No es de extrañar que el gremio bancario haya sido uno de los mejor remunerados al cabo de un año en el que, según el Banco Central, las ganancias en términos nominales de las entidades privadas se habían triplicado respecto de la inflación. Y tampoco que el hilo salarial se haya cortado por lo más delgado en el marco del ajuste fiscal activado tras las corridas cambiarias: educadores públicos, estatales y principalmente cuentapropistas, registrados o no, tuvieron que correr de atrás la galopante inflación, e inclusive alimentar aquella rentabilidad bancaria con súpertasas y comisiones que en muchos casos debían asumir para tapar agujeros. La foto de apertura de paritarias de este año reelectoral, que entre privados y estatales involucran a 12 millones largos de trabajadores, sorprende a la inmensa mayoría de los 500 gremios que participan en las negociaciones contando pérdidas: 14,5% promedio si se remotan a 2015 y que en el caso de algunas ramas docentes llega al 17,5%. Sin aguzar tanto la memoria, pese a las revisiones trimestrales en muchos de ellos, el año pasado terminaron varios puntos abajo de la inflación, en términos estadísticos, pero en las economías hogareñas bancarizadas hacer lugar a los tarifazos y la presión impositiva significó asumir intereses superpositivos para financiarse con tarjeta o préstamos personales. El zapato de la carestía de la vida no apretó por igual: los que menos cobran pagaron la canasta más caro que los de mayores ingresos. Y no siempre los mejor posicionados en la pirámide, tras la alocada carrera de los precios y los salarios fogoneada desde el propio gobierno, representan la distribución del ingreso ideal para el imaginario colectivo.

El bolsillo es uno solo y no alcanza para pagar las facturas de luz, gas y agua con un 3.500% de aumento respecto de lo que estaban en 2015, si además de ahí mismo tiene que salir el dinero para pagar los 163 impuestos nacionales, provinciales y municipales, muchas veces superpuestos, que integran la presión tributaria récord y esquizofrénica a la que se llegó. Sobre todo porque también hay otros compromisos que se asumen en la subsistencia cotidiana como comer, transportarse, la educación, vestimenta, salud, vivienda. Los gobiernos no enfocan la exacción por el lado de las dificultades presupuestarias que crean a las familias, sino por los costos de oportunidad para que los registrados estén al día o, si se atrasan, elijan alternativas en las que les costará menos financiarse. Excepción hecha con los evasores, que son invisibles en el zoológico fiscal. El argumento que utilizó la AFIP para aumentar los cargos por mora y los punitorios es que estaban 15% abajo de la financiación de las tarjetas y préstamos personales, de modo que quien dejaba de pagarle supuestamente se beneficiaría con el diferencial. Está el caso de ARBA, que cobra el 4% pero tiene privilegios judiciales de ejecución de las cuentas bancarias de los deudores y pasa sin miramientos las intimaciones al apoderado legal. Según las fintech, los montos de créditos solicitados para cubrir el pago de tarifas suben cada vez más, entre el 5 y 45%, y el promedio asciende a unos $2700, a tasas de 65% más el cargo financiero y las comisiones. AFIP se va desde marzo al 54%, el revolving de las tarjetas está al 100% y los préstamos personales llegan hasta el 180%. Para los dos tercios de asalariados del país que cobran por debajo de los $39 mil y cubren hasta ahí las necesidades cotidianas, ya las facturas de los servicios se comen casi la cuarta parte de los ingresos y los tributos por habitante se alzan nada menos que con el 54,1% del PBI, según IARAF. El sistema impositivo del país arribó a un callejón sin salida: complejo, ineficiente, falto de equidad y con elevados niveles de evasión, pero a la vez confiscatorio para una mayoría de la población que no puede decirse que la esté pasando bien.

Juan José Aranguren había desembarcado en el Ministerio de Energía precedido por una fama de duro ganada cuando, siendo Ceo de Shell, no arrugaba ante las bravuconadas con que el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intentaba amedrentar a los empresarios. Implacable, se dedicó a “recomponer” las tarifas heredadas de CFK con descomunales aumentos en los servicios públicos, a tal punto que en 3 años promediaron 3.500%, según la Universidad Nacional de Avellaneda. De modales autoritarios, no sólo metió mano en Vaca Muerta y repartió tarifazos a troche y moche, sino que hasta afectó inversiones en proyectos de bioetanol, al modificar unilateralmente la medición del precio que traían desde el plan 2020. Con el gas, sacó una resolución que prácticamente duplicó el valor reconocido para los nuevos pozos, partiendo de la base de los US$7.50 por millón de BTU que ya venía establecida, aunque selectiva, desde el Plan Gas kirchnerista. Los jugadores firmaron un nuevo instrumento legal que los habilitaba a cobrar la producción incremental que comprometieran. Pero como a algunos (Tecpetrol o YPF, en menor medida) se les fue la mano en la extracción y sacaron de más, al no figurar cómo se liquidaría, la Secretaría de Energía, a instancias del FMI, resuelve ahora dejarle de pagar a la empresa del grupo Techint $5.655 millones por el excedente que no constaba en las proyecciones emplanilladas. El caso es atentamente seguido por un auditorio compuesto por petroleras internacionales, fondos de inversión y la comunidad financiera en general, pendiente de lo que suceda con la seguridad jurídica. Y en el caso de las tarifas, por posibles implicaciones en los derechos humanos que Aranguren, desde el llano, niega para reivindicar que “la energía se pague lo que vale”.

La reapertura de las exportaciones de carne vacuna argentina a USA refuerza el ingreso de US$2.000 millones que generó en 2018 para la balanza comercial, el cual principalmente había provenido de un incremento del 80% en las colocaciones a los distintos destinos del exterior, especialmente a China. El aumento del 6% en dólares que recibió la carne for export repercute en el precio de la hacienda en pie en la plaza local, aun a pesar de la liquidación de vientres para aprovecharlo que caracteriza a este ciclo. Como consecuencia del encarecimiento con que llega a las carnicerías, el consumo interno se retrajo 4% en ese ínterin. La merma se extiende a toda la cadena de valor, desde la matanza hasta el mostrador, y por ende afecta al empleo sectorial. Del mismo modo, los commodities, o casi, de cereales y oleaginosas originan la mayor cantidad de entradas de divisas al país y, dentro de la malaria laboral en general, al menos ayudan a cortar la racha negativa en materia de puestos de trabajo, si bien no pesan lo suficiente para defender en alto los niveles de ocupación.

El gobierno de Mauricio Macri, que hace 3 años y medio prometía que llegaría una lluvia de inversiones porque era identificado como pro-mercado y basaba el plan de crecimiento propuesto en el desarrollo del campo, Vaca Muerta y la minería, arriba a este año reelectoral con los naturales aliados del poder económico cuanto menos desencantados: al enojo de los productores agropecuarios por haberles puesto más retenciones, se suman los petroleros emitiendo señales negativas a los inversores ante cambios unilaterales en los subsidios pactados por extraer gas. Y la minería directamente no cuenta. Hasta el Fondo Monetario Internacional tuvo que ser llamado para arbitrar la desconfianza de los dueños de capitales financieros en el cumplimiento de metas de disciplina fiscal y en la capacidad para repagar el sobreendeudamiento: a fin del año pasado, al mostrar la Jefatura de Gabinete a la opinión pública que intervenía virtualmente el Banco Central, interpretaron que les habían cambiado las reglas de juego y le “picaron el boleto”, como suele decir Jorge Asís.

Que no se dispare el dólar y que funcione el trade carry para que el reingreso de algunos capitales golondrinas vaya haciendo bajar la tasa en los meses que faltan para las elecciones, aseguran, sino la reelección de Mauricio Macri, al menos que su gobierno pueda llegar a las urnas para disputarla. Flaco favor le hace a sus chances con los incesantes aumentos de precios regulados de servicios públicos, como luz, gas, agua, transporte y, de algún modo, combustibles, que mantienen elevada la inflación, ahora recalculada en el REM del Banco Central en 29% para todo 2019. Pero el otro descuido viene por el lado de las consecuencias que trae la recesión que convalidó dentro del plan de ajuste en marcha, bajo la forma de telegramas de despidos y de suspensiones que se prolongan desde los últimos dos meses del año pasado, más de la mitad originados en la industria. Y no es para menos si se tiene en cuenta que se moviliza casi a media máquina: las plantas textiles y las automotrices, que son las que más mano de obra expulsaron, vienen de estar 55% ociosas. Una rama que venía a los tumbos, como la electrónica, inclusive, comenzó el año con un plan de cesantías que comprende a 1.500 trabajadores de Tierra del Fuego. El puntapié inicial lo acaba de dar la centenaria firma BGH. Por si la parálisis de la propia política económica vernácula no fuera suficiente, las reconversiones agregan su cuota de incertidumbre laboral: la crisis de circulación de los diarios terminó de llevarse puesta a la imprenta de La Nación, ubicada en la calle Zepita, en el barrio de Barracas, que implicó el despido de 72 trabajadores gráficos, que se sumó a 30 que se habían consumado voluntariamente. El empleo no sólo repercute directamente en el índice de pobreza, sino también en la aritmética de votos, que, precisamente, al oficialismo no se le presenta demasiado holgada que digamos.

El viernes por la noche, ni un suelto en las páginas web de Clarín, La Nación e Infobae: y eso que en 15 barrios porteños y varios puntos del conurbano bonaerense y del interior las calles principales desde las 20 estuvieron cortadas y cubiertas de manifestantes que golpeaban al unísono cacerolas y otros enseres metálicos, mientras portaban carteles con leyendas de repudio al tarifazo y los aumentos. Los piquetes urbanos ya trascienden hacia arriba la línea de la pobreza que disputa los planes sociales. Interesan a la base electoral de Cambiemos propiamente dicha. La escalada evidentemente preocupa a los estrategas comunicacionales de gobierno y a la prensa aliada que la censuró. Pero esta vez las redes sociales le terminaron dando la razón al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando privilegiaba la acción de los trolls del 3er piso de la Casa Rosada por sobre la convencional relación con los periodistas, en general, que se instrumentaba desde las oficinas de la planta baja: por más que se acuerde con los grandes medios ocultar el alcance y crecimiento de los actuales ruidazos (o cacerolazos como se los llamaba cuando la misma coalición anti K los impulsaba), resultó ser que Twitter, Facebook, Instagram, los propalan al instante, con efecto multiplicador sobre el malestar ciudadano que las inflacionarias medidas de ajuste vienen provocando.

La electricidad agrega en este tórrido verano otro 30% de aumento a la retahíla de tarifazos en los servicios públicos que se suceden desde hace 3 años, sin que por ello las compañías distribuidoras que lo cobran demuestren ostensibles mejoras en la performance de suministro que cuando la factura valía 10 veces menos. Pero hay algo peor aún: la soberbia con la que las prestadoras dan respuesta a los cortes que afectan a cientos de miles de usuarios cuando más lo necesitan para afrontar la ola de calor, que sólo mereció una tibia amonestación por carta del secretario de Energía a los titulares de Edenor y Edesur, en la que los insta a reforzar la atención por los reclamos pero les justifica la deficiencia del servicio. No tan suave ni contemplativo ha sido el incremento de la luz del 55% programado para este año que se viene ejecutando religiosamente, que los asalariados deben afrontar con el poder adquisitivo menguado 13,9% que traen de arrastre de 2018, más lo que obtengan de paritarias, difícilmente encima del 30%. Los tarifazos, asimismo, le aportan en febrero 1 punto al Índice de Precios al Consumidor, que en la 2da parte del año será tomado para indexar. Ya se proyecta el 34,5% anual y la rueda no para de girar.

¡Ojo Rodríguez Larreta-Santilli con las agresiones a turistas extranjeros en la zona céntrica! A pocas cuadras donde a un visitante sueco le costó una pierna amputada la visita a Buenos Aires le tocó a un canadiense que lo apuñalaran. La inseguridad en CABA podría poner en jaque el efecto G-20 en la afluencia de turismo internacional al país que se hizo notoria desde los primeros días de enero. Es frecuente ver y escuchar en las calles de la parte norte de la Capital Federal a norteamericanos, europeos y asiáticos que alternan con los brasileños de costumbre en la recorrida por la gastronomía y las tiendas. Los números del año pasado que surgen del Balance Cambiario del Banco Central indican que el gap entre el 20% menos de salidas al exterior y el 12,3% de alza en los arribos de extranjeros registrado en noviembre aplicó un torniquete del 25% en el drenaje por diferencia neta en contra en los servicios turísticos, que incluyen, viajes, pasajes y consumos: de perder US$10.662 millones retornó al escalón de los US$8.000 que traía desde 2015. Es un buen indicio de que podría afianzarse la curva ascendente receptiva que pronostica la Organización Internacional del Turismo. El repunte de la última parte de 2018 redondearía un ingreso por tal concepto de US$ 5.400 millones, o sea, 7,7% del platillo exportador de la balanza comercial, detrás de oleaginosas y automotores (18.000 y 6.000 respectivamente). Pero la tendencia en movimiento turístico global viene en ascenso y abarca también a estas latitudes. Ya en medio del atraso cambiario de 2017, las visitas internacionales habían ascendido a 6,720 millones cuando en el inicio del milenio habían sido de 2,620 millones, según las estadísticas del Banco Mundial.

2 caras de la moneda: por un lado, se podrá pagar las propinas a través de tarjetas de crédito o débito. El monto de la propina no debe ser superior al 15% de la factura, y estará exento de retenciones de IVA y Ganancias; pero por otro lado, segun el INdEC cada día más los consumidores pagan sus cuentas en los supermercados con tarjetas de crédito: 4 de cada 10 adquieren alimentos a crédito. Ahí está la Argentina: por un lado, la que ven los funcionarios, idílica; y por otra parte, la realidad que duele.