Católicos pero pro-abortistas

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un estudio realizado por investigadores del Conicet revela que si bien más del 60% de los legisladores se declara católico, la mayoría estaría a favor de apoyar en el recinto los proyectos de ley que rechaza la Iglesia.

 

Los datos, fruto de una encuesta realizada por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Piette) dados a conocer, buscan analizar la influencia de las convicciones religiosas en las decisiones parlamentarias.

 

Entre las 23 preguntas que les hicieron legisladores, se incluyó la siguiente: si en la próxima sesión se presentara un proyecto de ley que despenalice al aborto en las primeras doce semanas de gestación, ¿cómo votaría usted? 

 

El 64 % respondió que votaría a favor. 

 

Pero hubo otras preguntas que indagaron sobre el posicionamiento frente a la despenalización del aborto. En esas respuestas surgieron contradicciones en las propias posturas de los legisladores. 

 

Por ejemplo, un 30% dijo que aunque está de acuerdo con la despenalización, no la votaría.

 

Independientemente de si consideran correcto o no que la religión ejerza un papel preponderante en la actividad legislativa, la mayoría de los legisladores encuestados afirmó, de manera contundente, que las convicciones religiosas influyen en los contenidos de los proyectos legislativos. 

 

Un hecho significativo que muestra el relevamiento es el contacto constante de una amplia proporción de parlamentarios con obispos y sacerdotes católicos: se reúnen principalmente para conversar de temas políticos y sociales que incluyen por ejemplo los contenidos de educación sexual en los colegios públicos, la enseñanza de religión en las escuelas, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la pobreza.

 

La encuesta también indagó respecto de la relación del Estado con las confesiones religiosas: los legisladores consideran que todas deben ser tratadas de manera igualitaria. La mayoría piensa que el Estado no debe sostener económicamente a los cultos, pero la subvención estatal de los colegios religiosos recibe una mayor aceptación.

 

El estudio fue dirigido por los investigadores Juan Esquivel y Juan Marco Vaggione. Se encuestaron 102 diputados y senadores –casi un tercio del Congreso–, tomando una muestra representativa en ambas cámaras según los parámetros de edad, sexo, partido político de pertenencia y región de residencia. El relevamiento se hizo antes del último recambio legislativo

Los investigadores tambien indicaron que el 65% de los legisladores nacionales se expresa creyente en Dios, mientras que el 46% se considera “muy religioso” y sólo 26% declara “no tener religión”.

 

El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) es un centro de investigación dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

 

Fue creado en el año 1971 en el ámbito del Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En 1974 se integró al sistema de institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a partir de 1977 traslada su sede a la ciudad de Buenos Aires. En 1999, por resolución 709, el Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (PIETTE) se integra al Centro, conformándose el CEIL-PIETTE hasta el año 2011 en que la denominación cambia a CEIL por resolución 1759.

 

La finalidad del Ceil es producir, comunicar y transferir conocimientos científicos de excelencia, preservando la libertad académica y promoviendo el pluralismo en cuanto a marcos teóricos y enfoques metodológicos, interviniendo con diversas modalidades para lograr la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población.

 

El Ceil pertenece a la red de institutos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y a numerosas organizaciones académicas de la Argentina, América latina y Europa vinculadas con sus temas de investigación.

 

 

Hasta el momento, en la Cámara de Diputados hay 7 proyectos de ley presentados sobre el tema: 

 

> 2 que despenalizan y legalizan el aborto en las primeras 12 o 14 semanas de gestación y más allá de ese límite en los demás casos que ya contempla el Código Penal

 

> 5 que sólo reglamentan los abortos no punibles ya contemplados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921.

 

El proyecto que más adhesiones tiene es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con casi cincuenta firmas de diputados de distintos sectores políticos. La iniciativa despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

 

El otro proyecto que legaliza el aborto en las primeras semanas de gestación es la iniciativa presentada por el bloque Nuevo Encuentro, que establece que toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.

 

En tanto, hay otros 5 proyectos que proponen modificaciones al Código Penal. La norma proyectada por el titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), modifica el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causare sufrirán penas e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena

 

Por otro lado, estipula que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

 

> Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud de la madre y si ese peligro no pudiere ser evitado por otros medios; 

 

> Si el embarazo proviene del delito tipificado por el artículo 119, párrafo 3°.

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En esta misma línea, se manifiesta el diputado Gustavo Cusinato (UCR-Entre Ríos) y la diputada Gladys González, cuyos proyectos modifican el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que incurrirán en las penas establecidas por el Código Penal y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

 

En tanto, el proyecto de la diputada Juliana Di Tullio (FPV-PJ-Buenos Aires) estipula que no será punible aquel aborto que se realice cuando el embarazo provenga de la comisión de un delito contra la integridad sexual y si es solicitado libremente por la mujer encinta, y se produce antes de cumplirse las doce semanas de gestación.

 

Asimismo, la diputada Diana Conti (FPV-PJ-Buenos Aires) presentó una iniciativa que establece que el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible: 

 

>Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

 

>Si el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual; 

 

>Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

 

Las posturas en torno al debate podrían resumirse en 2 ejes: 

 

> quienes están a favor de la despenalización del aborto proponen su legalización, su gratuidad y seguridad antes de la semana de gestación N°12 o N°14, amparándose en el derecho de la mujer de elegir sobre su propia cuerpo y sus derechos reproductivos;

 

> quienes se oponen rotundamente a la despenalización de la práctica del aborto lo hacen en virtud de la defensa a la vida, argumentando que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción.

 

Ambas posturas trascienden las paredes del Congreso y recorren a la sociedad en su totalidad, donde la Iglesia, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones feministas, hombres y mujeres son protagonistas de un tema sobre el que la sociedad deberá pronunciarse tarde o temprano. 

 

La flexibilización del aborto nunca llegó al recinto. Muchos coquetearon con el tema, algunos se hasta se vanagloriaron pero jamás llegaron a dictaminar. Los unos porque no tuvieron el número ni el acuerdo necesario, y los otros porque desde la Casa de Gobierno los llamaron para recordarles que Cristina (católica al fin) no quiere saber nada.