"Una fuente judicial dijo que el juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, citó al escribano y al abogado que participaron en la desgrabación del DVD con las declaraciones del empleado del establecimiento del filántropo colombiano Francisco de Narváez en Luján, Danilo Coronel, quien usaba el teléfono desde el que se realizaron tres llamadas al traficante ilegal de efedrina Mario Roberto Segovia, alias Héctor Germán Benítez. También pidió que la Cámara de Diputados certificara la firma de Francisco de Narváez en el descargo escrito que formuló ante el tribunal. “Le contestó a la prensa a través de la justicia”, dijo la fuente judicial. También agregó que la investigación demostró que Segovia es “una fuente inagotable” de delitos: además de contrabando y tráfico de efedrina desde la Argentina hasta México, está involucrado en tráfico de cocaína, robos, piratería del asfalto y comercio virtual de pornografía infantil. En noviembre del año pasado, cuando detuvo a Segovia y estableció que usaba el documento a nombre de Benítez, Faggionato Márquez declaró que “cuando pueda dar los nombres de cuáles son esos emplazamientos del nivel de narcotráfico, más de uno va a quedar asombrado”. (...)".
Verbitsky & amigos contra Massa en 2013, igual que en 2009 contra Narváez
Cuando en 2009 el Frente para la Victoria intentó involucrar a Francisco de Narváez en un tema de efedrina y narcos (totalmente falso y por eso le costó la carrera judicial a Federico Faggionato Márquez), Horacio Verbitsky fue un abanderado de aquella agitación. Ahora, en 2013, el tema narcos & política intenta aplicarlo a Sergio Massa. En el caso de las denuncias de Tiempo Argentina contra Massa, deberá recordarse que mucho se especuló acerca de una supuesta amistad entre el alcalde de Tigre y los gerentes del matutino K, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel: todos los puentes comienzan a dinamitarse.
28 de julio de 2013 - 15:27
"Francisco de Narváez no puede justificar un incremento patrimonial del 900 por ciento en el lustro 2004-2008, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos al fiscal federal de Mar del Plata Claudio Rodolfo Kishimoto, quien había abierto una investigación sobre el filántropo colombiano. Los incrementos patrimoniales no justificados a partir de 2005 se deben al ingreso de fondos del exterior provenientes de fideicomisos cuya existencia el ente recaudador no considera probada. Según la AFIP se trata de operaciones sospechosas que deberán ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que se encarga de perseguir las operaciones de lavado de dinero de origen ilegal. (...)".
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Horas antes que el Frente Renovador presente sus propuestas sobre seguridad pública (que no coinciden, obviamente, con el ladriprogresismo ex montonero), hubo una dura carga K contra Sergio Massa, quien acaba de afirmar en Avellaneda (una recorrida por la feria de Parque Domínico): "El lunes 29/07 presentaremos en el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense, nuestras propuestas de seguridad".
Massa sabe que es el talón de Aquiles del falso progresismo, indulgente con los criminales, defensor de la estúpida teoría de que el Estado hace delincuente a los criminales, y por eso la sociedad debe pagar por ello.
Massa presionará fuerte con la cuestión de la seguridad pero, lo que es más interesante, es que el kirchnerismo cristinista, definitivamente, ha decidido intentar destruir al líder del Frente Renovador tal como hubiera hecho antes, si Cristina Fernández de Kirchner hubiera sabido que él se presentaba para competir con el Frente para la Victoria.
Así, la campaña de Cristina polariza con Massa pero ella lo hace tan burdo, con una esquizofrenia explícita, que se le puede volver en contra.
Ya lo demostró Néstor Kirchner cuando castigaba a Francisco de Narváez en 2009: terminó perdiendo, y la ira lo llevó a anticipar su final 1 año después.
¿Qué ocurrirá con Cristina ahora?
Empleado paraestatal, Horacio Verbitsky escribió en el diario Página/12:
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"El canal de noticias del Grupo Clarín fue la boca de expendio que Sergio Massa utilizó para responderle al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había dicho que en Tigre se esconden los narcotraficantes más peligrosos del mundo. “Hicimos una presentación en la fiscalía de San Isidro para que se investigue y metan presos a uno, diez o cien narcos. A todos los que correspondan”, dijo el intendente. Además, reclamó endurecer las penas contra el narcotráfico.
No es tan simple: el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro que recibió la denuncia es Julio Alberto Novo, quien participa en forma activa en los actos de campaña del Frente Renovador, tiene múltiples denuncias presentadas por una docena de fiscales y por la Cámara de Apelaciones del distrito y un pedido de juicio político pendiente, todos por obstaculizar las investigaciones sobre los delitos para los que su amigo Massa propone aumentar penas, típica respuesta de la demagogia punitiva, que se reduce a suscitar una ilusión de seguridad. La afirmación de Berni parece hiperbólica, dado que el único ejemplo que mencionó fue el presunto traficante colombiano conocido con el alias Mi Sangre, Henry López Londoño.
Sin embargo, desde Tigre hasta Pilar funciona una santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y policías, cuya figura principal es Novo y su protector político Massa. El componente electoral de la denuncia de Berni es obvio, pero los hechos son reales y fueron expuestos en esta página el 31 de marzo, mucho antes de que Massa cambiara de frente. El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal. Todos sus intendentes integran el Frente Renovador de Massa, pese al origen político distinto de cada uno: el primo inteligente de Maurizio Macrì, Jorge, en Vicente López; el radical Gustavo Posse en San Isidro; el vecinalista ex PRO, Luis Andreotti, en San Fernando; el propio Massa en Tigre, y el ex duhaldista de Pilar, Humberto Zúccaro.
(...) En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales subordinados a él.
Al año siguiente, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo el compatriota de ambos Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. Los dos padecieron la interferencia del superior común, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar, dicho esto en forma literal: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa.
Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas de otras jurisdicciones que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008), y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de Novo en San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas.
Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de Federal Aviation, una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, que dos años después serían detenidos en España. En octubre de 2009, trece fiscales de la jurisdicción imputaron irregularidades y delitos a Novo, entre ellos la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se inició en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declaró incompetente y la remitió a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien empezará a interiorizarse de su contenido a partir de mañana, cuando concluyen las vacaciones pagas de invierno de los magistrados.
En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, a quien no le proveyó ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal, ni teléfono celular. Al mismo tiempo le asignó la fiscalía de San Fernando y le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en ella. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas.
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Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con él, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales contra Novo. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, Vaiani y Scapolán le pidieron los cuerpos originales y las copias. Pero según la denuncia de Angelini, utilizaron el expediente “para otros fines”. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió.
En junio de 2009, mientras Grau encabezaba once allanamientos simultáneos, Vaiani lo interrumpió, no para colaborar sino con el propósito de enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de Novo, en la Secretaría de Gestión. Otro fenómeno de evaporación afectó al libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. De este modo le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió.
El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, distrajo los esfuerzos de Grau en las críticas primeras horas de la investigación sobre el crimen de Unicenter, al exigirle que informara en forma inmediata, detallada y por escrito sobre las diligencias que se habían practicado, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”. (...)".
En cuanto a Tiempo Argentino, hace uso de una investigación que inició, en verdad, Silvana Varela en la web BuenosAires2.0, que ataca habitualmente a alcaldes como Jesús Cariglino, Luis Acuña o Sergio Massa, curiosamente todos anti K.
A su vez, el Municipio de Tigre cometió el error de enviarle 2 veces una carta-documento de dudosa validez y erróneo destinatario.
Lo cierto es que en Tigre hay barrios con problemas como en cualquier lugar porque las villas de emergencia pululan, y Urgente24 considera que habría que establecer límites a los asentamientos marginales, al menos hasta que se pueda aplicar alguna política de urbanización. Pero una de las características de la Década K es el crecimiento de los asentamientos precarios como una política de Estado pero sin una consecuente política de Estado acerca de la urbanización y los costos presupuestarios que genera.
Por lo tanto, Nicolás Eisler, ya que aborda el tema, debería ir un poco más a fondo, aunque probablemente no le importe porque él es parte del periodismo militante. Habitualmente Eisler escribe contra la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, una especialidad de Tiempo Argentina.
Una pregunta tanto para Eisler: si Ricardo Ubieto viviera ¿sería K? Ubieto fue el histórico alcalde de Tigre, quien comenzó su gestión en días del Proceso de Reorganización Nacional, y ya en democracia creó su propio partido vecinal, le ganó al PJ, Eduardo Duhalde intentó seducirlo una y mil veces pero no pudo, y murió gozando del reconocimiento de su gestión. No Eisler, Ubieto no sería K. Luego, no se entiende lo del novato Eisler (sus jefes Szpolski y Garfunkel frecuentan mucho Tigre, le podrían explicar): él cuestiona la estructura impositiva de Tigre, ¿y cuál sería la adecuada? El enfoque sería castigar a los barrios cerrados y countries clubs, como si estos no tributaran bastante ya. Una estupidez que explica, sin embargo, el enfoque K que le impide obtener inversiones directas suficientes a la Argentina 2013.
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"El barrio de La Costilla está a sólo 25 cuadras del centro de Tigre, pero el progreso parece no haberse enterado. Allí no llegaron las bondades del modelo massista ni tampoco hubo "década ganada". En La Costilla no hay red de agua potable, no hay red de gas, no hay cloacas, no hay nada. Tres canillas que abastecen a las 68 familias que viven en la barriada son el único elemento que atestigua la presencia del Estado en el lugar.
"La mejor forma de incluir es con la igualdad de oportunidades. Esto se genera cuando todos tienen el mismo espacio público y los mismos servicios", reflexionó el alcalde ribereño Sergio Massa después de inaugurar una red de gas en el barrio el Prado de Benavídez, en 2011.
A pesar de sus esfuerzos para comparar a Tigre con Miami o Disneylandia, la declamada "igualdad de oportunidades" no rige en ninguno de los 39 barrios o villas miseria que están desparramadas en los 147 kilómetros cuadrados continentales del municipio. Y no es que en Tigre falte dinero. El presupuesto para 2013 rozará los $ 1600 millones, que, repartidos entre sus 376 mil habitantes, arroja un total del $ 4250 per cápita, según un estudio del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP), una agrupación kirchnerista surgida al calor del conflicto de la Rosada con el campo en 2008.
En el vecino San Fernando, el presupuesto asciende a $ 3276 per cápita, mientras que San Isidro, el municipio más rico de la provincia, maneja cifras apenas superiores a Tigre: $ 4265 por persona. Y tienen mejores indicadores sociales que la patria adoptiva de Massa. "La realidad de Tigre no escapa a lo que se ve en el resto del Conurbano, pero Massa quiere vender otra cosa", dice Federico Ugo, subsecretario bonaerense de Acción Cooperativa y cabeza de la lista de concejales del Frente para la Victoria en Tigre.
(...) A pesar de asegurar en abril de 2008 que su "compromiso es que el gas, el agua, la electricidad y las cloacas lleguen por igual a todos los vecinos de Tigre", al ex jefe de Gabinete, en rigor, le tocó en suerte cortar las cintas inaugurales de obras iniciadas por su antecesor en la alcaldía ribereña, el "vecinal" Ricardo Ubieto. Algunas de ellas tildadas precisamente de "cosméticas" en su momento. "Se ve mucha obra en los centros comerciales y circuitos turísticos, pero no de infraestructura en los barrios", advierte Ugo.
En el barrio Almirante Brown, más conocido como Villa Garrote, tampoco hay cloacas. Ubicado a cinco minutos del Palacio Municipal, alberga a 850 familias, las que, por sus propios medios, improvisaron una red cloacal que desemboca en el canal San Fernando, lindante con Garrote.
Ese cauce, como no podía ser de otra manera, es uno de los más contaminados de la zona. "Cuando sube la marea vuelven los excrementos", suelta Graciela, mientras le pide a su hija que le cebe un mate. "Cuando llueve se tapan las cloacas y la mierda flota por los pasillos", se suma Lorena, que también vive en Garrote.
El agua que viene del canal San Fernando se filtra en la tierra, la contamina y todo se convierte en un festival de parásitos que acaban infectando a los miles de pibes de Garrote. De allí que las epidemias sean moneda corriente en el barrio.
Las cloacas son un bien escaso y extraño en Tigre. Según un informe de UNICEF, en 2010 beneficiaban al 17,3% de la población, un número ligeramente superior al 13,7% que contaba con desagües en 2001. La cifra parece aun más baja si se la compara con el 48% de hogares que, en promedio, cuentan con cloacas en Buenos Aires.
En 2007 y 2011, "Agua y cloacas para Tigre" fue uno de los lemas de las sendas campañas que llevaron –y mantuvieron– a Massa al frente de la intendencia.
En el caso de la población sin cobertura de agua en red, las cifras tampoco son un canto a la esperanza. Es más, permanecieron casi inalteradas durante una década, al pasar de 35,9% en 2001 a 35,7% en 2010. En este caso los números tampoco favorecen a Tigre, que está un 10% por debajo de la media provincial.
Cifras que explican también la mortalidad infantil, que llega al 12,9%, más alta que la de municipios vecinos e, incluso, superior a la media provincial, que se eleva a 12 por ciento. En Tigre mueren alrededor de 100 niños por año.
(...) Los barrios cerrados florecen en Tigre como los parásitos en Garrote. En esta barriada se filmó el unitario El Puntero, que emitió Canal 13 antes de las elecciones de 2011. "Ellos mostraron un poco la realidad que vivimos todos los días y para nosotros era como un trabajo. Pero a la gente del municipio no le gustó y se tuvieron que ir", recuerda Graciela, que participó en varios capítulos del programa. Tanto ella como otras vecinas debieron trasladarse a distintas locaciones para terminar el rodaje. Al parecer, y según confía Lorena, a Massa no le gustaba que "la gente supiera que Garrote está en Tigre". Tampoco a los desarrolladores inmobiliarios les gusta que Garrote esté en Tigre. La compañía TGLT, asociada con PDG, el broker inmobiliario más grande de Latinoamérica, planea construir a pocos metros de ese barrio su proyecto "Venice" (Venecia, en español). Prometen que tendrá 32 hectáreas y 500 metros de costa sobre el río Luján, algo expresamente prohibido por la ley argentina que exige que los propietarios que limitan con ríos o canales dejen un camino de 35 metros hasta la orilla.
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El megaproyecto, lindante con Garrote, ocupará los terrenos que pertenecían al astillero ASTARSA, cerrado en la década del '90. Allí fueron secuestrados once obreros durante la última dictadura cívico-militar, y organismos de Derechos Humanos habían propuesto a Massa levantar en el predio un espacio de la memoria. Al parecer, los planteos no resultaron lo suficientemente convincentes. Por eso, los interesados en adquirir una propiedad en ese lugar donde –promete el marketing– "todos pueden tener su embarcación", son invitados a deleitarse con el showroom de lunes a domingo, de 10 a 19 horas.
(...) Según el censo de 2010, Tigre es el municipio con peores índices de la región norte del Conurbano en cuanto a viviendas precarias: 4386 familias viven en casillas y 886, en ranchos, contra las 891 y 223 de San Isidro, y 921 y 289 de San Fernando.
"Ya estamos resignados a vivir así. La mayoría de la gente cartonea o hace changas. Algunos cobran la Asignación (Universal) por Hijo, otros no", explica Griselda, parada sobre un pasillo de 30 metros de largo, el único asfaltado de La Costilla. "Vinieron a hacerlo hace pocos días, por la campaña", comenta. En la barriada hay un par de casas de material, el resto está construida en madera, chapa y cartón. "¿Qué hace falta? Todo, hasta las ganas de vivir, a veces", se resigna Zulema, otra vecina. Otra cuestión que tal vez "debería atender" el municipio son los basurales, como el del barrio La Paloma en la localidad de El Talar. O las empresas que vacían en el Arroyo Darragueira todo tipo de residuos contaminantes. Según aseguran los vecinos, el curso de agua recibe desde los desechos de una fábrica de anilinas hasta los de una compañía de tratamiento de residuos patológicos.
Una de las mayores dificultades para controlar a las empresas es que la Secretaría de Control Urbano y Ambiental cuenta con dos inspectores para recorrer 200 industrias y tiene un presupuesto de $ 15 millones. Esa cifra es menor a la mitad ($ 32 millones de pesos) del dinero que Tigre destina a publicidad. Nada más ni nada menos que a publicitar la "gestión Sergio Massa". «
La estructura tributaria del partido de Tigre da una visión más acabada de la idea que tiene en la materia el candidato a diputado y actual intendente Sergio Massa. El digesto que presentó su gobierno para el período 2013 muestra que, contra el mensaje progresivo que busca instalar en la campaña electoral mediante las críticas al Impuesto a las Ganancias, en los hechos del día a día su distrito tiene una serie de gravámenes que alcanzan productos y servicios que perjudican a los que menos tienen.
Uno de los ejemplos más burdos del escenario tigrense se ubica en el impuesto al pañal. Por cada uno de los pañales descartables que se comercializan en el territorio de Massa, se debe abonar una suma de $ 0,02. Parece una cifra ínfima pero va a parar al precio que pagan todos (sin diferenciar a la clase media o alta de los sectores populares) por un producto básico. Los gravámenes que olvidan la progresividad utilizan la excusa de la ecología para alcanzar además a las botellas plásticas no retornables, cuyo valor se ve aumentado en $ 0,10 por decisión del municipio. Los envases multicapa ($ 0,02), las latas de bedidas ($ 0,05) y los aerosoles ($ 0,05) también forman parte del paquete de normas que marca un retroceso tributario.
En tanto, se observa otro guiño regresivo cuando se pone la lupa sobre lo que dice el digesto municipal en su capítulo que se refiere a los combustibles. En ese ámbito, todos los consumidores deben pagar $ 0,20 por cada litro expendido "diesel oil, gas oil grado 2 y otros de características similares; nafta ultra, gasoil ultra y similares; y el resto de los combustibles líquidos no especificados" en los apartados de la normativa oficial. El impacto, obviamente, abulta los precios.
El Gas Natural Comprimido (GNC) no se queda atrás, ya que los usuarios deben dejar $ 0,10 por cada metro cúbico expendido. "Facúltase al Departamento ejecutivo el incremento de los presentes importes hasta un límite del 25%, en la medida que se realicen incrementos en el precio de los combustibles líquidos", agrega además el texto de normativas tigrenses que analizó este diario.
Otro ejemplo de la estructura tributaria massista reside en los derechos por venta ambulante. La actividad con la que apenas sobreviven económicamente muchas personas de clase baja tiene que pagar un tributo semestral para contar con la autorización del Estado municipal. La escalas aplican $ 480 anuales para aquellos que lo hacen sin vehículo, $ 660 para los que se mueven con vehículos sin un motor integrado y de $ 700 para los que cuenten con vehículo motorizado."
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