Pedro Sánchez apunta a unas elecciones en noviembre por la crisis del decreto de vivienda

La fecha fue adelantada por elDiario.es, que atribuye a fuentes del Gobierno los preparativos para un posible adelanto, aunque la decisión todavía no está tomada. El escenario ganó fuerza después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara que votará contra los dos textos aprobados el martes, pese a que el Ejecutivo esperaba reunir los apoyos necesarios para convalidar al menos el primero. Frente a esa negativa, el presidente endureció su mensaje y emplazó a PP, Vox y Junts a elegir entre “la mayoría social” y “los especuladores”, trasladando el enfrentamiento parlamentario al terreno de la movilización ciudadana.

La apuesta que defienden sectores del PSOE consiste en acudir a las urnas con la vivienda como eje de campaña, aprovechando el malestar por los alquileres para disputar el costo político del bloqueo. Según El País, ministros y responsables territoriales presionan por esa salida si los decretos fracasan, mientras en el Congreso continúan los intentos de evitar la derrota. La ministra Isabel Rodríguez ofreció convalidar las medidas y tramitarlas después como proyecto de ley para introducir cambios, una última vía de negociación que mantiene abierto tanto el desenlace de la votación como el cálculo electoral de Moncloa.

El cálculo del PSOE ante los votantes de PP y Vox que piden frenar los alquileres

La oportunidad electoral que identifican sectores del socialismo excede la movilización de sus propios simpatizantes, porque la demanda de intervenir sobre los precios de la vivienda también alcanza a quienes votan a la derecha. Según El País, dirigentes del PSOE y ministros defienden que una convocatoria permitiría disputar la campaña alrededor de los alquileres y los desahucios, situando a sus adversarios ante el costo de bloquear las medidas. Desde esa perspectiva, el adelanto ofrecería la posibilidad de recuperar votantes progresistas desanimados y competir por electores que reclaman intervención pública aunque habitualmente elijan otras opciones.

Los números muestran por qué ese terreno resulta atractivo. Una encuesta de la agencia de investigación social y de mercado 40dB. señala que el 67,5% apoya limitar los precios de la vivienda aunque disminuya la rentabilidad del propietario, frente al 21,7% que prefiere dejar su fijación exclusivamente al mercado. El respaldo alcanza al 56,5% de los votantes del PP y al 55,2% de los de Vox. El estudio reunió 2.000 entrevistas entre el 25 y el 28 de septiembre, antes de aprobarse los decretos, por lo que refleja una demanda de intervención y no la adhesión a esos textos concretos.

La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol mantiene la presión sobre el Congreso para que apruebe medidas contra los desahucios y la subida de los alquileres.

FOTOS: RECORTE

Esa distancia entre las preferencias de parte del electorado conservador y el rechazo parlamentario de sus partidos abre un espacio que Sánchez podría intentar aprovechar. Si consigue que la campaña gire alrededor del alquiler que una familia debe pagar o del contrato que está por vencer, el Gobierno puede presentar el bloqueo como una decisión con consecuencias sobre la vida cotidiana, incluso para ciudadanos que no se identifican con la izquierda. La apuesta sería que esa discrepancia pesara al elegir una papeleta y llevara a algunos de ellos a reconsiderar su voto, especialmente a quienes tengan una identificación partidaria menos firme.

El riesgo está en que la vivienda también expone al Ejecutivo, que lleva años gobernando y debe responder por la persistencia del problema. Para un elector preocupado por los precios, la negativa de PP y Vox puede resultar cuestionable sin que eso borre su valoración de la gestión socialista ni sus prioridades en otros asuntos. La estrategia exige, por tanto, convencerlo de que las medidas ofrecen una solución y de que quienes impiden aprobarlas constituyen el principal obstáculo. La encuesta identifica un terreno donde disputar apoyos; convertirlo en una mayoría dependerá de a quién atribuyan los ciudadanos la responsabilidad de la crisis y la capacidad de resolverla.

El calendario aprieta a Sánchez y obliga a sus rivales a prepararse

La fecha que circula en Moncloa reduce el margen para prolongar las deliberaciones, porque la ley electoral establece que los comicios deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria. Para votar el domingo 29 de noviembre, el decreto tendría que publicarse en el Boletín Oficial del Estado el martes 6 de octubre, aunque el anuncio político podría llegar antes. Esa publicación es la que activa el calendario y fija la jornada electoral, por lo que una decisión aplazada modificaría también la fecha de las urnas.

Ese plazo permite observar las movilizaciones del fin de semana antes de resolver si disuelve las Cortes, una posibilidad que divide a quienes animan al presidente a dar el paso. Según El País, algunos dirigentes socialistas reclaman convocar inmediatamente si fracasan los decretos, mientras otros prefieren medir la respuesta en las calles y esperar al lunes, cuando está prevista una reunión de la ejecutiva del PSOE. Si la decisión se desplazara una semana, la siguiente fecha dominical sería el 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución.

Mientras el socialismo discute el momento, sus adversarios empiezan a posicionarse para una eventual campaña. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, aseguró que está preparado para un adelanto e insistió en reclamar la disolución de las Cortes. Santiago Abascal, presidente de Vox, también ha expresado su intención de disputar la presidencia y rechazó presentarse como un futuro vicepresidente del dirigente popular. Los dos competirían por encabezar una alternativa a Sánchez, aunque una eventual mayoría dependería de los resultados y de los apoyos que lograran reunir en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal competirían por separado en unas elecciones anticipadas, cada uno con la aspiración de llegar a la presidencia del Gobierno.

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En el espacio de sus aliados, en cambio, la urgencia electoral abre también una discusión sobre el liderazgo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, confirmó en la Cadena SER que había hablado con Sánchez, pero evitó revelar el contenido de la conversación. Su papel en esa negociación no supone que vaya a encabezar otra candidatura, ya que en febrero anunció que no repetiría como aspirante en las próximas generales. Los partidos de Sumar prevén reunirse el domingo 4 de octubre para analizar el escenario, mientras Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sostiene que la ciudadanía necesita soluciones para la vivienda y rechaza que la respuesta sea adelantar los comicios.

Una convocatoria obligaría a esas fuerzas a resolver en poco tiempo quién encabezará sus listas y con qué alianzas concurrirán, decisiones que pueden influir en los apoyos disponibles para una futura investidura. En España, las elecciones generales renuevan el Congreso y el Senado, y son los diputados quienes después eligen al presidente del Gobierno, de modo que ganar más votos o escaños no garantiza por sí solo llegar a Moncloa. Si Sánchez opta por noviembre, deberá valorar tanto su capacidad para recuperar la iniciativa como las posibilidades de que el resultado permita construir una mayoría para gobernar.

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