curioso escuchar de boca de funcionarios nacionales que justificaron los aumentos que se producirán por la quita de subsidios hablar de tarifazo en el caso de la Ciudad.
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Curioso fue también que tanto la Nación como la Ciudad utilizaran el mismo argumento a la hora de justificar la quita de subsidios, en el caso de la primera, y de aumentar el boleto del subte, en la segunda.
"Queremos dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda. Queremos dejar de subsidiar empresas para subsidiar personas". Estas palabras fueron pronunciadas por el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, al desmentir inminentes aumentos en los servicios de colectivos y trenes. El mismo argumento sostuvieron desde el macrismo para justificar el alza.
Lo cierto es que la Nación deberá adecuar las tarifas de los colectivos y trenes entre febrero y marzo, si cumple con lo que anunció. Y cuando lo haga provocará malhumor, por más que se redireccionen los subsidios para contemplar a los más necesitados a través de la tarjeta SUBE.
Desde la Casa Rosada deberían saber que las protestas que produjeron el aumento del subte son una muestra de lo que podría pasar cuando se comiencen a aplicar los incrementos en los otros servicios.
En los próximos días también comenzarán a llegar las primeras boletas de esos servicios públicos sin subsidios (o con aumentos en la práctica para los usuarios).
Las metodologías empleadas por Nación y Ciudad fueron distintas y diferentes la forma de comunicarlas. Mientras los primeros argumentaron "sintonía fina" y "solidaridad" y decidieron escalonar las subas; los segundos aplicaron los aumentos sin anestesia. En ambos casos generan malestar."
"(...) Con rápidos sondeos en la mano, en el gobierno porteño mostraban, el viernes último, que, para el usuario en general, la bronca era tanto para el macrismo, por disponer el aumentazo, como para la Casa Rosada, por "soltarle la mano" a toda esa gente y restarle al sistema la mitad del subsidio que, hasta ahora, permitía mantener el boleto en $1,10. La estrategia podría terminar de complicarse si, tal como se admite en los pasillos del kirchnerismo, y al margen de un tibio desmentido del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, más temprano que tarde Cristina deberá autorizar una suba similar o mayor en trenes y colectivos.
La pregunta acerca de si la presidenta tendrá espaldas suficientes para soportar el descrédito que supondrá la aplicación del ajuste en todas sus líneas, y no en cuotas, sino de un solo golpe, como ha empezado a suceder, encontraba, el mismo viernes, variadas respuestas, en despachos del oficialismo.
A ese panorama complicado hay que agregar el estado de virtual ebullición social en el que se encuentra la mayoría de las provincias, algunas de las cuales vienen advirtiendo, desde antes de que el cáncer de tiroides de Cristina copara las primeras planas, que el peligro de verdaderos estallidos en sus jurisdicciones no es sólo una chicana política para conseguir mayores fondos. Lo que acaba de ocurrir en Santa Cruz es, tal vez, el caso más elocuente de ese descontento.
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No es menos grave la situación en Córdoba, donde no se pagó el medio aguinaldo y hay dudas sobre el sueldo de enero; o en Mendoza, según acaba de confesar el gobernador cristinista Francisco Pérez; y, de hecho, en Río Negro, donde la muerte de Carlos Soria dejó, por algunos días, a un costado la atención sobre la decisión de desprenderse de cientos de empleados públicos.
Para colmo de males, se sabe ahora en toda su amplitud que aquel compromiso que graciosamente firmaron antes de fin de año los mandatarios de diecisiete provincias con Cristina Fernández en la Casa Rosada, para refinanciar deudas provinciales, era, en realidad, un verdadero salvavidas de plomo. Ese acuerdo las obliga a ajustar duramente sus cuentas fiscales y sus planteles de personal, además de ordenar una reducción de pagos extras de salarios y otros beneficios. Y pesa sobre más de 300.000 agentes estatales nacionales la ley alumbrada al amparo de los festejos de fin de año, que dispuso revisar cientos de miles de empleos de personal contratado.
Seguramente, la presidenta se anotició, desde su lecho de enferma, de los acercamientos que se han producido, en las últimas horas, entre Hugo Moyano (que estaba dispuesto a conceder una tregua en su pelea con Cristina hasta abril o mayo, o hasta que se recupere totalmente de su dolencia) y el combativo Pablo Micheli, de la CTA disidente, para armar una estrategia destinada a resistir que el ajuste que viene arranque por el salario o el bolsillo de los trabajadores. "No nos une el amor, sino el espanto", dijo Micheli, con impronta borgeana. "Hemos logrado que se junten el agua con el aceite", se quejó, con ceño fruncido, un operador con despacho en la Casa Rosada. (...)".
"(...) Pocos recuerdan que, a poco de asumir por primera vez, en diciembre de 1991, la gobernación de Santa Cruz, Néstor Kirchner aplicó por decreto un ajuste cuyos seguidores hoy no dudarían en calificar de salvaje. Las cuentas fiscales de la provincia estaban en rojo y, para equilibrarlas, Kirchner ideó una rebaja en los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados locales del 15% en los haberes superiores a 500 pesos y del 10% en los inferiores a aquel monto.
Mediante el mismo decreto, el entonces gobernador santacruceño declaró "la imposibilidad del pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos" correspondientes a diciembre de 1991 y a la segunda cuota del aguinaldo de ese año. Un año después, con las cuentas más ordenadas, las deudas salariales comenzaron a ser devueltas en cuotas.
Aquel decreto provincial, que llevó el número 309/92, tenía las firmas del actual titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, entonces ministro de Gobierno de Santa Cruz; de Alicia Kirchner, ex ministra de Asuntos Sociales del distrito, y de Ricardo Jaime, ex secretario de la gobernación, hoy procesado tras su triste paso por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Los problemas fiscales de Santa Cruz vuelven a manifestarse con crudeza en estos días. Pero esta vez, al gobernador Daniel Peralta tomar medidas parecidas a las instrumentadas por Kirchner veinte años atrás le costó la reprimenda de la Casa Rosada y la renuncia de varios ministros provinciales, entre ellos los vinculados a la agrupación La Cámpora.
Tal vez inspirada en la primera decisión de su esposo cuando llegó a la gobernación de Santa Cruz, Cristina Kirchner firmó días atrás un decreto para revisar los sueldos de 300.000 empleados de la administración pública nacional en lo que respecta a bonificaciones y suplementos. Las necesidades fiscales, anunciadas con la eliminación de los subsidios a las tarifas de agua, luz y gas, son ya innegables.
Las inconsistencias del modelo kirchnerista se ven agravadas por un nuevo enemigo: la sequía. En los últimos días, mientras la militancia reunida frente al hospital Austral recitaba plegarias por la salud de la Presidenta, otros funcionarios miraban al cielo esperando la lluvia.
Si las condiciones climáticas no mejoran, hay quienes aventuran que las pérdidas para los productores y para el Estado nacional por las menores cosechas de soja y maíz podrían acercarse a las de la campaña 2008/2009, cuando se perdieron 30 millones de toneladas."