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APELACIÓN DE BUNGE

Derechos de exportación: Fallo decisivo para las cerealeras

El Tribunal Fiscal publicó el fallo en el expediente Bunge Argentina cuya doctrina es aplicable a derechos de exportación establecidos después del 2006.

El Tribunal Fiscal de la Nación difundió el 12 de febrero pasado a través de sus redes sociales, el fallo completo de la Sala F en el expediente “BUNGE ARGENTINA S.A. c/DGA s/apelación”, expediente N° 36.695-A, del 7 de febrero de 2022 sobre derechos de exportación y facultades delegadas, en el marco de un reclamo por la devolución de un porcentaje de esos derechos abonados en demasía, según Bunge.

El fallo es importante ya que establece doctrina aplicable a cualquier derecho de exportación que se estableció con posterioridad al año 2006.

https://twitter.com/Tribunal_Fiscal/status/1492680201301598209

Cabe recordar que no solamente durante el gobierno de Cristina Kirchner se hicieron modificaciones a los derechos de exportación sino también durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri.

Pero durante el gobierno de Alberto Fernández también se modificaron los derechos de exportación aunque se hizo al amparo de una legislación de emergencia que no se renovó al rechazarse el presupuesto.

El reclamo

El objeto del proceso iniciado por Bunge buscaba resolver si resultaba “ajustada a derecho la resolución N° 199/15, en cuanto rechazaba la solicitud de repetición presentada por BUNGE ARGENTINA S.A., con relación a la destinación N° 08 003 ECO1 007624 J, por derechos de exportación abonados en demasía”.

Bunge interpuso un recurso de apelación contra la mencionada resolución y manifestó en el expediente que “en el curso de sus operaciones corrientes, documentó ante la Aduana de Bahía Blanca, en el año 2008, el P.E. involucrado en autos, declarando la exportación para consumo de mercadería consistente en trigo de la PA n* 1001.90.90.110B, con destino a Brasil, país miembro del MERCOSUR”.

Luego, “aduce que el pago de los derechos de exportación fue exigido por el servicio aduanero, no obstante declararse en el permiso de embarque que la mercadería era exportada a un país miembro del MERCOSUR y que los derechos de exportación habían sido impuestos mediante una resolución ministerial en flagrante violación del art. 4 de la CN. Manifiesta que en sede aduanera solicitó la devolución de la totalidad de los derechos de exportación abonados en la operación de exportación antes citada (alícuota del 28%), lo que fue rechazado por el servicio aduanero mediante la aplicación de la doctrina emanada en la causa “Whirpool Puntana S.A.”, expediente TF 21671-A. Aclara que apela parcialmente dicha resolución, solicitando la devolución de la porción de derechos de exportación que fuera modificada por la Resolución MEyP N* 369/07, resolución ministerial que carece de ratificación legislativa en el marco de la doctrina sentada por la CSJN en el fallo “Camaronera Patagónica”, de fecha 14/4/14, porción que correspondería al importe equivalente al 8% del 28% total abonado, por cuanto entiende que la resolución ministerial que elevó de 20% a 28% no fue ratificada”.

La firma plantea que “según la doctrina de la CSJN en el precedente invocado, resulta imprescindible para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso sea el que cree o modifique el mismo, siendo aquel quien debe delimitar incluso modificar- el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones, alícuotas y todo otro aspecto sustancial del tributo, lo cual no cede ni en circunstancias de emergencia pública ni por el mecanismo del art. 76 de la CN. Sostiene que los derechos de exportación exigidos en la operación de autos resultan inconstitucionales por derivar de normas nulas que no respetaron el principio de reserva legal ”.

Y tras esto, plantea “que los derechos exigidos fueron mal calculados. Manifiesta que no puede haber una ratificación retroactiva de una norma constitucionalmente inválida en materia tributaria. Insiste en que la exigencia de la alícuota del 28% resulta ilegítima por cuanto la norma que la dispuso, no se encuentra ratificada por la ley del Congreso. Plantea que la última ley de ratificación de la legislación delegante, no aprobó la legislación delegada, por lo que los derechos de exportación de trigo creados y/o modificados a partir del 2006, con sustento en la delegación legislativa que efectúa el C.A., no han tenido ratificación y/o aprobación del Congreso, por lo que resultan inconstitucionales en los términos de la doctrina de la Corte. Concluye que los derechos de exportación de trigo creados en el año 2002 tenían una alícuota del 20%, alícuota que en el 2007 fue elevada a 28% por la Resolución Ministerial mencionada previamente, sin ratificación legislativa. Concluye que se debió exigir el 20% y no el 28%, diferencia que debe ser restituida”.

Resolución

Los vocales declaran la invalidez de la Resolución N° 369/2007 pero "no acuerdan sobre las consecuencias de esa decisión", por lo tanto el fallo indica que "debe procederse a resolverse escindiendo esa cuestión (Fallos: 322:1100 y 324:1414), pues no existe otro modo de proceder legalmente para lograr una mayoría que resuelva la cuestión planteada.

En esa línea, se resuelve:

1.- Declarar la invalidez de la Resolución Nro. 369/2007, dictada por el entonces Ministerio de Economía y Producción de la Nación, con fecha 7 de noviembre de 2007.

2.- Revocar la Resolución N? 199/15 (SDG OAJ) apelada en autos.

3.- Las costas se distribuyen en el orden causado, atento el modo en que se decide y las dificultades de la cuestión sometida a examen del Tribunal (conf. arts. 1163, 2? párrafo del Código Aduanero y 68, 2° parte del CPCCN)

4.- Ordenar a la DGA que practique la liquidación en los términos establecidos en el artículo 1166 del CA.

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