A menos de un mes de que se realicen elecciones municipales, el partido opositor Renovación Nacional (RN) anunció el lunes (30/09) que impulsará un juicio político en contra del presidente de Chile, Gabriel Boric, por la crisis de seguridad que sufre el país.
CHILE
Crisis de seguridad: Impulsan juicio político contra Gabriel Boric
La oposición busca un juicio político contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, por el aumento de la delincuencia y violencia en el país.
01 de octubre de 2024 - 08:30
Gabriel Boric enfrenta una insólita crisis de seguridad.
Chile sufre una grave crisis de seguridad por la ola de violencia visibilizada en los asesinatos múltiples y recientes masacres en medio de la consolidación del crimen organizado.
Del 2014 al 2023, las agresiones sexuales crecieron en un 46% y los robos con violencia un 11%, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es indudable que Chile, sumida en una ola de violencia anómala, ha dejado de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica.
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"Vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. La responsabilidad última del orden público es del presidente", adelantó la diputada opositora Ximena Ossandón que explicó que la acusación será ingresada a la Cámara de Diputados el próximo lunes.
La medida tiene pocas opciones de prosperar ya que RN cuenta con 21 de los 155 diputados de la Cámara Baja y para que la iniciativa llegue al Senado se requieren 78 votos.
Desde el oficialismo y desde la fuerza opositora Evópoli salieron a rechazar el pedido de juicio político. Jorge Guzmán, jefe de la bancada de Evópoli calificó la acción de RN como una "irresponsabilidad". “Esto es un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y, por cierto, pone en riesgo la figura del presidente de la República que fue electo por la ciudadanía y, por tanto, le corresponde cumplir con su rol hasta el fin de su mandato".
“Es evidente que se trata de una maniobra electoral a semanas de la elección municipal", afirmó el legislador oficialista Raúl Soto.
Gabriel Boric promulgó una de las mayores reformas en décadas del código penal y procesal e hizo un llamado a la unidad nacional contra los delincuentes y el crimen organizado para enfrentar la crisis de seguridad.
Entre otras medidas, contempla sanciones más drásticas para los reincidentes, la tipificación de nuevos hechos punibles y mejora la persecución penal para delitos de mayor connotación social, según Emol.
En el código procesal se introducen medidas especiales de protección a fiscales en casos de amenazas, agresiones o afectación a la integridad del profesional y sus familias y una actualización de leyes referidas a las bandas criminales, el narcotráfico, la posesión de armas y delitos informáticos y económicos, de acuerdo con Prensa Latina.
El domingo 29 de septiembre, el mandatario chileno dijo que el proyecto de Presupuesto de la Nación para 2025 incluye un incremento del gasto público del 2,6% y el énfasis será la seguridad.
Ministra del interior
El mismo lunes el ultraderechista Partido Republicano presentó una propuesta de juicio político contra la ministra de Interior, Carolina Tohá, por haber comprometido, a su juicio, gravemente la seguridad de la nación tras la renuncia del exjefe de la Policía, Ricardo Yáñez quien el martes será formalmente imputado por su presunta responsabilidad en los abusos policiales cometidos durante las mortales protestas de 2019.
"La seguridad es la prioridad de los chilenos y llegó la hora de que el presidente y su equipo así lo entiendan y empiecen a actuar en consecuencia", señaló el diputado ultra Luis Sánchez.
En el documento acusatorio dice: "Conforme a los antecedentes que tenemos, que son por todos conocidos: la violencia extrema, el aumento de los homicidios, los carabineros asesinados, el aumento del crimen organizado, los cuerpos y restos humanos que aparecen día a día, es que consideramos que no se han tomado las medidas de manera adecuada y oportuna", según supo Emol.
Asimismo, la acusan "haber infringido la Ley de Migración y Extranjería” que ocasionó un caos migratorio. Uno de los principales factores de la expansión del la banda narco Tren de Aragua es el éxodo y posterior inmigración venezolana. Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, si se considera el número de venezolanos que optaron por rutas ilegales.
La ola de homicidios revive el debate sobre el papel de los militares contra la delincuencia en Chile. Varios alcaldes reclaman desde hace meses la presencia militar en sus municipios tomados por la violencia incluidos el alcalde de Maipú, Tomás Vonadovic, del Frente Amplio de Boric, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos; la de San Miguel, Erika Martínez y varias figuras de la oposición.
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