Pedro Sánchez desafía las encuestas y apuesta a la vivienda para frenar a PP y Vox

El punto de partida deja poco margen para una campaña defensiva. El promedio de DatosRTVE atribuye 137 diputados al Partido Popular y 65 a Vox, una suma de 202 escaños que supera ampliamente los 176 necesarios para la mayoría absoluta, mientras el PSOE quedaría en 104. El último estudio de 40dB. también refleja esa distancia, con los populares en el 31,6%, los socialistas en el 27,4% y la formación de Santiago Abascal en el 18,4%. Sus entrevistas se realizaron antes de la derrota parlamentaria y de la convocatoria, por lo que todavía no permiten medir la reacción al adelanto.

La oportunidad que identifica el socialismo aparece al cruzar esa fotografía electoral con el malestar por el acceso a una casa. La vivienda encabeza las preocupaciones nacionales, con un 37,5% de menciones en el barómetro de septiembre del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), y otro estudio del organismo señala que el 83,1% cree que comprar una primera vivienda será igual de accesible o más difícil en el futuro. Sánchez intenta llevar esa frustración al centro de la campaña y señalar a quienes bloquearon sus medidas, aunque deberá responder también por los resultados de un Gobierno que lleva años al frente del país. El conflicto le ofrece un terreno para disputar el voto y, al mismo tiempo, expone una de las principales deudas de su gestión.

CCOO y UGT llevan la crisis de vivienda hacia una huelga general

La presión por el acceso a una casa empieza a trasladarse de las plazas a los centros de trabajo. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) acordaron el lunes 5 de octubre convocar una huelga general de 24 horas este otoño, con una reivindicación que une salarios y vivienda. El acuerdo deberá ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, mientras que la fecha se decidirá con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.

El paso llega después del rechazo parlamentario a los dos decretos y amplía una protesta que los sindicatos quieren sostener mediante la negociación colectiva. Sus propuestas incluyen subidas salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión y medidas para facilitar el acceso a un hogar, junto con la limitación de los alquileres y un parque público de vivienda protegida permanente. La demanda interpela tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las empresas, a las que reclaman remuneraciones suficientes para afrontar ese gasto básico.

Aunque el anuncio coincide con la convocatoria electoral, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, descartó que el paro se celebre durante la campaña oficial. Según informó EFE, el dirigente explicó en Ávila que los plazos también se discutirán con el movimiento de inquilinos, lo que mantiene abierto el calendario de una movilización que todavía debe concretarse.

Para Sánchez, esa incorporación sindical puede ayudar a mantener la vivienda en el centro de la discusión y a activar a un electorado progresista que llega menos movilizado. Pero la protesta conserva demandas propias y reclama respuestas a las administraciones, incluido su Gobierno. La huelga añade presión social al escenario electoral; todavía falta comprobar quién consigue convertirla en respaldo en las urnas, especialmente cuando el reclamo nace de unos salarios y unos precios que siguen sin permitir a muchas familias vivir con estabilidad.

Sánchez se juega el Gobierno cuando seguir tampoco ofrecía una salida

Adelantar las elecciones con los sondeos en contra resulta una decisión difícil de explicar únicamente desde el cálculo electoral. Sánchez disponía de margen para continuar la legislatura, pero la derrota de los decretos dejó al descubierto cuánto se había estrechado su capacidad para gobernar. Permanecer en La Moncloa suponía seguir dependiendo de apoyos que podían desaparecer incluso después de una negociación, con el riesgo de que cada nueva votación prolongara la imagen de un Ejecutivo incapaz de sacar adelante sus principales propuestas.

Según la reconstrucción publicada por El País, ese bloqueo pesó en las conversaciones que desembocaron en la convocatoria, junto con las dificultades para aprobar los Presupuestos. El presidente y su entorno terminaron apostando a que la conmoción por la vivienda podía abrir una oportunidad de movilización. La decisión parece responder, por tanto, a una comparación entre dos riesgos: afrontar unas urnas que hoy no lo favorecen o permanecer en una legislatura cuyo desgaste tampoco ofrecía señales claras de recuperación.

Las encuestas dejan abierta la posibilidad de que la campaña modifique el escenario, especialmente porque las disponibles todavía no recogen la reacción al anuncio. Sin embargo, su carácter provisional no vuelve menos relevante la ventaja que atribuyen a PP y Vox. Sánchez necesitará mover apoyos y participación en una magnitud suficiente para cambiar la composición del Congreso; que el resultado final pueda diferir de las estimaciones significa que existe incertidumbre, pero no constituye por sí mismo un argumento a favor de su apuesta.

Ahí reside lo excepcional de la jugada. El mandatario ha elegido poner en riesgo su continuidad para intentar recuperar una capacidad de decisión que la aritmética parlamentaria venía limitando. La vivienda le permite disputar la campaña desde un conflicto que moviliza a sus potenciales votantes, aunque también lo obliga a defender su propia gestión. El 29 de noviembre mostrará si consiguió transformar el bloqueo en una nueva mayoría o si terminó acelerando el cambio de Gobierno que anticipan los sondeos.

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