La decisión del presidente Javier Milei de extender hasta julio de 2028 la Agencia de Transformación de Empresas Públicas implica más que una prórroga administrativa. Es más bien una señal de que el proceso de privatizaciones, concesiones y reforma del sector empresario estatal continuará siendo uno de los principales ejes de su política económica durante los próximos años. Incluso, para un próximo mandato.
EMPRESAS PÚBLICAS
Hasta 2028: Confiado en su continuidad, Javier Milei extendió la Agencia que gestiona las privatizaciones
Javier Milei extendió "hasta su próximo mandato" la agencia que lidera la privatización de empresas públicas y dejó un claro mensaje.
Luis Caputo y Javier Milei.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 611/2026, publicado este lunes 20 de julio en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo prorrogó por otros dos años la vigencia del organismo creado para conducir la reorganización de las empresas públicas, que claramente demandará un horizonte más amplio que el previsto cuando lanzó su programa de transformación en 2024.
La decisión refleja así, no solo que la Casa Rosada considera que buena parte de los expedientes abiertos todavía está lejos de concluir sino también que la transformación del Estado seguirá ocupando un lugar central en la agenda oficial.
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La Agencia continuará funcionando desde este 19 de julio hasta el 19 de julio de 2028, aunque el decreto aclara que podrá disolverse antes si cumple los objetivos para los cuales fue creada. Sin embargo, en los fundamentos de la norma el propio Gobierno reconoce que el organismo "aún no cumplimentó en su totalidad el objeto de su creación", razón por la cual decidió extender nuevamente su vigencia.
Cuando la Agencia fue creada mediante el Decreto 644/2024, el objetivo era concentrar en una única estructura técnica todas las decisiones vinculadas con el futuro de las empresas públicas. El Gobierno entendía que la dispersión de funciones entre distintos ministerios retrasaba los procesos de reorganización y dificultaba avanzar con una de las principales promesas de campaña de Milei: reducir el tamaño del Estado y disminuir su participación en la actividad empresarial.
Dos años después, la continuidad del organismo demuestra que esa tarea resultó mucho más compleja de lo previsto.
La magnitud de los activos involucrados, las auditorías, las valuaciones, las negociaciones con potenciales inversores, las cuestiones regulatorias y los distintos obstáculos políticos y judiciales hicieron que la mayor parte de los expedientes continúe abierta.
Otra lectura del prórroga
La prórroga también deja otro mensaje: si bien el decreto establece que la Agencia dejará de existir cuando cumpla sus objetivos, el Ejecutivo decidió garantizar desde ahora su funcionamiento hasta mediados de 2028, un plazo que implicaría a un eventual segundo mandato presidencial de Milei.
Su función no se limita a coordinar privatizaciones sino que también interviene en los planes de acción y presupuesto de las empresas públicas, en procesos de reorganización jurídica, fusiones, escisiones, reconformaciones societarias, liquidaciones, transferencias a provincias o a la Ciudad de Buenos Aires y cualquier modificación estructural que el Poder Ejecutivo decida impulsar sobre las sociedades donde participa el Estado nacional.
Diego Chaher seguirá al frente
El decreto también ratifica la continuidad del abogado Diego Chaher como titular de la Agencia con rango y jerarquía de secretario, cargo que ocupa desde la creación del organismo.
Chaher se convirtió en uno de los principales ejecutores del plan de reforma del Estado impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde su área coordina los expedientes vinculados con privatizaciones, concesiones, reorganizaciones societarias y liquidaciones, articulando el trabajo entre los distintos organismos involucrados.
La norma también introduce cambios en la estructura interna: Luciano Masnú Lardet dejó la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular de la Agencia, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones.
A su vez, el Gobierno prorrogó las designaciones de los responsables de Pliegos y Contratos Especiales, Articulación Laboral, Apoyo Societario y Relaciones Contractuales y Apoyo Legal, buscando preservar los equipos técnicos que llevan adelante expedientes de alta complejidad y garantizar la continuidad de procesos que, según reconoce el propio Ejecutivo, todavía requerirán varios años más para completarse.
Las empresas que siguen en la lista
A pesar de los avances realizados hasta ahora, el Gobierno todavía mantiene abiertos numerosos expedientes sobre empresas consideradas estratégicas y, en muchos casos, las definiciones de fondo aún están pendientes.
La Unidad Ejecutora tiene bajo su órbita las empresas y sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera, es decir, aquellas en las que el Estado nacional posee participación mayoritaria o control.
En ese universo aparecen compañías en las que el Gobierno incluyó dentro de su programa de transformación:
- AySA
- Enarsa
- Intercargo
- Belgrano Cargas y Logística
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
- Tandanor
- Fabricaciones Militares
No todas recorrerán el mismo camino ya que, mientras algunas podrían terminar privatizadas, otras avanzan hacia esquemas de concesión, apertura al capital privado, reorganización societaria o reestructuración operativa.
La propia Agencia fue concebida para administrar todas esas alternativas y no únicamente la venta de activos.
Además de conducir privatizaciones, el organismo interviene en procesos de fusión, escisión, reorganización jurídica, reconformación societaria, liquidación y transferencia de empresas a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.
Su misión, por lo tanto, excede ampliamente la desinversión estatal y alcanza prácticamente cualquier modificación estructural que el Gobierno decida aplicar sobre las compañías bajo control público.
Un proceso lento
La experiencia del primer año de funcionamiento de la Agencia mostró que transformar empresas públicas resulta bastante más complejo que anunciar su privatización.
Pero algunos procesos comenzaron a mostrar avances concretos. Tal es el caso de la privatización de Corredores Viales, la apertura del mercado de servicios de rampas aeroportuarias para introducir competencia frente a Intercargo y la reorganización de distintas empresas del sector energético.
Otros expedientes, en tanto, continúan en análisis. Casos como AySA, Enarsa, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica, YCRT o Tandanor todavía requieren definiciones sobre el mecanismo que finalmente adoptará el Gobierno, el momento oportuno para avanzar y las condiciones de mercado que permitan concretar cada operación.
Esa combinación de factores explica por qué el Ejecutivo decidió prorrogar la Agencia en lugar de dar por finalizada su tarea.
La propia norma reconoce que el organismo aún no cumplió plenamente los objetivos para los que fue creado y que resulta necesario mantener la estructura técnica que viene trabajando sobre esos expedientes desde mediados de 2024.
Más poder para la Agencia de Transformación de Empresas Públicas
Otro cambio dispuesto por el Gobierno se hizo a través del Decreto 611/2026 que amplía sus atribuciones, reforzando su papel como organismo rector de la transformación del sector empresario estatal.
Hasta ahora, la Unidad Ejecutora concentraba la coordinación de los procesos de privatización, reorganización y reestructuración.
A partir de esta modificación, también podrá ejercer, cuando así se le delegue, la representación societaria del Estado Nacional en las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera.
En términos prácticos, esto implica que la Agencia podrá representar directamente al Estado como accionista en distintas compañías públicas, una función que hasta ahora permanecía distribuida entre diferentes organismos de la administración nacional.
El decreto incorpora además otra atribución considerada estratégica: el organismo será el encargado de realizar un control de idoneidad sobre los candidatos propuestos por el Estado para integrar los directorios de las empresas públicas antes de que sus designaciones sean formalizadas.
Al mismo tiempo, instruye al Ministerio de Economía a incorporar las partidas necesarias para financiar el funcionamiento del organismo en el Presupuesto 2027 y en los ejercicios siguientes, asegurando que cuente con recursos durante toda la nueva etapa.
Por último, vale destacar que la decisión también envía una señal al mercado:
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