La jefa del FMI, Christine Lagarde, le puso fichas al éxito del plan en curso y se esperanzó en que la inflación ceda. Su interlocutor argentino, el ministro Nicolás Dujovne, debería haberle advertido que se ciernen malas noticias: el índice de precios al consumidor viene para mayo en el 3%, según estimaciones privadas, pero la proyección anual de los 5 meses que lleva 2019 se sitúa por encima del 50%. Si bien este comportamiento intentará ser morigerado con el impasse en que entran las tarifas de los servicios públicos y el programa de precios cuidados y esenciales durante los 6 meses que quedan hasta que se defina la elección presidencial, el indicador general apenas reprimirá el ritmo al que viene medio punto por vez. Así, al menos, rondará el 2,5% entre julio y noviembre. Es cierto que la recesión también hizo su contribución, al limitar el promedio de aumentos de las paritarias al 28/30%, pero la amenaza de que retornen los tarifazos al finalizar los comicios está latente y los formadores de precios sólo aguardan una excusa para desenfundar la pistola remarcadora, como sucediera al cabo de 2017. La elevada inflación que signó el tiempo que lleva la gestión macrista, y acumula 200,2% a la fecha, arrancó en 2016 con el 41% que sucedió a la devaluación y el ajuste inicial; siguió con el 24,8% en un 2017 caracterizado por el atraso cambiario y de servicios como el transporte. Y de este modo, cuando Cambiemos ganó la elección de medio término, la olla no tardó en hacer ebullición: en 2018 los precios saltaron al 47,6% y en abril se proyectan al 55,8% anual, con los congelamientos transitorios ya incluidos.

El nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2019 recibirá la brasa candente de US$150.000 millones de la deuda acumulada que vence en 2020. Lo normal sería que una parte de los tenedores privados de bonos renueven y que el FMI mantenga los 3 desembolsos que restan del crédito stand by, que  suman u$s 11.800 millones. Aun cuando el 40% de las acreencias están en poder de organismos estatales, por lo que no serían ejecutables, y que el 17% están en la devaluada moneda nacional, la perspectiva de balanza comercial apunta a un superávit de US$7,4 mil millones, casi la cuarta parte menos que el de este año, con recesión y todo, según los analistas del REM. No sólo se impondrá conseguir los dólares frescos que hagan falta para cerrar los números, sino que será imprescindible  evitar que haya mayores sangrías hacia el exterior en el balance de divisas. La experiencia que deja el gobierno de Mauricio Macri es que el 36% de la deuda que contrajo se empleó para abastecer la fuga de capitales y la dolarización: US$68.388 millones sobre un endeudamiento de US$187.000 millones.

El gobierno y las fábricas de autos intentan animar a los empleados registrados que estén cobrando este mes los medio aguinaldos y los primeros aumentos de las paritarias a comprarse un 0Km. La suma de los descuentos podría hacer bajar un modelo chico de $800 mil a poco más de $500 mil. No está claro cómo jugaría la financiación en este caso, pero si el plan estuviera acompañado por un éxito absoluto, como en los mejores tiempos, las playas de las terminales, de las concesionarias e importadores liberarían en el lapso de la oferta unas 70 mil de las 200 mil largas unidades que se encuentran arrumbadas a la espera de dueño. Equivale a medio año de los patentamientos estimados para todo 2019, las perspectivas de recuperación productiva en el sector siguen siendo desalentadoras. El contexto de plantas que trabajan al 35% de la capacidad instalada e importaciones de Brasil que siguen en declive,  y una demanda interna pichicateada para, en el mejor de los casos, reducir una cuarta parte de los stocks no sólo se está pagando con despidos y suspensiones,  sino que varios autopartistas multinacionales decidieron cerrar y concentrarse en el país vecino, mientras sus colegas Pymes locales deshojan la margarita entre bajar la persiana y resistir como gato panza arriba. Ya fueron a la calle 4800 operarios de la industria proveedora y hay 3.000 más en capilla.

Los resultados parciales de las 20 paritarias testigo, entre las 500 que abarcan a los 12 millones de trabajadores registrados y definen la mitad aproximadamente de la masa salarial en cuestión, se empiezan a notar en la calle en mayo y junio. Vienen dando un aumento a cuenta del  15%, que técnicamente le empatarían, punto más o menos, a la inflación acumulada en el período. Queda en la mitad del camino hasta el 28% al 30% promedio pactado para todo el año, con reaperturas permanentes y otros mecanismos de flexibilidad. Los sindicalistas resignan subir el tono de la discusión para recuperar el terreno perdido por los sueldos el año pasado y no quieren ni mirar hacia adelante, cuando venza el congelamiento parcial de tarifas y de precios administrados. La principal preocupación del día son los puestos de trabajo, y la opción pasa por achicar pretensiones en aras de mantenerlos. El 10% firmado en la paritaria mecánica coincide con el reciente acuerdo sellado entre Renault y SMATA para evitar 1.500 despidos y con la crisis que en general atraviesa la industria. La recesión consigue acotar el costo laboral, con mayor contundencia que cualquier reforma que se quisiera hacer aprobar en el Congreso, y la inflación hace el resto. Algo parecido a lo que caracteriza al sistema previsional, ya que los cambios en los tiempos y la fórmula de la movilidad terminaron siendo más efectivos para el gasto público que cualquier texto que a la larga modifique la estructura de la ley.

En el gobierno insisten en que fue levantado el default de la deuda privada heredado de las anteriores administraciones. No admiten que haber dejado impagas sentencias dictadas en los tribunales de USA que involucran a bonos soberanos constituye “un incumplimiento de obligaciones legales o condiciones”. No sería un default económico, al haber sido regularizado por acuerdos de partes más del 92% del monto total adeudado en cuestión, pero sí judicial, como ratificó el abogado especialista en estos litigios Pablo Giancaterino. Lo fundamenta en que el propio gobierno argentino, con la firma del secretario de Finanzas, Santiago Busili, reconoce en la última página del informe anual presentado en febrero de 2019 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) la existencia de esas viejas y nuevas deudas sin cancelar. “Si no es un default jurídico, qué nombre le pondrían entonces”, desafía. En tal sentido, otro letrado, Sebastián Maril, subrayó ayer, en declaraciones radiales, que “el Estado ha demostrado no interpretar las leyes internacionales e irresponsablemente violar contratos con aquellos que invierten en el país”.

El 5to paro general que le decretó la CGT al gobierno de Mauricio Macri tiene que ver con “la política económica”, como explicaron sus organizadores. Ninguna respuesta al reclamo sindical está contenida en la estrategia que lleva adelante la Casa Rosada, enfocada a arribar a los comicios en un precario equilibrio macroeconómico. Y como en las encuestas de satisfacción la ciudadanía no expresa ningún atisbo de esperanza de mejoría a la vista, la propuesta de los aspirantes a ejercer el poder después del 10 de diciembre encuadra más o menos así: peor se estará si eligen a los del otro lado. Hay también un mensaje tácito de la grieta, que los del medio también avalan, para tranquilizar a los inversores en Vaca Muerta y a los acreedores: ninguno sacará los pies del plato. Todos hablan de sentarse a renegociar la deuda con los tenedores de bonos y con el FMI, aunque no digan cómo. Tampoco dan indicios de qué piensan hacer para que el país vuelva a crecer, baje la inflación y haya trabajo y certidumbre económica y social. ¿Retomará Macri los tarifazos suspendidos si es reelecto, como sucedió tras el medio término? ¿Cómo será el pacto de precios y salarios para recuperar el consumo que imaginan los F-F? Chi lo sa. Eso sí, viejos slogans se exhuman pero por la negativa: “Sepa el pueblo a quién no votar” y “no sigan al otro que sí los va a defraudar”.

La Ciudad ya tiene el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en el exclusivo barrio de Núñez, pero igual decidió destinar US$350 millones a la construcción en el tiempo récord de 13 meses de un complejo olímpico en la cara pobre porteña (Villa Soldati) para estrenar en octubre los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018. Aún así no apareció ninguna política oficial inclusiva destinada a fomentar los deportes amateurs y mucho menos integrarlos a la educación o al desarrollo de zonas urbanas de postergado desarrollo, como se había anunciado. Tan escasa o nula ha sido la actividad en el predio durante estos últimos 7 meses, que recién el pasado sábado 25 de mayo, pero por iniciativa de la Federación de Natación de Buenos Aires (Fenaba), el flamante natatorio modelo de 50 metros fue reabierto y sirvió de escenario al tradicional torneo Proyección 2020, del que participaron más de un millar de niños y niñas. La improvisada recepción de las numerosas delegaciones, el deficiente mantenimiento de las instalaciones sanitarias, la ausencia de gradas para acomodar a la concurrencia (las que había en los JJOO en ambos laterales eran alquiladas y se devolvieron de inmediato) y hasta la ausencia de un bufete de comestibles y bebidas, que obliga a salir del predio a comprarlos o a cargar el agua caliente del mate, denotaron que se había llegado a un estado rayano con el abandono. Tampoco ha sido habilitada hasta el presente la pensión para atletas del interior, como se previera originalmente. La última vez que se utilizó la pileta para competencias fue entre el 13 y el 17 de noviembre, en ocasión de disputarse el Campeonato Sudamericano de Natación Master, aunque sólo la de 25 metros.

La Ciudad ya tiene el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en el exclusivo barrio de Núñez, pero igual decidió destinar US$350 millones a la construcción en el tiempo récord de 13 meses de un complejo olímpico en la cara pobre porteña (Villa Soldati) para estrenar en octubre los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018. Aún así no apareció ninguna política oficial inclusiva destinada a fomentar los deportes amateurs y mucho menos integrarlos a la educación o al desarrollo de zonas urbanas de postergado desarrollo, como se había anunciado. Tan escasa o nula ha sido la actividad en el predio durante estos últimos 7 meses, que recién el pasado sábado 25 de mayo, pero por iniciativa de la Federación de Natación de Buenos Aires (Fenaba), el flamante natatorio modelo de 50 metros fue reabierto y sirvió de escenario al tradicional torneo Proyección 2020, del que participaron más de un millar de niños y niñas. La improvisada recepción de las numerosas delegaciones, el deficiente mantenimiento de las instalaciones sanitarias, la ausencia de gradas para acomodar a la concurrencia (las que había en los JJOO en ambos laterales eran alquiladas y se devolvieron de inmediato) y hasta la ausencia de un bufete de comestibles y bebidas, que obliga a salir del predio a comprarlos o a cargar el agua caliente del mate, denotaron que se había llegado a un estado rayano con el abandono. Tampoco ha sido habilitada hasta el presente la pensión para atletas del interior, como se previera originalmente. La última vez que se utilizó la pileta para competencias fue entre el 13 y el 17 de noviembre, en ocasión de disputarse el Campeonato Sudamericano de Natación Master, aunque sólo la de 25 metros.

Si bien la Administración Macri no ha podido lograr que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) le hiciera un lugar en su selecto club ni integrar efectivamente al país en tratados de libre comercio, se acerca al final de su mandato presidencial habiendo levantado el default económico heredado del anterior gobierno K, al dejar normalizado más del 92% de la deuda privada, y que el país finalmente haya sido incluido en la categoría de emergente. Es el balance concreto que podría exhibir hasta ahora de la reinserción en el mundo comprometida en la campaña de 2015. Pero lega, sin embargo, un riesgo-país en casi 1.000 puntos, consecuencia de la incertidumbre que transmite el futuro cumplimiento de cancelación de los abultados vencimientos que se escalonan hacia adelante, así como en torno de la decisión que al respecto adoptará el gobierno que asuma en diciembre. Pesa en ese estado de incertidumbre que aún permanezcan impagas sentencias en los tribunales de Nueva York por cerca de US$1.000 millones a favor de holdouts que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Esto es muy importante porque hay bastante confusión al respecto: Argentina calificó como país emergente pero sólo para los títulos privados ADRS de un pequeño grupo de empresas que cotizan en Wall Street, lo que no incluye a los títulos públicos, que permanecen en default jurídico hasta que la magistrada de Manhattan, Loretta Preska, no emita el “libre deuda” correspondiente.

Si bien la Administración Macri no ha podido lograr que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) le hiciera un lugar en su selecto club ni integrar efectivamente al país en tratados de libre comercio, se acerca al final de su mandato presidencial habiendo levantado el default económico heredado del anterior gobierno K, al dejar normalizado más del 92% de la deuda privada, y que el país finalmente haya sido incluido en la categoría de emergente. Es el balance concreto que podría exhibir hasta ahora de la reinserción en el mundo comprometida en la campaña de 2015. Pero lega, sin embargo, un riesgo-país en casi 1.000 puntos, consecuencia de la incertidumbre que transmite el futuro cumplimiento de cancelación de los abultados vencimientos que se escalonan hacia adelante, así como en torno de la decisión que al respecto adoptará el gobierno que asuma en diciembre. Pesa en ese estado de incertidumbre que aún permanezcan impagas sentencias en los tribunales de Nueva York por cerca de US$1.000 millones a favor de holdouts que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Esto es muy importante porque hay bastante confusión al respecto: Argentina calificó como país emergente pero sólo para los títulos privados ADRS de un pequeño grupo de empresas que cotizan en Wall Street, lo que no incluye a los títulos públicos, que permanecen en default jurídico hasta que la magistrada de Manhattan, Loretta Preska, no emita el “libre deuda” correspondiente.