El Procurador Sosa analiza acudir a la CIDH para que el gobierno K le devuelva su cargo

(Tiempo Sur).-La medida es analizada junto a su patrocinador, el constitucionalista Daniel Sabsay, quien la pasada semana de paso por Río Gallegos, vertió -respecto a este tema- duros conceptos sobre la justicia santacruceña.
Ayer, en un breve diálogo telefónico con Tiempo Sur, el doctor Sosa confirmó una publicación periodística nacional que daba cuenta del pedido de Sabsay para que la Corte Suprema dicte un pronto despacho sobre el tema en cuestión. Agregó que de no ocurrir en lo sucesivo, la siguiente vía es presentarse ante una Corte internacional.
Cabe recordar que la situación se remite al año 1995 cuando el entonces gobierno provincial de Néstor Kirchner, al iniciar su segundo mandado, decidió la ampliación de los miembros del Superior Tribunal de 3 a 5.
Una ley provincial removió al Procurador General violando la estabilidad que le garantizaba la Constitución de la Provincia. El propio Superior Tribunal de la provincia declaró la inconstitucionalidad de la ley mencionada, pero no dispuso medidas para su restitución.
Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en tres oportunidades a favor del doctor Sosa, aunque la medida nunca fue acatada por la justicia local. La Corte había pedido que se restituya a Sosa el mismo cargo del que gozaba entonces, aunque éste ya no existe en nuestra provincia.
El último antecedente del "caso Sosa" se remonta a mediados del año pasado cuando el Máximo Tribunal de Justicia de Santa Cruz decidió "no restituir" al ex procurador general Emilio Sosa, removido de su cargo en 1995 mediante una ley en lugar de un juicio político y falló por el pago de una indemnización de 1.200.000 pesos.
La Justicia de Santa Cruz decidió por mayoría "hacer lugar a un pedido de la Corte Suprema de la Nación, pero no hizo lugar a la reposición en el cargo al accionante y sustituyó el contenido de la máxima sentencia por una indemnización en dinero", explicó en ese momento el secretario del Tribunal de Justicia, Gustavo Arrieta, al dar a conocer el fallo.
En los fundamentos, los miembros del Tribunal santacruceño sostienen "que de cumplir el fallo de la Corte Suprema de la Nación, provocaría en Santa Cruz una grave situación de trastorno en el orden público" ya que existirían más de un funcionario con las mismas funciones.
Respecto de la indemnización, Arrieta apuntó "que el grave trastorno de orden público prevé esa sustitución en dinero" y consideró que el monto total que debería percibir el ex Procurador General "es de aproximadamente un millón doscientos mil pesos, que deberán ser depositados por el Gobierno de Santa Cruz en el término de 60 días".
Por su parte, Sosa tras "rechazar" el fallo y adelantar "que en diez días presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación", aseguró "que el verdadero trastorno del orden público es no respetar al máximo tribunal del país".
Sobre de la indemnización, dijo: "no puedo aceptar, no considero que sea éste el fallo que deba sustanciarse; lo que estoy pidiendo es la reincorporación en el cargo y no quiero que quede esto como antecedente".
El Tribunal en esta oportunidad estuvo integrado por los jueces Ricardo Napolitani, Daniel Mariani, Enrique Peretti, como titulares y los vocales subrogantes: Marcela Topcic y Luis Cancelo.
Días atrás, en la oportunidad de asistir invitado por la Asociación de Abogados y la Municipalidad de Río Gallegos a la capacitación sobre Audiencias Públicas, el constitucionalista Sabsay se refirió a este tema considerándolo un "caso emblemático".
En la confitería del Hotel Santa Cruz, en diálogo exclusivo con el programa radial "Sin Condiciones" – emitido por Tiempo Fm – el doctor Sabsay por la situación en la que se encuentra el "Caso Sosa", hizo mención a su intervención. Situación que le pareció emblemática en cuanto a la falta de acatamiento de la Justicia santacruceña frente a determinaciones de instancias superiores.
"Todos los recursos extraordinarios que tuvimos que hacer y seguimos con uno pendiente, frente a los incumplimientos manifiestos y vergonzosos del Superior Tribunal de Santa Cruz. Es un tema que seguiremos luchando, esperando que prontamente la Corte Suprema de la Nación intervenga, porque pareciera que en este tema no se anima a fallar y es muy grave, porque en realidad se trata de una desobediencia de un tribunal local respecto a varias decisiones tomadas por la Corte Suprema Federal. Una desautorización manifiesta y vergonzosa".
Más adelante, Sabsay agregó: "Lo considero emblemático por la dificultad de la Argentina de consolidar el estado de derecho y marca todavía las influencias decisivas que tienen las necesidades del poder político por sobre la independencia de la justicia. Eso es muy grave, porque cuando no hay una justicia independiente es imposible tener una democracia sólida.
Pedidos de restitución
En abril del 2005, cuando se conoció el fallo de la justicia provincial, el diputado Omar Hallar presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados manifieste su preocupación por el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de nuestra Provincia que no hace lugar a la restitución del Dr. Eduardo Emilio Sosa en su cargo de Procurador General.
Hallar expresó que el fallo del TSJ desoye, una vez más, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ordenara reiteradamente la reincorporación del Dr. Sosa en virtud de la inconstitucionalidad del Artículo 90 de la Ley Nª 2.404 que produjo su remoción, violando elementales principios del sistema democrático como son la inamovilidad de los magistrados y funcionarios judiciales, tendientes a asegurar la división de los poderes que la República exige.
En la iniciativa se destaca que durante el período legislativo del año 2000 el bloque de la Unión Cívica Radical acompañado por los bloques del Frepaso y del Mofesa presentó un proyecto de Resolución conminando a la Fiscalía de Estado de la Provincia a que se abstenga de asumir una conducta contraria a derecho y arbitre los medios dirigidos a cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con relación a este tema.
En tanto, en esa oportunidad la Asociación de Abogados de Río Gallegos solicitó al Presidente del Tribunal de Cuentas que inicie el juicio administrativo de responsabilidad a los funcionarios autores de la ilegal remoción.
Fue a través de una misiva enviada al Presidente de Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz el Contador Público Nacional Ángel José De Dios, ante "los responsables del ilegal, insólito y reiterado incumplimiento de la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reponer en el cargo al Doctor Sosa".
"Resulta injusto y a la vez altamente inmoral que el Estado Provincial, conformado y sostenido por todos los ciudadanos y habitantes de Santa Cruz, tenga que sufrir las consecuencias dañosas del accionar de los funcionarios que comprometieron la hacienda pública provincial como consecuencia de actos manifiestamente ilegales y arbitrarios , por lo que resulta ineludible instruir las actuaciones correspondientes con el objeto de que, los responsables del hecho, devuelvan al erario provincial la suma que en concepto de indemnización deba abonarse al Doctor Eduardo Emilio Sosa", expresaba.