Bolivia: La ONU confirma las ejecuciones en Pando

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El informe de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia sobre los hechos de violencia ocurridos en Porvenir en septiembre del 2008, establece que algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente por seguidores de la Prefectura, y posteriormente ejecutados. El 11 de septiembre, la violencia se desató cuando una caravana de campesinos y normalistas que se dirigía a un encuentro en Cobija fue interceptada por gente afín a la Prefectura en Porvenir. La redacción del informe de la ONU no afirma categóricamente que eso haya sucedido, y lo escribe en condicional. Según afirmó en una entrevista con este medio el representante en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, el informe se basó en entrevistas realizadas a normalistas, campesinos, funcionarios de la Prefectura y también al prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro. "Frente a los hechos acaecidos en Porvenir y el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando", advierte el documento. Sin embargo, complementa que "la justicia deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto" y de la gente vinculada a él "que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace" de los sucesos. Además, sugiere la indagación sobre "el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la Prefectura". Según el informe, como producto de la violencia fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas, aunque aclara que fueron "principalmente campesinos". En base solamente a declaraciones reunidas, y con la admisión a este medio de que ni siquiera se tienen informes forenses realizados con un mínimo de profesionalismo, Racicot aseveró en la entrevista que "se ha hecho una persecución. En ese contexto, cuando uno mira los nueve muertos que fueron campesinos, tres normalistas y seis campesinos, (se concluye que) cuatro son líderes importantes en su comunidad". El informe advierte textualmente que "algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados; el señor Bernardino Racua Cordero, que habría fallecido a una cuadra del puente Cocama (Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón...". "Racua era una gran figura, un hombre de larga trayectoria comunitaria, dedicado a la lucha por la tierra. Habría sido identificado y buscado, lo que genera el indicio que lleva a suponer que las personas lo individualizaron y luego lo mataron", aseveró el representante Racicot. El informe menciona a Diter Tupa Maty, vocal de la subcentral de Espíritu de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando. "Fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por un trauma cráneo facial producido por arma de fuego". Complementa que, "según el informe forense, Celedonio Vazueldo García, quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego". También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. "Según los informes forenses, estas personas serían Félix Roca, campesino de base de  la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia". El Gobierno ponderó el informe de la ONU sobre Pando y se comprometió a cumplir con las recomendaciones. Así lo aseguraron la ministra y el viceministro de Justicia, Celima Torrico y Wilfredo Chávez, respectivamente.  "Corresponde a la justicia boliviana determinar los procedimientos y la forma de enjuiciamiento. Queremos que la justicia sea imparcial y no se genere un clima de impunidad", dijo Chávez. Para David Sejas, el informe de la ONU sobre la Unión Juvenil Cruceñista es injusto. Considera que la institución que presidió fue ‘una víctima del Gobierno’ durante 2008 y fruto de ello murió un joven unionista en Tiquipaya. "Es un informe parcializado, que no se refiere a los más de 60 muertos que tiene la gestión de Evo Morales, la peor desde que volvió la democracia. Vamos a pronunciarnos en contra de este informe", aseguró. Para Vladimir Peña, director jurídico de la Prefectura, el informe de la ONU demuestra que las instituciones democráticas del país están en su estado más crítico y eso produce vulneraciones de los derechos humanos, como los cercos al Congreso y a Santa Cruz. Sobre la violencia política en el referéndum del 4 de mayo, aseguró que se debió a la evasión de la Policía y las FFAA de brindar seguridad al proceso electoral por el estatuto autonómico.