Fue un anticipo de Edición i: Soldati acusado por fraude

Francisco Agustín Soldati, hijo de José Ferdinando Francisco Soldati -un emigrante tesinés, nacido en Neggio-, fue quien abrió la Droguería Suizo Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

José Ferdinando Francisco Soldati fundó en 1908 un pueblo llamado Villa Lugano, en homenaje a la ciudad donde había nacido en 1864, Lugano, en Suiza. Antes, esas hectáreas se llamaban Villa Heroica, por el espíritu de heroísmo necesario para habitar aquellos terrenos arrancados a los bañados y a la soledad.

José Ferdinando Francisco Soldati llegó con escasos recursos, fue empleado en la Sociedad Obras del Riachuelo y en la administración de la familia De Marchi, a la que estaba emparentado. Más tarde fue socio activo de la Soldati, Tagliabue, Craveri y Cía. Formó parte de M. S. Bagley y Cía. y fue fundador del Nuevo Banco Italiano. Ingresó a la Sociedad Filantrópica Suiza en 1889. Luego adquirió la chacra que perteneció a la sucesión Cazenave, subdividió la tierra y fundó Villa Lugano. El 20 de octubre de 1908, en la plazoleta de la estación del Ferrocarril Cía. Gral. Buenos Aires, inició el remate de terrenos, ofreciendo a los compradores préstamos para edificar, con rebajas del 10% a empleados y obreros del ferrocarril. Él murió en Lugano, Suiza, en 1913.

Francisco Agustín Soldati obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Friburgo, creó la sociedad Galeano Química, luego logró la presidencia de Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, contolada por Motor Columbus, y más tarde amplió los negocios, iniciando Sociedad Comercial del Plata a partir de sociedades holding como Solfina Sociedad Anónima de Inversiones y Finanzas, y Finad AG.

Francisco Agustín fue emboscado por una Tropa Especial de Infantería (TEI) de Montoneros el 14 de noviembre de 1979. Él ya habían sufrido a los Montoneros en 1973, cuando secuestraron a Santiago. Cuando él fue asesinado, su hijo mayor Francisco era director del Banco Central de la República Argentina a cargo del endeudamiento financiero externo. Francisco hijo heredó múltiples relaciones de sus estudios en Suiza, y montó un negocio basado en las participaciones accionarias y cobro de comisiones como contrapartida a sus gestiones (lobby). Así atomizaba el riesgo y diversificaba los negocios. Pero un día un caballo lo traicionó y murió. Santiago se hizo cargo y cometió un error estratégico: el control 100% de los proyectos Tren de la Costa y Parque de la Costa, el inicio del derrumbe porque nunca funcionaron de acuerdo a las previsiones.

Si bien Santiago intenta mezclar su crisis con la que sufrió la Argentina en 2001-2002, entre 1998 y 1999 ya había problemas de iliquidez en su holding.

El 19 de febrero de 1999 fue aprobado un préstamo por US$ 55 millones, en forma mancomunada y solidaria, de Sociedad Comercial del Plata, Compañía General de Combustiles y Tren de la Costa para que CGC hiciera frente al pago de intereses y capital de Eurobonos Paribas.

En reunión de directorio del 22 de febrero se informó que el Banco de la Nación Argentina había acordado un waiver a SCP hasta el 1º de abril de 1999 por el incumplimiento de la recompra del 20 % del paquete accionario de CGC. Y el 30 de marzo, el directorio de SCP trató nuevamente el problema de iliquidez que enfrentaba la firma, señalando que otro incumplimiento -el 1º de abril- en la recompra, acarrearía la pérdida de las acciones de CGC, resolviendo solicitar un préstamo a CGC por US$ 23.615.934 y requerir el pago de las deudas que mantenía con SCP por US$ 13.269.739,30.

En un comienzo, el Tren de la Costa fue tomado con un símbolo de la reconversión que promovían Carlos Menem y Domingo Cavallo. No importa que tuviese trocha angosta, lo que le impedía concretar una conexión con el tren que llegaba hasta la estación de Retiro, lo que hubiese cambiado la ecuación del negocio.

La burbuja de Sociedad Comercial del Plata provocó que sus Obligaciones Negociables fueran vendidas por los bancos a muchos pequeños inversionistas, quienes creyeron en los buenos pronósticos. En el ínterin, Soldato saltó de Menem a Eduardo Duhalde, para lograr el Casino del Tigre, como negocio complementario del proyecto.

"El 20 de diciembre (de 2001) comenzó para nosotros una pesadilla", se quejó Soldati a un medio de comunicación suizo. Pero su pesadilla había comenzado mucho antes de que el combo de devaluación de los ingresos + caída brutal de las ventas + deudas en dólares provocó un incumplimiento de obligaciones.

El 13 de abril de 1999 se hizo público que Sociedad Comercial del Plata dejaría de pagar a sus acreedores porque la empresa de Soldati no podía afrontar un vencimiento de un título de deuda por US$ 25 millones.

El 23 de marzo de 1999, el Banco de la Nación le había otorgado a SCP un crédito por US$ 60 millones, 20 días antes de que la empresa entrara en cesación de pagos, por no poder pagar US$ 25 millones.

Así se refuerza la idea de que las maniobras intentadas para salvar al grupo mutaron, para muchos analistas, de simplemente "torpes" a "sospechosas" (de algún proceso irregular).

Soldati consiguió que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Alberto Duhalde, autorizara la construcción del casino, negocio en el que SCP tenía el 37% con una opción de compra de otro 17%. Su socio fue Bolt. La inversión necesaria fue de US$ 50 millones, y la autorización fue firmada por Eduardo Duhalde l 26 de abril de 1999, 13 días después de que SCP incumpliera su primer pago. El 6 de mayo la empresa formalizó el incumplimiento de todos los pagos.

En 1999, el grupo empresario vendió Agaracross, comercializadora de productos para el agro; y su participación en CPC, empresa de informática. Los sucesivos informes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires auguraban un exitoso acuerdo con los acreedores y llegó a anunciar que la reestructuración estaba concretada.

Aún con los balances trimestrales en rojo y sin pagar sus deudas, Tren de la Costa ejerció su opción de compra del 17% de Casino Trilenium, llegando a un 50% de participación.

Pero el 9 de septiembre de 2000, Santiago Soldati tuvo que admitir que SCP pidió su convocatoria de acreedores porque habían fracasado las negociaciones privadas con los acreedores financieros. Todavía no se había inventado la figura del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que tan buenos resultados les ha dado a las grandes empresas emisoras de deuda.

En esta figura no existe un síndico que audite los números. Un dato: a pesar de no pagr sus deudas, la empresa había perdido en el año 2000, US$ 100 millones. La oferta de reestructuración de su pasivo, quedó obsoleta luego de la devaluación y el proceso debió empezar casi de cero.

Ya por entonces, la empresa se encontraba vinculada a, entre otros ejecutivos conocidos, Juan Munro, Carlos Tramutola y Norberto Morita.

En el reordenamiento de obligaciones trabajó el Centro de Estabilidad Financiera, de Carlos Conrado Helbling, Daniel Marx y Miguel Kiguel.

El 19 de junio de 2003, SCP cedió el control de Compañía General de Combustibles a Southern Cross, fondo de inversión encabezado por Norberto Morita. Southern se quedó con el 81% de las acciones de CGC, a cambio de absorber un pasivo de US$ 220 millones, de los cuales US$ 175 millones eran parte de un reclamo de la petrolera Reef Exploration, ex socia de CGC, por la venta de un yacimiento. Soldati retuvo el 19% de las acciones de Compañía General de Combustibles.

Así, Soldati redujo en forma considerable el pasivo impago, allanando el camino hacia una posible reestructuración.

Algunos días después, se concretó la venta de Parque de la Costa a un fideicomiso financiero integrado por su grupo acreedor, con el Dresdner Bank a la cabeza.
De esta forma, SCP siguió achicando la masa de pasivos impagos. Sociedad Comercial del Plata quedó como accionista minoritario con el 33% de las acciones.

El 30 de septiembre de 2003, la Justicia homologó el concurso preventivo de acreedores. El proceso de acreedores quedaba cerrado, con una quita que, según la empresa, llegaba al 80% sobre un pasivo de US$ 350 millones.

A los tenedores de Obligaciones Negociables les tocarían US$ 260 millones y a los bancos, US$ 60 millones. La deuda original de SCP era de unos US$ 800 millones, pero se había reducido, incluyendo las ventas de Compañía General de Combustibles y Parque de la Costa.

Algunos inversionistas denunciaron que la quita que les aplicaban llegaba al 92%.
Los medios de comunicación (¿puede creérseles a los medios de comunicación?) destacaron que, después de más de cinco años, SCP había salido del incumplimiento de pagos. Se llegó a especular con el ‘efecto Soldati’ como ‘leading case’ de una nueva política de reestructuraciones privadas, bien agresivas.

Empresas en dificultades como Grupo Clarín festejaron el evento. Pero nadie se ocupó de una presentación ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Comercial denunciando al acuerdo como fraudulento.

Pasó gran parte del año 2004 y las acciones de SCP se instalaron, nuevamente, en la pizarra de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Se informó que fue una de las inversiones que más utilidades rindieron.

Apenas ocurrió un pequeño sobresalto cuando el 27 de agosto, Sociedad Comercial del Plata informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la existencia de un dictámen adverso dictado por la Fiscalía de la Cámara Nacional Comercial de Apelaciones sobre su concurso preventivo.

La Bolsa suspendió, preventiva y momentáneamente, la cotización de las acciones de SCP. Sin embargo, poco después, ante las "respuestas tranquilizadoras" de la empresa, todo regresó a la normalidad. Al día siguiente, los papeles de SCP volvieron a negociarse.

Por supuesto que ahora abundan las preguntas a Julio Werthein, presidente de la Bolsa, y a J.J. Adelmo Gabbi, su mano derecha.

Las explicaciones que brindó Pablo González, del área de administración del holding, a un par de periodistas curiosos, fueron similares a las que ofrecieron a la Bolsa: sólo una pequeña objeción acerca de las mayorías obtenidas en la asamblea de acreedores. Algo sin importancia. ¿Sin importancia?

Edición i tuvo acceso, en forma exclusiva, al dictámen presentado por la Fiscalía de Cámara Comercial, firmado por la fiscal general subrogante, Alejandra Gils Carbó.
Contrariamente a lo que informó la empresa, el dictámen es muy negativo y considera que hubo fraude durante el proceso del concurso.

El concurso preventivo había sido apelado ante la Cámara Comercial por los acreedores Ana Marta Claro, León Vial Echeverría, Alegre Tiano de Hasbani, y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Existen dos objeciones presentadas por los apelantes que fueron aceptadas por la Fiscalía.

> Se cuestiona la legitimidad de las mayorías obtenidas por SCP para la aprobación de la propuesta de reestructuración presentada por la empresa deudora, y

> se considera abusiva la quita propuesta por la empresa.

La Fiscalía consideró que existen irregularidades en la habilitación de acreedores comprobados: "La mayoría legal obtenida es ficticia, es decir, que se ha logrado mediante el abuso y fraude a las normas especiales aplicables".

¿Cómo se realizó el fraude al que se refiere la Fiscalía? Las Obligaciones Negociables emitidas por Sociedad Comercial del Plata, eran del tipo over de count, o sea que son un simple asiento contable, no existe un papel físico que certifique el bono.

De esta forma, los inversionistas propietarios de bonos deben obtener de las entidades intermediarias -o sea los bancos o agentes bursátiles, que son los únicos autorizados para negociar los papeles u obligaciones negociables-, un certificado de propiedad de la obligación.

Pero, tanto la jueza como los síndicos, exigieron un certificado emitido por las clearing houses (los sistemas de depósitos colectivos, como el The Depositary Trust Company, Euroclear y Clearstream).

Estos organismos de ‘clearing’ internacional apenas tienen registradas las tenencias de las entidades intermediarias, o sea los bancos.

Por ejemplo, Euroclear, tiene registro de que Unión de Bancos Suizos posee US$ 3 millones en Obligaciones Negociables de SCP, pero no tiene información acerca de quienes son los beneficiarios finales de esos títulos.

Los tenedores, quienes insistieron en la validez de los certificados emitidos por los bancos, no fueron admitidos en la asamblea de acreedores.

La Fiscalía concluyó: "En definitiva, la registración de muchos obligacionistas fue rechazada por no haberse presentado un certificado de la entidad depositaria, que no es posible obtener, de acuerdo a las prácticas de las entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo".

De esta forma, la mayoría obtenida en la asamblea de acreedores no sería verdadera, porque no ingresaron a ella todos los acreedores. El dictámen considera que "se obstaculizó la asistencia a la asamblea con artificios registrales".

En este tema, los apelantes sufrieron un revés previsible: objetado que la mayoría se computara sobre el total de presentes en la asamblea de acreedores y no sobre la totalidad de los deudores. La Fiscalía consideró que no era válida la objeción porque, cuando se reformó la Ley de Quiebras, se introdujo un artículo que establece que la mayoría de dos tercios requerida será computada sobre el total de los presentes.
La reestructuración había sido homologada, inicialmente, por la jueza Norma Beatriz di Notto, del Juzgado de 1ra. Instancia Nº 15 del fuero comercial.

La reestructuración estableció que todas las deudas en dólares eran pesificadas 1 a 1 y sin actualización. Al monto obtenido, en pesos, se lo volvía a dolarizar a un tipo de cambio de $ 3. A esa cifra, que se tomaba como la deuda consolidada, se le aplicaba una quita del 40%.

El nuevo bono emitido tendría la primera amortización de capital en 2014, luego de 10 años de espera. En los años subsiguientes se pagaría el 10%, el 20%, el 30% y 30%. A partir del año 2013, el título rendiría un interés del 1%.

¿Qué quiere decir todo esto? Que quién tenía US$ 100 en títulos de SCP, con la pesificación 1 a 1, y la posterior redolarización, se quedaba con apenas US$ 33. A estos US$ 33 de les aplicaba una quita del 40%, por lo cual se convertían en US$ 21.
Pero estos US$ 21 recién empezarían a cobrarse en 2014, para ser recuperados en su totalidad en el año 2018, rindiendo sólo un 1% anual por cinco años.

Conclusión: el valor del pagaré para el inversor, a valor presente, no superaba los US$ 7. Por esto la empresa había logrado una quita del 93%. Santiago Soldati era la envidia del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien aún tiene problemas para lograr una quita sobre la deuda emitida de un 75% valor nominal.

El dictámen de la fiscal Gils Carbó considera que "la propuesta aprobada importa la virtual pérdida de los derechos para gran parte de los acreedores quirografarios, ya que la quita no es pareja para todos".

La fiscal afirma que se viola el principio de igualdad entre los acreedores, porque "la propuesta contiene una cláusula de pesificación para los acreedores en moneda extranjera, a la paridad de 1 a 1, encubriendo una quita del crédito originario, que no resulta aplicable al resto de los acreedores en moneda nacional, que integraron la única categoría y conformaron la mayoría legal".

Los acreedores ya habían apelado la venta de parte de Compañía General de Combustibles a la empresa Southern Cross, a la que cedió el 81% de su capital. Sin Compañía General de Combustibles, no hay activos tangibles en Sociedad Comercial del Plata. Pero éste fue el único punto en el que la Fiscalía no compartió los reclamos de los damnificados: "Opino que VE (Vuestra Excelencia) puede considerar abstracto un pronunciamiento sobre la materia". Lo cual cabe significa que no se consideran las objeciones de los apelantes.

El dictamen concluyó: "Este Ministerio Público Fiscal solicita el rechazo de la
homologación del concurso preventivo. (…) Ya que resulta necesario asegurar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, instaurando el estatuto de los derechos del consumidor financiero (…) y avanzar en el marco jurídico adecuado que eleve el nivel de protección del ahorrista en el mercado de capitales".

¿Es importante semejante dictamen, o carece de importancia?Usualmente, según abogados que litigan en el fuero comercial, en el 70% u 80% de los casos, la Cámara falla según las sugerencias de la Ficalía. Además, es un comentario permanente en el fuero que, en algunos casos, el dictámen de la Fiscalía ya se encuentra ‘conversado’ con los magistrados integrantes de la Cámara.

Quien entiende en el caso es la Sala D de la Cámara de Apelaciones. Esta sala no ha fallado todavía en casos reestructuración privada de deuda. El mayor miedo de los apelantes era que tocara la Sala A, por su jurisprudencia de fallos a favor de las grandes empresas.

En cualquier caso, Sociedad Comercial del Plata se encuentra en grave peligro.Un fallo adverso echaría por tierra su exitoso concurso preventivo, que quedaría anulado. Sociedad Comercial del Plata debería iniciar una nueva reestructuración de su pasivo, que puede tomar, inclusive, la forma de un proceso de quiebra.

Hay algo aún peor para Santiago Soldati: el dictámen acusa al proceso de fraudulento, y eso es delito. Significa que si la Cámara considerara, al igual que la Fiscalía, que el proceso fue un fraude, la causa se remitiría automáticamente a un juez de 1ra. instancia en el fuero Penal Económico.

Si en ese fuero probaran la existencia del delito, los directivos de SCP podrían terminar presos. Cabe aclarar que, en el fuero penal, existe el principio legal de presunción de inocencia. Ante la duda, y a falta de pruebas, prima la presunción de inocencia y se dicta la falta de mérito.

Igualmente, de concretarse la sentencia negativa, podría resultar un leading case, entre las polémicas reestructuraciones privadas.

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Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.