Un segundo preso político se ha reportado como muerto en Venezuela, gobernada por el dictador Nicolás Maduro, recientemente reelecto tras recurrir al fraude electoral, según lo viene denunciando Plataforma Unitaria (PUV) y el pueblo no chavista, las reales víctimas de la supuesta lucha del Gobierno contra los “males del fascismo”.
TORTURAS Y VEJACIONES
Muerte "súbita y sospechosa" de otro preso político en Venezuela
En Venezuela ha muerto otro preso político de manera imprevista, supuestamente porque el régimen de Maduro le ha negado atención médica. Pero el hijo del fallecido afirma que "era una persona sana, no padecía de nada".
El preso político, de 44 años, que ha muerto el pasado viernes en Venezuela de manera “súbita y sospechosa” se llamaba Jesús Rafael Álvarez, recluido en la cárcel de Tocuyito, en el estado de Carabobo, desde hace cinco meses.
El joven cuarentón había sido detenido el pasado 2 de agosto en el estado de Bolívar, unas de las tantas locaciones en Caracas que ha sido testigo de la revuelta popular anti-chavista por el fraude de los comicios del 28J (el Gobierno de Maduro se autoproclamó como vencedor sin mostrar las actas de votación).
Según la información oficial, a Jesús Rafael Álvarez el régimen de Maduro le negó atención médica y por ello murió, aunque lo cierto es que no tenía enfermedades preexistentes, según manifestó su hijo.
"Mi papá era sano": Venezuela en lágrimas de sangre
El preso político Jesús Rafael Álvarez, cuya muerte ha sido confirmada el viernes, no poseía enfermedades preexistentes, pero las torturas, la falta de alimentación y las condiciones pésimas de higiene durante su reclusión han terminado con su vida: el sicario es claramente el régimen de Maduro.
No obstante, su hijo, también llamado Jesús, pese a estar acongojado por la muerte de padre, aún tiene encendida la esperanza por su madre, Anny Sánchez, también detenida por manifestarse contra el fraude electoral.
El joven venezolano ha contado en carne propia que por la detención de sus padres ha tenido que valerse por sí mismo con un trabajo informal y estar al frente del hogar familiar, con dos hermanas de 7 y 17 años, incluso durmiendo en la calle.
Jesús Rafael confirmó que los carceleros no dejaron que viera el cadáver de su padre (homónimo), por lo que se vio obligado a reconocer el cuerpo a través de una fotografía, en la que aparecía demacrado, en estado de anorexia y se veía un golpe fuerte en el pómulo: unos indicios claros de la tortura y vejaciones.
Asimismo, reveló que en la cárcel no sólo se negaron en primera instancia a entregarle el cadáver de su padre, sino que incluso desmintieron que hubiera fallecido.
Al respecto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que le han negado al hombre la atención médica.
Jesús Rafael Álvarez y su mujer han sufrido el mismo calvario que los 1.600 prisioneros políticos postelectorales, que han caído en las garras de los efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de ser "terroristas" o "instigadores de odio".
Álvarez es el segundo preso político muerto en apenas un mes: Jesús Manuel Martínez Medina, otro arrestado en la insurrección popular por el fraude del 28J, falleció en noviembre tras varias semanas de ser torturado.
En ese sentido, los centros de detención de Venezuela, como el de la cárcel de Tocorón y el Helocoide, son infiernos en donde no sólo se tortura, sino que se los deja a la buena de Dios, alimentándolos cada 4 días o no proveyéndoles medicinas necesarias si se enferman. De hecho, según los organismo de DD.HH. muchos de ellos intentan quitarse la vida para no seguir sufriendo semejante calvario.
También ha salido a la luz que varios de los menores de edad que están encarcelados por orden de Nicolás Maduro han intentado acabar con sus vidas. Hace poco se filtró que una chica de 17 años se bebió un litro de cloro, como el caso de Diomer Gómez, de 16 años, que esta misma semana quiso suicidarse al no ser incluido en la última lista de excarcelaciones.
"No hay un médico tratante u hospitalario que suscriba el certificado de defunción, lo que demuestra que se trata de una muerte súbita y sospechosa que requiere autopsia médico legal", advirtió Zair Mundaray, antiguo número dos de la Fiscalía, exiliado hoy en Colombia.
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