El gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunció este viernes (25/09), en São Paulo, la prohibición de las apuestas en línea y las plataformas de juegos virtuales en el país (el genérico de estas empresas es 'bets'). Se espera que Lula da Silva también envíe al Congreso un proyecto de ley que establezca sanciones para quienes exploten, operen o promuevan las apuestas.
"PROHIBIR NO ES PROTEGER" SE QUEJA LA INDUSTRIA
Interesante: Lula da Silva prohibió las apuestas online (para devolver dinero a las familias)
Luiz Inácio Lula da Silva ya se había quejado y el 75% de apoyo de las familias a esa medida lo decidió: prohibición de las apuestas online.
Los últimos datos disponibles, publicados en agosto por el Comité Nacional de Secretarios de Hacienda de los Estados y del Distrito Federal (Comsefaz), estiman que las apuestas quitaron R$ 62.500 millones (US$ 12.046 millones) a los presupuestos de las familias brasileñas en 2025, el 0,68% del ingreso disponible, según la 3ra. edición del Boletín Fiscal de los Estados Brasileños.
"Esta cantidad representa una transferencia significativa de ingresos de las familias a este sector, con un impacto potencial en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras", afirma el estudio.
El estudio fue elaborado por Comsefaz en colaboración con el Centro Internacional Celso Furtado de Políticas de Desarrollo (Cicef), con base en datos del Banco Central, las Estadísticas de Pagos por Actividad Económica (EPAE) y análisis propios.
La encuesta define la "salida neta" como la diferencia entre todo lo que los apostadores invirtieron en las plataformas de apuestas y el dinero que recibieron en premios. En otras palabras, el cálculo muestra cuánto, en el saldo final, salió de los bolsillos de los jugadores y permaneció en el sector de las apuestas.
Según la encuesta, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la salida neta promedio se estimó en R$ 4.700 millones (US$ 905 millones) por mes.
Peligrosa tendencia
El estudio también destaca que el crecimiento de las apuestas en línea representa un riesgo adicional para los presupuestos de las familias brasileñas, que ya enfrentan altas tasas de interés y dificultades para pagar sus facturas. Según la encuesta, las apuestas en línea también tienen un bajo efecto multiplicador en la economía.
En la práctica, esto significa que, a diferencia del dinero gastado en bienes y servicios, los recursos destinados a las plataformas de apuestas generan menos ingresos, empleos y actividad económica.
La encuesta también señala a PIX como el principal método utilizado por los brasileños para transferir dinero a las plataformas de apuestas.
Según el estudio, la expansión de las apuestas habría añadido, en promedio, R$ 24.100 millones mensuales (US$ 4.645 millones) al volumen de transacciones entre octubre de 2024 y marzo de 2026. En 2025, este volumen adicional se estimó en R$ 350.970 millones (US$ 67.649 millones).
El estudio también indica que las familias de bajos ingresos tenían una participación significativa en el mercado de las apuestas.
En el momento de la publicación del boletín de Comsefaz, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), que representa al sector de las apuestas, cuestionó los datos, y afirmó que la encuesta contenía "graves errores" e ignoraba factores macroeconómicos que contribuyeron al aumento del uso de PIX.
Michel Temer
Las "bets" fueron legalizadas en 2018, al final del gobierno del gobierno golpista de Michel Temer.
En agosto de 2018, su último año en el cargo, Temer envió una Medida Provisional (MP) al Congreso Nacional relativa a cambios en el Fondo Nacional de Seguridad Pública y la asignación de los ingresos de la lotería, pero el texto original aún no mencionaba las apuestas.
Durante el proceso legislativo en el Congreso, las apuestas se incluyeron en el texto, que fue aprobado por los parlamentarios y posteriormente promulgado por el presidente Michel Temer en diciembre de ese mismo año.
La legislación estipulaba que el gobierno debía regular el sector en un plazo de 2 años, plazo que podía prorrogarse otros 2 años, es decir, hasta finales de 2022, algo que no ocurrió.
Pero la regulación no comenzó hasta 2023, el 1er. año del 3er. mandato de Lula.
En septiembre de 2025, durante su participación en el programa Roda Viva, de TV Cultura, Temer afirmó que la principal petición en ese momento era la aprobación del juego en general, como los casinos, una idea a la que, según declaró, "siempre se había resistido".
«Pero luego surgió esta idea intermedia: apostar en juegos de azar. La autoricé al final de mi mandato. No sé si lo haría de otra manera. Hoy veo muchos reportajes sobre personas pobres que destinan una buena parte de sus ingresos a estas apuestas. No sé si, ante esta realidad, daría marcha atrás. Porque en Brasil, cada vez que das marcha atrás, te critican», declaró Temer.
Jair Bolsonaro
Para recabar información destinada a establecer un "modelo regulatorio alineado con las mejores prácticas mundiales", el Ministerio de Economía celebró 3 consultas públicas:
- en agosto de 2019,
- septiembre de 2019 y
- en febrero de 2020.
El ministerio afirmó que se recibieron miles de contribuciones para apoyar la regulación.
«Además, también en 2021, la Secap [Secretaría de Evaluación, Planificación, Energía y Loterías] organizó una serie de seminarios para estimular el debate y la difusión del conocimiento sobre temas relacionados con su ámbito de actividad, aclarando que las opiniones de los ponentes no representan necesariamente la postura de la Secretaría, sino que pretenden aportar información, debate público, estudios y opiniones que contribuyan a las políticas formuladas o evaluadas y a la transparencia ante la sociedad», según un documento del Ministerio de Economía.
En octubre de 2022, el presidente Jair Bolsonaro declaró, en una entrevista durante la campaña electoral de ese año, que el decreto sobre apuestas deportivas estaba "bastante avanzado" y "maduro".
Sin embargo, Bolsonaro no publicó el texto.
"El tipo sigue apostando y el dinero se va al extranjero, así que esto es un caldo de cultivo para toda la sociedad", dijo Bolsonaro, en un fragmento reproducido por el periódico Valor Econômico.
En aquel entonces, las empresas de apuestas no podían operar en Brasil, solo en el extranjero, debido a la falta de regulación nacional con normas para su funcionamiento.
Lula da Silva
A finales de 2023, el presidente Lula promulgó la ley que regulaba las empresas de apuestas, conocidas como "bets".
La normativa estableció reglas para el funcionamiento de los sitios de apuestas, definió la tributación de las empresas y los apostadores, y reguló la asignación de los recursos recaudados por el gobierno a partir de dicha actividad.
El proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados el 21/12/2023, formaba parte de un paquete de medidas promovidas por el equipo económico para aumentar los ingresos federales.
En aquel momento, los cálculos iniciales del Poder Ejecutivo estimaban que gravar los juegos virtuales y las apuestas podría aportar al menos R$ 10.000 millones (US$ 1.927 millones) a las arcas públicas.
Tras la entrada en vigor de la ley en 2024, el Ministerio de Finanzas publicó 20 normas para su aplicación. Una de las ordenanzas de la Secretaría de Premios y Apuestas definió los requisitos de seguridad y operativos para las plataformas de apuestas autorizadas en el país.
Entre las normas se incluye una que exige a las empresas utilizar el sistema de registro electrónico "bet.br", la obligación de compartir datos con el gobierno y el cumplimiento de las normas de seguridad y protección del apostador.
Ese mismo año, también se dieron a conocer los nombres de las primeras empresas autorizadas a operar en el país, y comenzaron a bloquearse los sitios web ilegales.
Una nota técnica publicada por el Banco Central (BC) en aquel entonces indicaba que los brasileños gastaron alrededor de R$ 20.000 millones mensuales (US$ 3.855 millones) en apuestas en línea durante los primeros 8 meses de 2024.
Según los datos, aproximadamente 24 millones de personas participaron en juegos de azar y apuestas en línea, realizando al menos 1 transferencia a través de PIX durante el período analizado.
El valor promedio de las transferencias mensuales aumenta con la edad: los jóvenes gastan alrededor de R$100 por mes (US$ 19,27), mientras que las personas mayores superan los R$3.000 por mes (US$ 578,25) en apuestas.
El mismo documento también indicaba que los usuarios de programas sociales estaban utilizando estos recursos para apostar.
Los datos alertaron a diversas áreas del gobierno y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal (TSF).
Por votación unánime, los ministros ratificaron una orden del ministro Luiz Fux que instruye al gobierno a prohibir que este segmento de la población juegue en estas plataformas, una medida implementada por el equipo económico en octubre 2025.
Más de 3,5 millones de beneficiarios de programas sociales tienen prohibido el acceso a las plataformas de apuestas de cuotas fijas autorizadas por el Ministerio de Hacienda.
Recientemente, durante la campaña electoral en curso, Lula da Silva comenzó a atacar el juego, afirmando que ha provocado altos niveles de endeudamiento entre la población.
«Me preocupa que hoy en día un sector de la juventud esté enganchado a los algoritmos. Y si no luchamos contra esto, los algoritmos ganarán. No tengo ningún problema en decirlo. Me daría muchísima satisfacción acabar con las apuestas», declaró Lula esta semana.
En contra
Las asociaciones de juegos de azar se manifestaron en contra de la Medida Provisional (MP) y afirmaron que "prohibir no es proteger".
El manifiesto, firmado por el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y los operadores autorizados, argumenta que prohibir las apuestas legales no eliminaría la práctica, sino que podría llevar a los apostadores a sitios web clandestinos, donde no existen mecanismos de supervisión y protección.
"En una maniobra sin precedentes a nivel internacional por parte del sector, dirigida únicamente a una supuesta ventaja electoral en la contienda presidencial, el país está aniquilando principios constitucionales como la libre empresa y la dignidad de la persona humana, esta última debido a la facilitación de la migración de jugadores al mercado ilegal.
Como si todas estas consecuencias negativas no fueran suficientes, el país está demostrando una total falta de respeto hacia las inversiones realizadas y hacia el cumplimiento, por parte de las casas de apuestas, de todas las obligaciones legales establecidas, incluido el pago de las concesiones que les otorgaron el derecho a operar servicios de apuestas durante un período de cinco años. Este escenario no deja a los inversores internacionales otra conclusión que la de una completa incertidumbre jurídica.
La decisión de cerrar de la noche a la mañana toda una industria —una industria que requería la contratación de miles de profesionales brasileños, el establecimiento de oficinas y la promoción de numerosos eventos que beneficiaban a una vasta red de trabajadores— también elimina ingresos fiscales que, solo en el primer semestre de 2026, alcanzaron casi 10.000 millones de reales.
Recursos que ya no se destinarán a la salud, la seguridad social, el deporte, la seguridad pública y otros sectores que se benefician de estos programas.
Ante la perplejidad de las empresas vinculadas a ANJL, la asociación afirma que ya está tomando las medidas necesarias para revocar la Medida Provisional, llevando el caso a los tribunales."
El proyecto
Según el borrador de la propuesta que enviará el Ejecutivo al Legislativo, explorar u operar las llamadas "apuestas de cuotas fijas", por cualquier medio, se convertirá en un delito punible con pena de prisión de 4 a 6 años, además de una multa .
La sanción se aplicará incluso si el agente cuenta con autorización de una autoridad extranjera.
La propuesta pretende extender las mismas sanciones a quienes ofrezcan, reciban, registren, medien, pongan a disposición o gestionen canales y establecimientos de apuestas .
La sanción, si el texto es aprobado por el Congreso, aumentará en 1/3 si el objeto de la apuesta es un evento de juego virtual en línea, como los populares casinos virtuales, como es el caso del "juego del tigre".
Además de la explotación directa, el proyecto de ley que se enviará a la legislatura penaliza las actividades relacionadas con las apuestas:
- Difusión y publicidad: Quienes realicen publicidad, promoción o marketing para incentivar las apuestas serán castigados con pena de prisión de 2 a 4 años y multa . La misma pena se aplicará a quienes recluten apostadores o moneticen este tipo de publicidad. Sin embargo, el texto aclara que esta norma no se aplicará a contenidos periodísticos, informativos, educativos, académicos, científicos o críticos.
- Uso de datos personales: la cesión, venta o segmentación de listas de datos personales con fines de publicidad de juegos de azar también se castigará con pena de prisión de 2 a 4 años , agravándose las circunstancias si los datos incluyen el historial de pérdidas de los apostadores, trastornos del juego diagnosticados o información sobre niños y adolescentes.
- Facilitación financiera y plataformas: las instituciones o agentes que realicen transacciones, procesamiento o almacenamiento de pagos de apuestas , conociendo su origen, así como los desarrolladores y distribuidores de aplicaciones y plataformas de apuestas en línea, también pueden ser objeto de penas de prisión de 2 a 4 años.
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