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¿HAMBRE EN EL GRANERO?

Apuntes para el Debate (4): Alimentar 3 millones de pobres es 1 mes de lo exportado 

Dom, 13/10/2019 - 7:52am
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Argentina produce el equivalente a unas 130 millones de toneladas de agroalimentos: a grandes rasgos, mitad exporta y mitad consume adentro. Habría para poner un plato para poner en mesas vernáculas y foráneas, y hasta inclusive nuestro país se da el lujo de ser el que más comida desperdicia. Aún así hay 3 millones de compatriotas, entre una población cercana a los 45 millones, que la pasa mal y además padece de insuficiencia alimentaria. Si sólo se reasignar un 40% de esa pérdida entre los urgidos, matemáticamente quedaría saldada la deuda en materia de ingestas. Coinciden estos cálculos con el 1% de la donación que pidió el FPT a la industria como contribución a la campaña contra el hambre, que pegó a la electoral. Es difícil de entender y hasta de explicar a extranjeros qué sucede en un país en el que sobran los abundantes alimentos que se producen, abastecen a 450 millones de habitantes del planeta y por estos lares cueste tanto llegar a una dieta equilibrada que inclusiva que elimine el riesgo alimentario y la denominación hambre en el léxico social. 

“El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sigue vigente y funcionando y los Consejos Consultivos implosionaron debido a las enormes disputas que tenían los grupos piqueteros en su interior por la distribución de los planes Jefas y Jefes de Hogar”.
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Prensa de la Presidencia acaba de difundir un comunicado en el que informa que “las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron en agosto último el 10,4% en volumen y el 1,6 en valor, respecto del mismo mes de 2018”.

Que se comercializaron 4 millones de toneladas por un valor de US$2385 millones gracias a la tracción de las colocaciones de carne bovina (46,6%), aceite de soja (36,2), aceite de girasol (36,8), salvado y residuos de cereales (36,9), carne aviar (32,4), vinos (20,6), malta (45,4), maníes crudos (64,3), preparaciones de papas (32,6), azúcar de caña (156,1), manteca (67,5), productos lácteos (157,9), jugo de naranja (285,2), papa (65), cereza (77,8), frutilla (229,3) y kiwi (140,6%).

Los principales destinos: China, India, Brasil, España, Vietnam, USA, Chile, Argelia, Italia.

Una excelente noticia que nos reafirmaría como uno de los principales proveedores de alimentos para 400 millones habitantes del planeta, según datos de la FAO, pero que contrasta con las graves dificultades en asegurarles el bocado a unos 1,5 millón de compatriotas, según calculó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), que se elevarían a poco más de 2 millones para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas y llegarían a los 3 millones de acuerdo con la óptica del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA).

Sin embargo, en el medio de tales ponderaciones sobre el déficit alimentario nacional, el propio organismo internacional, a través de su director, Francisco Yofre, caracterizó a la Argentina como “uno de los países que más desperdicia comida y uno de los de mayor consumo de azúcar y bebidas azucaradas": 16 millones de toneladas, que significarían 12,5% del total de producción agroalimentaria, 1 kg diario por habitante y, cuanto menos, 4 meses como el de agosto para surtir al mundo.

¿A cuántos pobres daría de comer una asignación más eficiente y equitativa de los alimentos?

Una muestra de lo que podría hacerse nada más que con aprovechar ese drenaje se encuentra en 2017, cuando los bancos de alimentos del país rescataron más de 9 millones de kilos de comida que se sirvieron en 28 millones de platos en 2.500 comedores y hogares de ancianos y niños necesitados.

Claramente lo expuso el economista agrario Iván Ordóñez en declaraciones a BBC Mundo: “El problema de Argentina no es que falten alimentos. No somos India ni Haití ni Venezuela; nosotros no importamos alimentos, todo lo que comemos es industria local. Lo que debería pasar, y no ha pasado, es que el mercado interno compita con el mercado externo, que se exporte más, se genere más riqueza y eso genere más empleo”.

Las matemáticas darían que, sobre una oferta anual de casi 130 millones toneladas de agroalimentos, a lo sumo a 3 millones de habitantes de nuestro suelo que no obtienen su ración podrían tocarles en conjunto unos 5 millones de toneladas, o sea el 0,7% del consumo interno total.   

Coincide el porcentaje con la cuenta que sacó el candidato presidencial Alberto Fernández para el donativo del 1% que le propuso a la cámara gremial empresaria de industrias alimentarias COPAL en su denominada Campaña contra el Hambre.

Difícil medición

Al anticipar en CNN Radio que la pobreza podría alcanzar al “39% o 40%” de la población a fin de año, el investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Eduardo Donza, aclaró que aun así “hay cuestiones que son difíciles de medir científicamente y una de ellas es el hambre, que es una sensación muy fuerte. Con la encuesta de la UCA lo que medimos es la posibilidad de que tengas riesgo alimentario”, indicó en el marco de la gran convocatoria a un Consejo Federal contra el hambre, integrado por organizaciones sociales y religiosas, empresas, universidades y medios de comunicación para trabajar juntos con el gobierno nacional y los provinciales y municipales.

Sería ésta la 2da política de Estado del Siglo XXI, “porque la primera fue el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales junto con sus brazos operativos a nivel local que fueron los Consejos Consultivos del Plan Jefas y Jefes de Hogar creados en la crisis del 2002”, recuerda el economista de UDESA, Jorge Colina, quien afirma que ya hay una regla federal que debería ser cumplida: “la Nación debe concentrarse en garantizar la estabilidad macroeconómica, y las provincias y municipios deben concentrarse en la política alimentaria. Para esto, tienen la coparticipación y los impuestos provinciales y municipales que le cobran a población”. 

Ambos consejos ya tenían la representación de los gobiernos nacional, provincial y municipal y de organizaciones sociales y religiosas, sindicatos y cámaras de comercio e industrias -desgrana- para poner de relieve que “el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sigue vigente y funcionando y los Consejos Consultivos implosionaron debido a las enormes disputas que tenían los grupos piqueteros en su interior por la distribución de los planes Jefas y Jefes de Hogar”.

En todo caso, según Colina, “las provincias y municipios son los que se tienen que encargar de la política alimentaria”.

E invoca el fallo de la Corte Suprema, que tilda de controvertido, en el que manda a compensar a las provincias por la disminución de coparticipación ocasionada por la Nación al reducir el IVA de los alimentos.

Allí se consigna que la disminución en los recursos provinciales “impide a las provincias cumplir con sus cometidos constitucionales básicos que –dice explícitamente el fallo– …importan a la esfera prestacional de derechos fundamentales: alimentación, vivienda, salud, protección de la niñez y ancianidad, etc.…” (sic).