El término 'fundraisers' significa 'recaudadores de fondos', y acaba de ser traído a la agenda política por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante una reciente entrevista publicada en la revista "Noticias de la Semana": él se refería a los cobradores de contribuciones para una gestión pública. En realidad, se trata de una política inculcada dentro del gobierno para exacerbar la percepción de los tarifazos e impuestazos que se han ido imponiendo a la ciudadanía, a fin de sostener la formación de cuadros estatales que se incorporaron con el propósito de arbitrar privilegios que alcanzan a una red pública y privada de la que, en general, provienen. El crecimiento neto del empleo público y sus remuneraciones desde 2015 lo corrobora. La presión tarifaria, tributaria y fiscal territoriales se ha ido extremando hasta llegar a la intimidación. Usuarios y contribuyentes que se sienten en inferioridad de situación frente a los poderes que acosan sus monederos para sostener el desigual reparto de las cargas, ¿irán a depositarles su voto porque el PBI haya caída medio punto menos o la inflación sea al momento de la elección del 40 en vez del 50% anual con que cerró 2018? Los análisis con que se pretende justificar la estrategia de polarización en los comicios para Presidente que lleva a cabo Cambiemos no tienen en cuenta que cada usuario-contribuyente-ciudadano son una misma persona, que ha venido siendo expoliada por la voracidad de los fundraisers gubernamentales y a la que ahora se intenta que se resigne a elegir de qué lado de la supuesta grieta quiere ubicarse, cuando la prosaica sensación de que no se llega a fin de mes embarga a la mayoría de la población.

La inflación en 2018 habrá quedado a sólo 2 puntos del 50% anual, por encima de 2002 y sólo superada por el rebote de la híper en 1991, previo a la convertibilidad. Con los tarifazos de los servicios públicos mayores al 50% que dieron la bienvenida al año electoral, la proyección teórica ubicaría el nivel en 33% de acá a diciembre. Ecuador, con su economía dolarizada, es el país de menor inflación en el continente: 0,27%. Chile y Perú rondan el 2,5%, mientras los socios del Mercosur (excepto Venezuela, con varios dígitos) registraron: Paraguay 3,2%, Brasil el 3,7% y Uruguay casi el 8%. La gestión de Mauricio Macri eligió el camino de cambiar los precios relativos a través de los regulados y a partir de ahí indexar casi todo, birlándoles algunos puntitos a jubilaciones, salarios con la conflictividad social como límite. Por ejemplo, el costo de vida de los trabajadores sindicalizados aumentó el 47,8% a lo largo de 2018 frente a paritarias que a lo sumo completaron 45%. En 2019 se presupuestó por ley un crecimiento del IPC de 23% y la pretensión inicial de alinear con ese nivel los incrementos de las convenciones colectivas, cuyo vocero fue el ministro de la Producción, Dante Sica, fue prematuramente sepultada por los tarifazos, que para el 1er trimestre impulsarán el índice a la mitad del previsto para todo el año. Más que un problema macroeconómico, las persistentes alzas en la canasta básica, los servicios públicos y el transporte golpean principalmente sobre los gastos hogareños. minando la capacidad adquisitiva real (y no sólo estadística) del salario.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ideólogo de campaña, Jaime Durán Barba, cerraron la arquitectura áulica de la reelección de Mauricio Macri en dos edificios, uno frente al otro: la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. Se parapetaron tras imaginarias vallas que filtran acordar tanto con peronistas como con socios radicales díscolos y con el círculo rojo. Hubo mudanzas parciales de funcionarios que entrañan metamensajes dirigidos a la clase empresaria, a gobernadores e intendentes. Por Rivadavia y Balcarce ahora se atiende para discretas charlas en torno de la lista ejecutable de obras públicas o PPP: el ministro de Transporte, Guillo Dietrich (aunque por estos días en Punta del Este), se cruza on demand a la oficina contigua a la que ocupa en el área de información pública de la planta baja su ex vocero y operador de la que fuera su Fundación Formar, rebautizada Compromiso por lo Público, Gustavo Gómez Repetto. Suele converger en ese recoleto ámbito el titular del BICE, Pancho Cabrera, afectado también a PPP, y ahora se sumará el reincorporado Javier Iguacel, que Peña se había visto obligado a exonerar de la Secretaría de Energía por presiones del titular de Economía, Nicolás Dujovne, enojado por la medida que adoptara con los contratos gasíferos en Vaca Muerta. Al final, la carta le costó cara a Dujovne, que se echó en contra a Lilita Carrió y le terminaron enviando de vecino a sus dominios en Hipólito Yrigoyen 250 al reemplazante de Iguacel y hombre de confianza suprema de Macri, Gustavo Lopetegui, a quien el ministro tuvo que llevar como voz cantante a las reuniones con las autoridades neuquinas del MPN por el megayacimiento, propiciadas por el propio primer mandatario tras recibir la visita del gobernador Omar Gutiérrez en el country Cumelen de Villa La Angostura. El ex titular de Energía fue incorporado al staff íntimo que manejará los escasísimos recursos de capital para inversiones públicas. Y Lopetegui conserva su bunker en la Casa Rosada, para que no queden dudas.

Recortar el salario en dólares a más de la mitad les sirvió a un puñado de exportadores para volverse un poco más competitivos, alivió la balanza comercial de importaciones de autos, filtró el turismo argentino al exterior e hizo pensar a extranjeros que trabajan en el país en liar los petates y mandarse a mudar, siendo que ahora en Chile, Uruguay, Paraguay y Perú la paga en moneda fuerte es superior. Bajarlo en pesos más de 20 puntos desde la pasada elección de medio término, mientras las tarifas solas se comen la cuarta parte y la canasta básica posdevaluación ya ocupaba el 78% de la remuneración promedio que figura en el Sistema Integrado Previsional Argentino de la cartera laboral, afectó la capacidad de consumo de la población, salvo las excepciones con las que el Presidente Mauricio Macri se topó en el sur durante sus vacaciones, que lo llevaron a generalizarlas como señales de bienestar. La encuesta de PwC no es optimista sobre una recuperación a la vista del salario, justo en año electoral, que el gobierno se encomienda a que las paritarias aporten una ilusión estadística. Los participantes de la compulsa de la consultora internacional estimaron los incrementos promedio en 26/29%, frente a un resultado de inflación que estará aún por verse, aunque seguramente superará la pauta del 23% presupuestada. Las empresas manifestaron que aplican compensaciones y beneficios para hacer un mix con la exigüedad de los aumentos salariales, a fin de que, sobre todo, los recursos humanos más valiosos no se vayan. También buscan modos alternativos antes que destruir los puestos de trabajo, lo cual por un lado tranquiliza a las fuerzas laborales, pero por otro, las hacen manejarse con pies de plomo ante las patronales.

No se ponen de acuerdo en el área de la medicina privatizada, o sea en el 9% del sistema de salud argentino, si entre los sucesivos aumentos de las mensualidades por encima de la inflación (lleva 157% desde diciembre de 2015, sin contar el 5% autorizado para febrero próximo) y la fuerte caída del salario, que recrudeció el año pasado, causaron un masivo regreso de afiliados a las obras sociales, como denunciaron firmas líderes, o si los cambios no fueron más allá de una degradación de la calidad en los planes para abaratar la cuota. Un especialista publicó en la revista Médicos que unos 540 mil asociados optaron por paquetes con menor cobertura pero más económicos, mientras el vocero de la compañía líder aseguró que, en los 8 primeros meses de 2018, hubo directamente una merma interanual del 60% en la población de usuarios. ¿Hubo una devaluación de las prestaciones o hay una clase media empobrecida de regreso a una medicina social? La mala noticia es que, como la mayor parte de los gremios transfirieron la atención de nada menos que 4,5 millones de afiliados a las prepagas, quedaron desguarnecidos para recibir un eventual reflujo de demanda médica y la recarga tendría que ser absorbida por la estructura hospitalaria de todas las jurisdicciones que, así como está todo, ya atiende como puede a casi 16 millones de personas.

No sólo al comando de campaña del gobierno se le ocurrió concentrar los tarifazos en los servicios públicos en el 1er trimestre y así acaba de largar AySA en enero con el 17%, sino que los industriales de la alimentación y limpieza comunicaron a los retailers que despachan nuevas listas que arrancan del 15% para harinas, pan rallado, gaseosas para ir descendiendo al 5% en fideos. Agua y harina convergen en el presupuesto familiar formando un auténtico engrudo sobre el que se intentará aglutinar a las paritarias en vísperas de elecciones. A este paso, al cabo del 1er trimestre, la inflación ya se habrá comido la mitad de la pauta contenida en el Presupuesto 2019, y sobre esa plataforma decolarán los salarios convencionados, a los cuales los gremios más fuertes presionan por incorporar cláusulas gatillo. En la mayoría de los casos en que se aplicaron, entre diciembre y febrero tendrán que cubrir desfasajes nada menos que del 13 al 18% tomando lo acordado y la inflación resultante, según informó uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer.

El gobierno reincidió en el comienzo mismo del año electoral e inflama con tarifazos la hoguera de la inflación. Tras cerrar 2018 con un IPC de casi 50%, abre el cuatrimestre de 2019 con un piso del 12,5%, del cual la tercera parte son alzas reguladas por el propio Estado. La pauta del 23% presupuestada ya ha sido superada sin haber comenzado a aplicarse, al igual que sucedió el año pasado, cuando se habían corrido las metas de inflación antes siquiera de nacer. En 3 años, la Administración Macri lleva acumuladas subas de más del 2.000% en el gas; del 1.500% en la electricidad; más del 1.000% en agua potable; más del 700% en el transporte, más del 400% en peajes, mientras la nafta Premium y el gasoil casi se triplicaron. Para una remuneración media, la carga de los precios regulados se lleva la cuarta parte, cuando hace 2 años insumía el 8%, según estimaciones de la Universidad Nacional de Avellaneda. En la carrera entre los precios núcleo, los fijados por el gobierno y los salarios regidos por convenios que se puso oficialmente en práctica, los últimos empezaron a correr con desventaja por el freno de la recesión. Pero además discrimina entre los 12 millones de asalariados que actualizan haberes por paritarias y un otro tanto de pasivos que cobran con fórmulas de ajuste, de los 7 millones de personas con problemas laborales y los 4,5 millones que están en negro, que viven de los rebusques y de actividades en las que no intervienen poderes ni pauta alguna.

No es que la Administración Macri modificara la política energética, sino que cambiaron los negocios. Hasta 2017, en un escenario de recuperación en el precio internacional y de cierto plafond interno para sustituir subsidios por tarifazos, todos los actores armonizaban. Pero bastó que el valor mundial retrocediera y el peso se devaluara más del 100% este año, para que todos presionen por su tajada y provincias productoras, como Neuquén, se planten en defensa de las regalías que perciben. Por un lado, Tecpetrol, del grupo Techint, y la Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian, percibían un subsidio de US$3 por millón de BTU del gas extraído en áreas de Vaca Muerta, por resolución de Juan José Aranguren, a diferencia de YPF, PAE y Pampa, con contratos hechos con la provincia de Neuquén. Javier Iguacel intentó introducir variantes, como abrirles el juego a todos en la provisión del insumo a usinas térmicas mediante licitaciones que no contemplaran el valor establecido en la resolución que privilegiaba al gas nuevo, o equiparar a los contratistas de Nación y provincias en una nueva fórmula, que sin dejar de reconocer el subsidio pagara una parte y revoleara el resto, y que el Estado recibiera más que lo pactado al precio especial, a fin de reemplazar importaciones y poder despachar, de ese modo, a uno de los 2 buques regasificadores, el de Bahía Blanca. El ex ministro y secretario de Energía propuso abaratar los costos y ahorrar divisas antes que disparar los tarifazos concentrados en la primera parte del año, como pretendían y finalmente impusieron el jefe de Gabinete y de campaña, Marcos Peña, y el ministro de Economía Nicolás Dujovne. Las urgencias fiscales mandan y el Ceo asesor Gustavo Lopetegui asumió como la cara visible del gobierno en Energía. Ya no está claro si es para aplazar la expansión productiva del gas, y si el horizonte de Vaca Muerta se concentrará en el autoabastecimiento y en todo caso la provisión regional, o si se proyectará al mercado internacional, con buques que transporten el GNL del megayacimiento al Asia Pacífico dentro de 10 años. En 2015, los subsidios energéticos habían llegado a US$18.000 millones, mientras en 2014 habían alcanzado los US$ 20.500 millones.Y el déficit de balanza comercial energética estuvo en US$15.000 millones y el año pasado habría sido de US$3.000 millones.

De los 48 meses que dura el mandato de Cambiemos, en cerca de 30 la actividad económica dio resultados negativos, se achicó, pero ello no fue óbice para que los administradores de la Nación y las provincias se privaran de asediar el bolsillo de los contribuyentes con la presión impositiva más elevada de la región, tarifazos, sobreendeudamiento que pone al país en zona de descenso (default) y una súpertasa con la que no sólo se intenta frenar corridas cambiarias, sino que únicamente un gobierno quebrantado y bajo control del FMI tiene aún algún margen para bicicletear. El consumidor, en general, debe destinar cada vez más ingresos a pagar la gran factura estatal, que encima está sobrecargada con un tributo inflacionario del 157,7% acumulado en 3 años, que para los protocolos internacionales hace rato que entró largamente en la categoría de hiperinflación. La política asfixia a la economía y no es de extrañar, en consecuencia, la incertidumbre que le añade el año electoral en ciernes.

El informe de la Secretaría de Finanzas contiene una mala y una buena noticia. La 1ra. es que deuda pública ocupa en el 3er trimestre el 95,4% del PBI, que podría llegar al 100% si se cuentan los cupones PBI que vencen. La buena sería que el 40% no sólo no se pagará nunca (por corresponder a transferencias contables desde ANSeS, BCRA y otros organismos que difícilmente reclamen su cobro), sino que, al estar en pesos, las devaluaciones e inflación las erosionan. En las reservas internacionales también se cuentan las contribuciones de los mismos jugadores estatales, lo cual permite llegar a los US$56.000 millones registrados. Lo contante y sonante es que los intereses presupuestados para 2019 ascienden a unos US$15.000 millones y forman parte del gasto primario, que sí debe ser pagado. Para hacerle lugar, en lo que va de la Administración Macri la tijera fiscal cortó las erogaciones del 24% a 21,7% del PBI, pero la carga financiera a afrontar pasó del 1,3% a 2,9% del PBI. Los resultados muestran que no fue para desarrollar la economía, situar la inflación en el nivel de un país latinoamericano normal (que no sea Venezuela), ni para atacar el déficit de infraestructura, mejorar los ingresos de la población o los índices de pobreza. El riesgo-país es un compendio del desaguisado por el que Cambiemos pide otro mandato para arreglar.