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DENUNCIA

'La estafa con los desaparecidos', en manos de Ariel Lijo

Pesquisa periodística convertida en denuncia penal y en libro: 'La estafa con los desaparecidos' (pago sin control de indemnizaciones por la represión ilegal).

La denuncia se encuentra en el Juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo, pero llega a las librerías, con presentación prevista en diciembre en el tradicional Palacio Balcarce, y polémica, a la que no le escapa el autor, José D'Angelo, ni el autor del prólogo, Juan Bautista Yofre: 'La estafa con los desaparecidos', una investigación que amenaza con revolver hasta el fondo algunos de los mitos que sostienen los organismos que se atribuyen la defensa de los derechos humanos.

Dinero sin control pagado por el Estado a partir de un concepto atribuido -palabras más, palabras menos- a Martín Caparrós: "Cuando los ricos argentinos tomaron conciencia de la represión que habían hecho los militares, nos dejaron a nosotros, los que habíamos perdido, que escribamos la historia".

Sin embargo, D'Angelo introduce un agregado fundamental: la clave de ese 'relato' que algunos dirigentes permitieron construir, fue socializar lo que no había sido masivo. En verdad, nunca fue una generación que tomó las armas, jamás fue una generación que quedó en el camino y ni siquiera fueron 30.000 los detenidos-desaparecidos, una cifra que integró la decisión política de lograr volumen por muchos motivos:

  • más impacto mediático,
  • garantizar el pago de las indemnizaciones,
  • convertir al foquismo de Ernesto Guevara/Régis Debray en un acto de masas y así lograr que el terrorismo consiguiera justificación y legitimidad,
  • reciclarse de agresores contra el orden constitucional en víctimas del terrorismo de Estado.

El 'relato' requiere la prohibición de todo cuestionamiento, y para ello quienes se atrevan deben castigados en forma aleccionadora. Crucificados a media mañana en la vía pública. Pero D'Angelo dice que no le interesa porque su trabajo es 'el contra relato'.

No es un dato menor porque, con frecuencia, los ladridos van contra el cartero en un intento de desviar la atención de lo que necesita debatir.

En cualquier caso, la estrategia del 'relato' es posible de comprender aunque no compartir, en el marco de un conflicto no resuelto. Pero ¿cómo se explica el delito en el pago de las indemnizaciones? ¿Estafas comunes en nombre de valores permanentes?

D'Angelo: "El pago fraudulento de indemnizaciones al amparo de las denominadas 'leyes reparatorias' representa una estafa multimillonaria en perjuicio del Estado y los contribuyentes."

Existe el agravante de que, luego del cobro de la indemnización, algunos casos fueron quitados de los informes oficiales para ocultar la irregularidad que se cometió al indemnizarlos.

Por ese motivo es importante que el juez federal que tiene la denuncia, Ariel Lijo, permita acceder a los listados de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Las víctimas verdaderas merecen descansar en paz y esto requiere que no existan dudas sobre su condición.

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'La estafa con los desaparecidos': ex secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde; y Hebe de Bonafini.

'La estafa con los desaparecidos': ex secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde; y Hebe de Bonafini.

Caso curioso N°1

Año 1975, gobierno constitucional, María Estela Martínez de Perón tuvo que asumir por fallecimiento de Juan Domingo Perón.

La revista 'Estrella Roja', del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), anuncia:

“El Comando Héroes de San Martín, del ERP, intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt (Sargento Clara)”.

¿Por qué correspondería un resarcimiento? Gobierno constitucional, intento de robo de camión de caudales y con custodios heridos.

Por la muerte de Nora Lía Marquardt, alias 'Sargento Clara', el Estado argentino pagó $ 17.593.669, actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación Nro. 34.028 del Ministerio de Economía. Su nombre participa del monumento Parque de la Memoria.

¿Cuál fue la represión ilegal que sufrió la 'Sargento Clara'? ¿Acaso la ilegalidad era la existencia misma del Estado?

Preguntas:

  • ¿Quién audita que resulte correcta la aceptación del reclamo?
  • ¿Quién audita que resulte correcto el monto indemnizatorio estimado?
  • ¿Qué garantías tiene el Estado en caso de un engaño en los procedimientos?

Todo conduce a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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Diana Conti también fue secretaria de Derechos Humanos.

Diana Conti también fue secretaria de Derechos Humanos.

Los listados

¿Cuántos fueron los detenidos-desaparecidos?

Hay 4 Informes oficiales.

  1. El de 1984, conocido como Nunca Más o CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
  2. El de 2006, 'Informe Secretaría DDHH'.
  3. El de 2015, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE 2015).
  4. El listado del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N°461 del 21/07/1998.

Según D'Angelo en el Parque de la Memoria son 8.751. Según Wikipedia, 8.717, que se desglosa en 7.664 que corresponden al 'Proceso' y 981 del gobierno constitucional Perón / Perón, casos en los que se invoca represión irregular de un Gobierno constitucional que comenzó a ser agredido por la declaración de regreso a las armas de grupos combatientes ilegales: ¿...?

En cuanto a la Conadep 1984, registra 8.961 detenidos-desaparecidos.

Pero el Informe DDHH 2006 suma 8.368 que se desglosan en:

  • Desaparecidos: 7.089,
  • Muertos: 1.279.

En el caso de RUVTE 2015, son 8.631 que surgen de la suma de:

  • Desaparecidos: 7.018.
  • Muertos: 1.613.

Muy importante: no coinciden.

  1. ¿Quién se hace cargo de las diferencias y sus motivos?
  2. ¿Cómo es que alguna vez alguien llegó a 30.000?
  3. ¿Por qué la sociedad aceptó lo que resulta no demostrable, probablemente una mentira?

La trama reparatoria es una madeja de docena y media de legislaciones si se cuentan sus prórrogas, ampliaciones y complementarias.

Hay que remontarse a la Ley N°24.043 (Año 1991), de beneficios otorgados a personas detenidas desde el establecimiento del Estado de Sitio el 06/11/1974. Luego fue ampliada por vía judicial, a los 'exilios forzosos'. El monto reparatorio se calcula como la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la Administración Pública Nacional, por cada día que duró la detención o el exilio. Puede resultar 'una bocha'.

Luego, la Ley N°24.411 (Año 1994), de resarcimiento económico para familiares de víctimas de desaparición forzada o fallecida por el accionar de las fuerzas armadas o de seguridad con anterioridad al 10/12/1983. El beneficio reparatorio equivale a 100 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la Administración Pública Nacional.

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José D'Angelo, autor de 'La estafa con los desaparecidos'.

José D'Angelo, autor de 'La estafa con los desaparecidos'.

Caso curioso N°2

22 de marzo de 1976, gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

La revista 'Estrella Roja' del ERP anuncia:

“Parte de Guerra. Buenos Aires, 22 de marzo de 1976. Comunicamos que a las 12:25 del día de la fecha una Unidad de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a cumplir la orden de ejecución del agente enemigo Atilio Santillán, ordenada por nuestro Estado Mayor Central. Atilio Santillán desde la Secretaría de la FOTIA deshonró la gloriosa tradición de lucha del gremio azucarero y actuando como agente de los servicios de información militar entregó al enemigo numerosos de los mejores luchadores de su gremio. Con el fusil y la estrella del Che, Venceremos.”

En 2016, Arnol Kremer, alias 'Luis Mattini', dijo: “Yo creo que lo de Santillán fue un error también. La orden la dio directamente (Roberto) Santucho. Yo estaba presente cuando se dio la orden. Algunos estábamos con dudas porque Santillán era un dirigente sindical y nosotros no matábamos gente así. La información que recibió Santucho de Tucumán era que Santillán era informante del Ejército. Yo no sé si había suficiente prueba de que lo era. Pero, me acuerdo, sí, que fue una instrucción directa que dio Santucho. Un comando entró en el sindicato y lo bajó.”

Atilio del Rosario Santillán no podría estar incluido en los listados oficiales de “víctimas de la represión ilegal del Estado” porque no fue muerto por agentes estatales sino por el ERP.

Su nombre no está registrado, ni en el Informe CONADEP de 1984 ni en el listado del gobierno de Néstor Kirchner en 2006, ni en la versión de Cristina Fernández en 2015.

Sin embargo, por la muerte de Atilio Santillán, se pagó una indemnización tal como si lo hubiesen asesinado agentes del Estado.

En 1996, alguien inició el trámite, ante la Secretaría DDHH, para gestionar el beneficio normado en la 'ley reparatoria' N°24.411 y el expediente recibió el N° 408.937/96.

En marzo de 2007, el Estado pagó por el “caso Santillán” una indemnización que, actualizada por inflación a noviembre de 2021, es de $ 19.679.673.

En el Parque de la Memoria se homenajea a Atilio Santillán.

Los pagos

Por Ley N°24.411 se pagaron, hasta diciembre de 2015, 7.907 indemnizaciones, por un total actualizado a julio de 2020 de $ 155.818.701.679 de ese momento (habría que actualizarlo a noviembre de 2021 porque la inflación lo distorsiona todo aunque los 'progres' argentinos toleran la inflación ya que dicen que licúa los pasivos del Estado).

Por Ley N°24.043 (Beneficios a detenidos y exiliados) se pagaron, hasta diciembre de 2015, 11.734 indemnizaciones por un total actualizado a julio de 2020 de $ 99.763.578.960.

Hasta el año 2016, según el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se encontraban pendientes de pago o en trámite 7.318 pedidos de indemnización, en su mayoría casos de 'exilios forzosos' por Ley N°24.043, por un monto total aproximado, a precios de julio 2020, de $ 100.791.352.825.

Pero la denuncia de D'Angelo avanza sobre los casos de corrupción identificados en pagos que abundan en discrecionalidad y escasean en transparencia.

Para la Justicia, señala la demanda, resultaría sencillo conocer si hubo fraude o no: necesita apenas contar con cada uno de los legajos individuales de los casos denunciados a efectos de conocer las pruebas que contienen.

¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Que la ley indemnizatoria dice: “La Secretaría de Derechos Humanos tendrá a su cargo la confección de los legajos individuales de las personas fallecidas en los que deberán constar los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extremos previstos por la ley.”

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Horacio Pietragalla Corti, hoy es 'el dueño de la pelota'.

Horacio Pietragalla Corti, hoy es 'el dueño de la pelota'.

Caso curioso N°3

El 26/11/1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, en la página 29 del N° 10 de la revista 'Evita Montonera', órgano oficial de Montoneros:

“28 de noviembre. Un Pelotón de Combate de Montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al Río Paraná”.

No mencionaron las heridas provocadas a Carlos Sabao, hermano de Pedro. Carlos sobrevivió al atentado.

En 1995, alguien inició el expediente N° 381.615/95, ante las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para percibir la indemnización de la 'ley reparatoria' N° 24.411, por Pedro Sabao.

El 26/03/2001, la Subsecretaría de Derechos Humanos -Diana Conti era la titular de la Secretaría-, ordenó el pago de la indemnización.

Por la muerte de Pedro Alberto Sabao, el Estado argentino pagó $ 17.356.549, actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación N°34.796 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio.

En marzo de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con Eduardo Luis Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos, se publicó un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado” que incluyó a Pedro Sabao como víctima de “Ejecución Sumaria” por el accionar represivo ilegal del Estado.

En 2015, un mes antes de dejar la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, con Juan Martin Fresneda como secretario de Derechos Humanos, fue publicado el RUVTE donde Pedro Alberto Sabao ya no es más víctima del Estado. Su nombmre no está registrado.

Pero en el Parque de la Memoria hay una placa con el nombre de Pedro Alberto Sabao. Y arriba de la placa de Pedro, está la de su hermano Carlos.

D'Angelo se comunicó con Nahuel Sabao, quien vive en Rosario, hijo de Carlos, quien le explicó que su padre murió de muerte natural, en 2016, en un geriátrico.

Un caso especial

Oscar Jesús Garavaglia salió sin hacer ruido de la casa donde vivía con sus padres y hermanos, en San Rafael, a 240 kilómetros de la ciudad de Mendoza, a las 5:00 del jueves 5 de enero de 1979.

Con 4 amigos, en 2 autos, fueron hasta la terminal de ómnibus de San Rafael y abordaron uno hasta El Nihuil, a orillas del embalse del río Atuel, a 60 kilómetros de San Rafael por la ruta provincial 173.

El grupo de amigos se alojó en el Club de Pescadores de El Nihuil, a orillas del lago artificial del embalse del río Atuel, decididos a ir a la caza de quirquinchos y practicar deportes acuáticos.

El día 12 a la mañana, Oscar y sus amigos, más el padre de uno de ellos que les serviría de chofer en su Rastrojero, decidieron de caza por la ruta provincial 180, de tierra y ripio, entonces, en dirección al Cerro Nevado. A la altura del Cerro Trintrica cazarían piches.

Habían acordado que a las 20:00, aún con luz natural, volvían todos juntos al Nihuil.

Oscar nunca volvió a su casa.

Ocurrieron búsquedas masivas (más de 400 personas) y reiteradas. Se utilizó, durante 20 días, hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea, un avión del aeroclub San Rafael y, además de voluntarios, efectivos de montaña de Gendarmería Nacional.

Más tarde, comenzaron las acusaciones de la familia contra 'el grupo' que había acompañado a Oscar: causa N° 94.643, caratulada: "p/Averiguación desaparición de Oscar Ramón Jesús Garavaglia".

En su cuenta en Facebook, Susana Garavaglia, hermana mayor de Oscar, escribió:

Hace 42 años que asesinaron a mi hermano, Oscar J. Garavaglia, con el alegato que se había perdido en la ruta del cerro Trintica al pie del Nevado. Sí, lo asesinaron, pudimos saberlo después de una larga y tortuosa investigación. (…) Hace 42 años que asesinaron a mi hermano, Oscar J. Garavaglia, con el alegato que se había perdido en la ruta del cerro Trintica al pie del Nevado. Sí, lo asesinaron, pudimos saberlo después de una larga y tortuosa investigación. (…)

En 2000, alguien inició un expediente ante la Subsecretaría de Derechos Humanos para percibir la indemnización de la Ley N° 24.411 por Oscar: expediente 125572/00.

En marzo de 2006, Oscar Jesús Ramón Garavaglia Santos fue incluido en un nuevo listado de “víctimas de la represión ilegal del Estado”.

El 25/09/2009 se ordenó el pago de la indemnización por Oscar Garavaglia.

Por la “desaparición” del joven mendocino el Estado argentino pagó $ 39.640.521 actualizados por inflación a noviembre de 2021, según Liquidación N° 36.354 del Ministerio de Economía, a los causahabientes designados en trámite sucesorio.

Este monto, se desconocen las razones, es el doble del promedio de pagos por esta ley 'reparatoria'.

En 2015, en el RUVTE final de CFK, desapareció el nombre de Oscar Garavaglia: su nombre ya no estuvo en el listado.

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