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El ecumenismo no es sólo lobby empresario

POR GUILLERMO MÁRQUEZ Una aproximación a un tema que, ya entrado el siglo 21, la sociedad argentina aún no logra resolver.

Existen varias ONG que declaran un afán ecuménico, o sea la confluencia entre las religiones. Por ejemplo, el Foro Ecuménico, pero no es el único. Sin embargo, ninguno de los centros que simpatizan con el ecumenismo ha prosperado en la obtención de una nueva legislación que asegure la Libertad de Cultos, que es el inicio de cualquier espacio ecuménico. Por supuesto que esto provoca, en muchos, un interrogante acerca de cuál es el objetivo real de tales iniciativas y su verdadero punto de vista acerca del ecumenismo. Días atrás, el Foro Ecuménico visitó al intendente socialista de Rosario, Santa Fe, Miguel Lifschitz, participando del encuentro social el presidente del Foro, Jean-Yves Calvez, Norberto Lovaglio (DHL), Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Banco Francés), el rabino Daniel Goldman (Comunidad Bet El), el diputado y empresario Carlos Castellani, Guillermo Bonahora (Banco Río), Jorge San Martín (Pricewaterhousecoopers), Saúl Fuks (Fundación Moiru), y Adolfo Rouillon (Neoris). Curiosamente días después ocurrió en Rosario el encuentro inicial, de dos previstos, entre iglesias evangélicas y pentecostales para definir su posición acerca del proyecto de Ley de Libertad Religiosa elaborada por la Secretaría de Cultos de la Nación, y con la que disienten en varios aspectos los presentes. Esto plantea 2 visiones diferentes acerca del ecumensimo: el ‘lobby’ vs. la realidad, aún cuando en el ‘lobby’ participaron, además de los gerentes de grandes compañías, representantes de distintas confesiones religiosas, entre ellas la católica, ortodoxa, evangélica, judía y musulmana. La responsabilidad social puede ser un aspecto importante del ecumenismo, pero lo cortés no quita lo valiente, especialmente cuando la esencia del ecumenismo es la posibilidad de practicar una fé porque hay libertad para ello, no porque hay tolerancia. Libertad y tolerancia son estatus diferentes, y es difícil hablar de ecumenismo cuando el sistema legal vigente se acerca más a la tolerancia hacia los cultos no católicos que a la libertad. ONG como el Foro logró la presencia, en reuniones, de personalidades como Michael Louis Fitzgerald (presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso), además de obispos católicos apostólicos romanos, ortodoxos, rabinos, pastores y musulmanes, pero nunca se planteó –y por cierto que sería saludable, para no quedarse en la frivolidad de gerentes que especulan sobre el sexo de los ángeles- si en la Argentina hay libertad religiosa o solamente tolerancia religiosa hacia los cultos no católico, apostólico y romano. El Foro sería una entidad estupenda para esa iniciativa, considerando que en la nómina de integrantes figuran la Comisión Episcopal de Ecumenismo, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Bautista, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, la Comunidad Bet El, el Seminario Rabínico Latinoamericano, la Iglesia Ortodoxa de Antioquia, la Comunidad Islámica, y la Iglesia Presbiteriana Argentina. La decisión gubernamental de derogar la norma vigente –el decreto ley Nº21.745, sancionado por el llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’- apunta a democratizar el trato del Estado hacia las diferentes comunidades religiosas eliminando la inscripción compulsiva de los cultos en un registro único y otorgando en forma directa la personería jurídica religiosa a las organizaciones que lo pidan. Sin embargo, el nuevo proyecto mantiene los privilegios del culto católico, apostólico y romano porque los consagra la Constitución Nacional vigente y el Concordato entre los estados argentino y vaticano. El Estado argentino sostiene al culto católico, y esa es una cuestión muy delicada a la hora de hablar de ecumenismo en la Argentina, cuando no todos los contribuyentes profesan la fé católica. El pastor Carlos Ahubán, por la Confraternidad de Líderes Cristianos, es quien lideró el encuentro en Rosario, que obviamente no tuvo relación alguna con la visita del Foro Ecuménico al intendente municipal. La Confraternidad tiene su propio anteproyecto de ley y reglamentación de la nueva norma de cultos, y resultaría interesante debatir la cuestión en un ámbito no confrontativo sino de hermandad. El proyecto de la Secretaría de Cultos introduce dos innovaciones: > crea el Registro Nacional de Organizaciones Religiosas que -a diferencia del Registro Nacional de Cultos actual- no será de inscripción obligatoria, sino optativa; y > otorga la personería jurídica religiosa de forma directa a las organizaciones que lo pidan. Con esos planteos acuerda la mayoría de las iglesias no católicas. Sin embargo, no están conformes con el rango de culto oficial para la Iglesia Católica, lo que obliga al Estado a darle sostén económico. El ecumenismo debe apuntar a la igualdad de trato civil y la libertad de pensamiento, expresión, conciencia, religión y culto. Con el propósito de abrir un diálogo amplio, con referencia al Registro Nacional de Cultos y la Libertad Religiosa, la Junta Directiva de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas expresó hace tiempo su posición, como propuesta de debate. Ellas reclaman la autonomía y separación de las esferas religiosa y política, señalando que la existencia de toda legislación que trata de regular estas relaciones conlleva el riesgo de la intervención del Estado en la esfera religiosa y de alguna forma de limitación del derecho a la libertad religiosa. La Federación (antes Confederación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata), junto con la Convención Evangélica Bautista, se opuso, desde su primer intento (Decreto Nº 15.829 del 31 de mayo de 1946), a la creación de un Registro Nacional de Culto, por estimarlo inconstitucional. Esta oposición fue registrada en los considerandos del Decreto Nº 16.160 del 10 de octubre de 1946 por el cual se derogó el antes referido Decreto. Existieron, luego, otros decretos aprobados: Nº 31.814 del 13 de octubre de 1948 y Nº 1.127 del 6 de febrero de 1959, y la Ley sancionada en virtud de las "atribuciones conferidas por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional" (Nº 21.745 del 10 de febrero de 1978). El mensaje elevado junto con esta Ley (16 de setiembre de 1977) fue restrictivo e intervencionista en la vida interna de las organizaciones religiosas, que se concreta en la norma de inscripción previa en el registro de cultos, como condición necesaria para el funcionamiento de las iglesias y comunidades religiosas. Sin embargo, el llamado ‘ecumenismo’ argentino nunca ha reparado en esto, probablemente porque podría trabajar su cándida vida social. El ejercicio de la libertad religiosa no puede estar sujeto a la previa autorización del Estado, sino a la simple notificación para registrar su existencia y responsables, para cualquier fin jurídico que pudiere corresponder. La libertad de profesión, práctica, exteriorización, enseñanza y manifestación de la propia fe y creencias, y de asociarse para tal fin, está consagrada por la Constitución Nacional (arts. 14 y 19) y los Pactos, con jerarquía constitucional, de San José de Costa Rica (art. 13) e Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18). El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Resolución Nº 237 del 18 de enero de 1994) presentó un proyecto de Ley para reemplazar la vigente, que tras haber obtenido la media sanción del Senado nunca llegó a aprobarse. Igual mala suerte corrieron otros intentos en el mismo sentido, probablemente como evidencia de una carencia de voluntad política para aprobar una nueva legislación, al menos durante los ‘90. En el año 2000, Norberto Padilla, secretario de Culto de la Nación, constituyó un novedoso Consejo Asesor en materia de libertad religiosa, formado por juristas y expertos destacados que, sin representarlas oficialmente, pertenecían a diversas confesiones religiosas. Ese Consejo produjo un nuevo anteproyecto, que el entonces canciller Adalberto Rodríguez Giavarini sometió en consulta a las distintas confesiones religiosas (incluida por supuesto la Iglesia Católica, por medio de la Conferencia Episcopal Argentina), facultades y academias de Derecho y otras personas e instituciones. Pero tampoco prosperó. El artículo 5 del anteproyecto reafirmaba el principio de igualdad religiosa entre las personas, que en su faz negativa implica la prohibición de discriminación por razones religiosas; pero agregó también que el legítimo ejercicio del "derecho de admisión" por parte de instituciones confesionales (por ejemplo, un colegio religioso que aspira a que sus docentes –al menos de determinadas materias– profesen la fe que el colegio enseña) no debe considerarse lesivo de esa igualdad. En el artículo 7 se excluyó del ámbito de lo religioso y de la protección especial que éste m e rece, una serie de actividades, entidades o servicios que a veces se quieren camuflar en él. El anteproyecto no incluyó una definición de religión, como en general no lo hace ninguna ley conocida, pero en él subyace un concepto implícito de aquella. Resultaría muy interesante que las ONG existentes brindaran apoyo al debate, vinculando a las partes, y consensuando. Resulta sorprendente que ya iniciado el siglo 21 la Argentina resulte uno de los pocos países del mundo que no han logrado resolver institucionalmente tan elemental cuestión.

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