Grupos privados en Estados Unidos, vinculados a causas proisraelíes, están utilizando tecnología sofisticada de reconocimiento facial para identificar a estudiantes extranjeros que participan en protestas contra la guerra en Gaza, con el fin de denunciarlos ante autoridades migratorias y promover su deportación, según Associated Press.
TECNOLOGÍA AL ASECHO
USA: Denuncian reconocimiento facial para deportar estudiantes
Organizaciones proisraelíes emplean tecnología de reconocimiento facial sobre manifestantes pro-palestinos, presionando su deportación, publicó Associated Press
Estas acciones —respaldadas por la retórica del presidente Donald Trump— han generado temor entre activistas y abogados, quienes advierten sobre la criminalización de la disidencia y el abuso de tecnologías de vigilancia.
Tecnología y persecución
Empresas como Stellar Technologies, dirigida por Eliyahu Hawila, han desarrollado software de reconocimiento facial (ej. NesherAI) para identificar a manifestantes enmascarados en marchas pro-palestinas. Organizaciones como Betar, un grupo judío de derecha, utilizan estos datos para crear listas de estudiantes y profesores extranjeros, exigiendo la revocación de sus visas. En enero, una manifestante anónima fue despedida de su trabajo tras ser identificada con esta tecnología, según grupos proisraelíes.
La presión ha escalado tras el arresto en marzo de Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia, y la detención de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de la Universidad Tufts. Ambos casos reflejan la colaboración entre grupos privados y agencias como ICE (Inmigración y Control de Aduanas), que ha aumentado las deportaciones bajo la promesa de Trump de "limpiar" campus universitarios de "radicales violentos".
Deportaciones, temor y ansiedad
Jóvenes con visas académicas, especialmente de Asia y Medio Oriente, enfrentan ansiedad y autocensura. Una estudiante de posgrado de Columbia, originaria del sur de Asia, cerró sus redes sociales y canceló viajes por miedo a represalias. "Nos obligan a pensar en nuestra supervivencia", declaró bajo anonimato. Otros, como un estudiante del Reino Unido en Columbia, temen que fotos tomadas en protestas sean usadas para acusaciones falsas.
Abogados de derechos civiles, como Sejal Zota, critican la privatización de la vigilancia: "Grupos externos actúan como cómplices del gobierno en la persecución de la disidencia". El Comité Antidiscriminación Árabe-Americano denuncia que estas prácticas fomentan un "ambiente de denuncia mutua", comparándolo con regímenes autoritarios.
Expansión de centros de detención en Luisiana
La administración Trump ha trasladado a detenidos, como Khalil y Ozturk, a centros remotos en Luisiana —segundo estado con más inmigrantes bajo custodia de ICE—, dificultando su acceso a representación legal. Activistas denuncian condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento prolongado y muertes bajo custodia. Actualmente, ICE detiene a 47,892 personas, cifra récord desde 2019.
Respuesta legal y resistencia
Un fallo reciente del juez Brian E. Murphy obliga a ICE a garantizar audiencias justas antes de deportar a terceros países. Sin embargo, casos como el de un guatemalteco enviado a México —donde sufrió abusos— evidencian fallas sistémicas. Organizaciones como la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración demandaron al gobierno por estas prácticas, alegando violaciones a derechos humanos.
Mientras Trump promete deportaciones masivas, universidades como Columbia y Pittsburgh enfrentan presiones para disciplinar a activistas. Aunque grupos como Betar insisten en enfocarse en "quienes incitan violencia", estudiantes y académicos advierten que el objetivo real es silenciar la crítica a Israel. "No se trata de seguridad, sino de controlar la narrativa", afirmó Sahar Bostock, estudiante israelí de Columbia.
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