Ricardo Quintela y Zaffaroni fueron a la Corte contra el DNU

La acción legal que inició Ricardo Quintela busca fijar una posición "declarativa" de la Justicia y una cautelar que suspenda los efectos del decreto.

Como se mencionó, el mandatario tuvo el patrocinio legal de Raúl Zaffaroni y también de Raúl Ferreyra, quien había hablado ya a los medios explicando que "la Constitución prohíbe las formas plebiscitarias que basadas en la 'aclamación' implican, precisamente, una negación de la democracia representativa". De esta manera, el constitucionalista reflexionó:

Una proclamación por vía plebiscitaria, además, vulneraría el principio republicano basado en la separación de funciones. Así, por imperativo constitucional 'todos los actos del gobierno republicano' deben ser racionales bajo pena de manifiesta inconstitucionalidad Una proclamación por vía plebiscitaria, además, vulneraría el principio republicano basado en la separación de funciones. Así, por imperativo constitucional 'todos los actos del gobierno republicano' deben ser racionales bajo pena de manifiesta inconstitucionalidad

Raúl Gustavo Ferreyra.

Raúl Ferreyra, uno de los abogados con lo que Ricardo Quintela fue a la Corte contra el DNU de Javier Milei.

"Queda manifiestamente claro que llamar una consulta para reformar 'centenar' de leyes es irracional y por ello incompatible con la forma republicana", expresó antes de destacar que se consumaría una "agresión a la democracia representativa", en el caso de que Javier Milei avance con su iniciativa.

Apenas horas después de aquellas palabras, Ferreyra y el exjuez supremo respaldaron a Ricardo Quintela quién presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se "declare la inconstitucionalidad del DNU de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei".

El exjuez de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni.

Ricardo Quintela tuvo también el patrocinio legal del exsupremo Raúl Zaffaroni.

La medida, que busca también una suspensión cautelar de los efectos del decreto, marcó un desafío legal al controvertido paquete de reformas del libertario e inauguró la primer iniciativa en contra del decreto por parte de un mandatario provincial.

Según Quintela, el decreto produce "perjuicios irreparables a la ciudadanía" y va en contra de diversos artículos de la Constitución Federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta acción marcó la primera presentación directa ante la Corte Suprema en contra del DNU, que ya había enfrentado objeciones a través de amparos en tribunales inferiores Esta acción marcó la primera presentación directa ante la Corte Suprema en contra del DNU, que ya había enfrentado objeciones a través de amparos en tribunales inferiores

El gobernador argumentó que el decreto, al entrar en vigencia este viernes, "vulnera el federalismo y los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de la sociedad argentina".

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina", entró en vigencia hoy y declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025" El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado "Bases para la reconstrucción de la Economía argentina", entró en vigencia hoy y declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025"

El controvertido decreto incluye reformas en diversos sectores, como la flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas.

En este sentido, Ricardo Quintela sostuvo que el DNU "daña el federalismo y los valores democráticos", buscando en la Corte Suprema una garantía de la vigencia del estado de derecho.

Además de la declaración de inconstitucionalidad, el gobernador solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta que se resuelva la causa de manera definitiva Además de la declaración de inconstitucionalidad, el gobernador solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta que se resuelva la causa de manera definitiva

El DNU debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, donde puede ser aceptado o rechazado por mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus que envió al Congreso, asegurando su ratificación por otra vía en caso de obstáculos legislativos.

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