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Primero, la Suprema Corte de Justicia uruguaya fue cuestiona por el traslado de la jueza Mariana Mota -que concentraba más de 50 causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985)- desde el juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno. Más tarde, en una sentencia duramente cuestionada por el gobierno del Frente Amplio, la SCJ declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Luego, la SCJ (por 4 a 1) declaró inconstitucional la ley que había eliminado la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías en el período de facto. La SCJ entendió que esa ley es inconstitucional, por cuanto aplicó en forma retroactiva leyes penales. Esa sentencia hará que los jueces no puedan procesar a más militares y policías, aunque no liberará a los que ya están en prisión. Hace casi 10 días que los ministros de la SCJ son blanco de duras críticas de organizaciones vinculadas al Frente Amplio. Cuando la jueza Mota debía juramentar su nuevo cargo, unas 300 personas ocuparon la sede de la SCJ en rechazado al traslado de Mota. Los manifestantes fueron desalojados por la Policía, dirigidos en forma personal por el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández. Desde hace 1 semana los 5 ministros de la SCJ, cuyo juicio político promueve un sector del Frente Amplio, son protegidos por un discreto operativo de seguridad policial. Ahora, a la entrevista:
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